Mientras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires reclamó una “sanción ejemplar” contra las empleadas del jardín maternal Tribilín por el maltrato hacia los niños, la fiscalía correccional de San Isidro aceleró los tiempos de la investigación. Por una parte, dispuso que el viernes 15 los pequeños cuyas familias así lo permitan brinden testimonio en cámara Gesell. Por otra, ordenó un allanamiento en el lugar donde funcionaba el jardín, en busca de documentación y elementos de prueba. El intendente Gustavo Posse, además, reiteró que el jardín maternal no contaba con autorización y que, con su funcionamiento, padres, municipio y provincia fueron “engañados”. Al tiempo que valoró el rol que jugaron los padres de los chicos para descubrir las irregularidades en Tribilín, Posse también afirmó que las responsables de los maltratos son en algunos casos “personas delincuentes y en otros personas irresponsables, con patologías”. Diego Hernayes, el padre que registró los maltratos escondiendo un iPod en la mochila de su hija, dijo que la nena está mejor pero “todavía tiene pesadillas”. Yanina Gogonza, una de las maestras registradas maltratando a los chicos, no hizo declaraciones a la prensa apostada a la salida de su casa, mientras que su padre señaló que todo dependerá de la Justicia.

Por la tarde, el fiscal correccional de San Isidro, Franco Servidio, dispuso un allanamiento en el jardín maternal. Con cierta dificultad para derribar la puerta, que permanecía con llave, una comisión de la comisaría 1ª del distrito llevó adelante las actuaciones para secuestrar “documentación y elementos probatorios para la causa”, según explicaron fuentes judiciales. El operativo terminó por la noche, al cierre de esta edición.

Además, quedó fijado para el viernes 15 de este mes el inicio de los testimonios de algunos de los niños maltratados. En todos los casos, contarán lo que sucedía protegidos bajo el sistema de cámara Gesell, mediante dibujos y conversaciones que estimulen sus relatos, de modo que no haya riesgo de revictimización. Los chicos que brinden testimonio “son los más grandecitos, de alrededor de 4 años, que son los que mejor se pueden explayar”, explicó Hernayes. “Los chicos fueron propuestos por los padres”, agregó.

A un día de que trascendieran las denuncias, el gobierno provincial pidió una sanción “ejemplar” para las empleadas de Tribilín, una de las cuales, Yanina Gogonza, evitó realizar declaraciones a la prensa al salir de su casa, luego de haber recibido una notificación judicial de manos de la policía.

Por su parte, en nombre de la administración provincial, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucia, pidió que “toda la fuerza de la ley” recaiga sobre las mujeres cuyas voces fueron grabadas mientras ejercían los maltratos. Además, pidió a la sociedad estar “atentos porque hay gente inescrupulosa” y verificar los datos de habilitación de jardines para niños de corta edad. De Lucia también subrayó que Tribilín “no es un establecimiento educativo, porque realmente está a contramano y al margen de toda reglamentación”. Desde lo pedagógico, especificó, tampoco puede ser considerado jardín maternal “porque en 2007 cambió la ley que los regula y no están inscritos”. Por ello, advirtió, el gobierno provincial irá “hasta las últimas instancias” en el caso.

De Lucia también informó que hace más de diez años que el lugar había perdido la matrícula que lo habilitaba como jardín maternal. “En el año ’99, por disposición 760, se había dado el cese (de la actividad) por falta de matrícula, razón por la cual obviamente este establecimiento, que no sabemos si cuenta o no con alguna habilitación municipal, estaba fuera de nuestra esfera de fiscalización.”

La funcionaria también fue terminante a la hora de calificar a las mujeres registradas en las grabaciones de audio: “No digamos que son docentes, porque las docentes le dan su vida a la educación y la ennoblecen, esperemos la investigación de la Justicia”. Actualmente la investigación se realiza bajo el presupuesto de “amenazas y lesiones”, pero la tipificación del delito cometido en el jardín sanisidrense de O’Higgins al 500, arriesgó, podría cambiar. “Junto al gobernador esperamos las mayores sanciones ante este caso”, advirtió.

“Se trata en algunos casos de personas delincuentes y en otros de personas irresponsables, con patologías”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en una rueda de prensa. “La grabación demuestra que en ese lugar se ejerce maltrato”, añadió, antes de agregar que en el municipio no hay documentación sobre la creación de ese jardín ni en el Consejo Escolar. De todos modos, señaló que si el municipio hubiese clausurado el lugar en un primer momento, el viernes pasado, la Justicia “no hubiese encontrado” los elementos que prueban el maltrato al que eran sometidos los niños.

Posse aseguró que existen elementos para que la Justicia avance en la “persecución penal” de las personas que perpetraron maltrato o lo permitieron en actitud “negligente”. “Se trataba de personas que actuaban como monotributistas y en la misma factura dice monotributistas, ingresos brutos, dice CUIT, pero no dice que tenga que ver con una habilitación ni de la Municipalidad ni de la Provincia”, sostuvo, y advirtió: “Se estableció un engaño, un ardid”.

Diego Hernayes, el padre que registró todos los maltratos, contó que desde que no va a Tribilín, a su hija, de un año y medio, “se la ve muy bien, pero todavía tiene pesadillas por las noches”.