El complejo Buenos Aires Design, pegado al Centro Cultural Recoleta, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, funciona desde hace dos décadas en un predio que pertenece al Estado porteño, por el que paga “el irrisorio canon de 42.353 pesos mensuales”, denunció a Página/12 la diputada Gabriela Cerruti. El caso forma parte de una investigación que viene realizando el bloque legislativo Nuevo Encuentro respecto de centenares de concesiones que fueron aprobadas, en su mayoría, durante el gobierno de Carlos Grosso, quien tuvo que renunciar en 1992 en medio de un escándalo, acusado por asociación ilícita e irreguralidades relacionadas, sobre todo, con algunas concesiones de predios municipales. Muchas de esas concesiones han sido renovadas ahora por el gobierno de Mauricio Macri “por aplicación de una norma que le permite al Ejecutivo hacerlo por un plazo menor a cinco años, sin que el tema sea tratado en la Legislatura”. Los concesionarios del Buenos Aires Design, a su vez, subalquilan a otras empresas privadas 70 locales comerciales que se distribuyen en tres plantas, a un precio de 7000 pesos mensuales, lo que supone una recaudación por ese solo concepto que rondaría los 500 mil pesos mensuales.

Además, el Buenos Aires Design, enclavado en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad (lo rodean el Centro Cultural, el Cementerio de La Recoleta y Plaza Francia), cuenta con una terraza de tres mil metros cuadrados, 174 cocheras que subalquila y dos edificios anexos: el Hard Rock Café y un auditorio de más de dos mil metros cuadrados. “Por todo eso el concesionario paga 42 mil pesos mensuales, mientras subalquila 70 locales por 7000 pesos mensuales, cuando menos, porque es de suponer que empresas como Harrods deben pagar un poco más”, estimó Cerruti. Al mismo tiempo, por la misma norma que permite renovar concesiones por menos de cinco años, sin aprobación del Legislativo porteño, “se hizo lo mismo con una serie de comercios en la Costanera, con un canon de 15.000 pesos”, resaltó la legisladora de Nuevo Encuentro.

La concesión por veinte años del Buenos Aires Design venció el 18 de noviembre de 2012 y ese mismo mes fue renovada por el gobierno porteño hasta el 17 de noviembre de 2017, un día antes de que se cumplan los cinco años. Allí se aplicó la ley 3399, que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura. La firma propietaria del shopping es Recoleta S.A., integrada entre otros grupos por IRSA y Hope Funds, que hace unos días anunció una inversión de veinte millones de pesos para mejorar las instalaciones.

El bloque de Nuevo Encuentro le pidió al Ejecutivo un informe sobre la situación de las concesiones. La presentación se hizo el 28 de enero de 2013 y la Dirección General de Concesiones dio la primera parte de la respuesta el 18 de febrero pasado. Los asesores del bloque, que están trabajando en el análisis de esa información, aclararon a Página/12 que “no estamos denunciando una ilegalidad, porque se actúa dentro de lo que marca una norma legal, pero la prolongación de estas concesiones es irregular y no contempla los intereses del Estado porteño y de los habitantes de la ciudad, porque las empresas concesionarias están pagando un canon irrisorio, cuando usufructúan un negocio redondo, altamente lucrativo para ellos”.

En principio, cuestionaron una treintena de concesiones que han sido renovadas con el mismo método o que están próximas a ser renovadas “con la exigencia de un canon que está muy por debajo de los valores de mercado”. Esto ocurre, por ejemplo, con Pizza Banana, un boliche instalado en la Costanera, que está pagando un canon mensual de apenas 19.700 pesos, con el agravante de que la concesión está vencida desde el 9 de diciembre del año pasado. La que sigue vigente es la concesión del restaurante Kotroko’s, en la misma zona, pero el problema es que los que explotan el negocio le pagan a la Ciudad un monto mensual de 12 mil pesos.

Hay otros casos controvertidos, como la concesión otorgada al Cemic, que está vencida desde el 28 de noviembre de 2003. Si bien el Cemic presta servicios médicos a la Ciudad en la sede del Hospital Universitario, en Las Heras 2939, también tiene prestaciones privadas. El problema, en este caso, es que el gobierno viene reclamando el pago de una deuda por la que se abrió un recurso administrativo que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de definición, a pesar del largo tiempo transcurrido.

Otras concesiones que serán cuestionadas por Nuevo Encuentro en una próxima presentación ante el Ejecutivo y ante la Legislatura tienen que ver con el restaurante El Padrino, en Costanera, concesión que está vencida desde noviembre de 2005; con comercios tradicionales como El Palacio de la Papa Frita, que paga un canon de veinte mil pesos, o con la concesión de la playa de estacionamiento ubicada bajo la autopista 25 de Mayo, entre Salta y Lima, cuyo concesionario, el Canal 13 de televisión, abona un canon de apenas 9340 pesos. Se aclaró que, aun en el marco de una concesión aprobada por la Legislatura, el costo del canon tiene que actualizarse al ritmo de la inflación.