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Invitado por la Procuración y por la Defensoría General para actividades de capacitación, el portugués Antonio Cluny es la autoridad máxima del Medel, Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento compuesto por asociaciones nacionales de magistrados críticos. Cluny aprovechará su visita a la Argentina para participar de las sesiones de “Justicia legítima”. Antes, conversó con este diario en un salón de la Defensoría que conduce Stella Maris Martínez.

–“Justicia legítima” discutirá sobre definiciones de independencia judicial. ¿Cuál es la experiencia del Medel?

–La independencia tiene una vertiente interna, de cada juez y fiscal, para lo cual es necesario asegurar garantías, y una vertiente externa, de gobierno de jueces y fiscales. Digo de gobierno propio, no de autogobierno, porque si no es muy corporativo. Es un gobierno con reglas propias, pero no es un gobierno de los jueces para los jueces o de los fiscales para los fiscales. En estos dos puntos descansa el fundamento de la independencia del Poder Judicial. Los magistrados deben tener garantía de que no serán molestados por lo que hacen, pero debe haber un gobierno de jueces y fiscales que permita garantizar a los ciudadanos que la actuación sea transparente y responsable. Es importante encontrar reglas y mecanismos de control y transparencia. La independencia no es sólo para los jueces y los fiscales, sino para garantizar a los ciudadanos que los funcionarios actuarán con imparcialidad y objetividad.

–¿Cómo debería funcionar la independencia ante el poder político y de qué modo ante los establishments o los poderes fácticos, como dicen los españoles?

–En lo esencial hay mecanismos de resistencia a las interferencias del poder político. Hay un mínimo de garantías para que los jueces y los fiscales puedan resistir. Interferencias siempre hubo y habrá. El problema es saber resistir y no ser muy molestado si se resiste. Y digo no ser muy molestado porque ser molestado es algo que seguro ocurrirá. Hoy asistimos en todas partes a la creación de una legislación informal, excéntrica a los órganos de decisión política.

–¿De dónde viene?

–De las imposiciones fácticas del poder económico. Por ejemplo, del poder financiero internacional. Esto ocurre en Europa con las agencias de calificación que desestructuran la vida de los países. La situación produce una normatividad que conflictúa o ignora la normatividad republicana de los países. Para ese fenómeno los jueces y los fiscales no están tan preparados. Afrontar la realidad con instrumentos tiene que ver con la preparación técnica y la capacidad de organización, en nuestro caso a nivel europeo. Se relaciona con formas de reconocimiento mutuo y de organismos de cooperación muy próximos. La preparación es básica para la independencia. Por ejemplo, la preparación sobre cuestiones económicas y financieras. Si no existe, ¿cómo se decide con eficacia? Esta cuestión lleva a otra, que es la independencia presupuestaria. Sin ella no se puede tomar decisiones. Hoy se discuten distintas maneras de ver la independencia, combinándolas con eficiencia, transparencia, eficacia.

–¿En qué nivel de reflexión y de concreción están la cuestión de la independencia y las garantías?

–Todo esto en realidad lo estamos empezando a pensar. Es más fácil lograr independencia del poder político. Lo más difícil es que la magistratura sea independiente y eficaz y dé respuesta a los ciudadanos ante los nuevos desafíos. No hay soluciones necesariamente iguales en todas partes. La falta de independencia perjudica a la población en términos de ciudadanía, democracia y Estado de Derecho. Por eso acepté venir a la Argentina. Todo conocimiento y todo intercambio de experiencias son importantes. Además nuestros sistemas judiciales son parecidos, porque se inspiraron en los mismos principios. Vamos constatando que hay problemas muy parecidos. Miremos Europa. Hasta hace poco tiempo tenía una cierta estabilidad.

–¿En términos judiciales esa estabilidad cambió?

–Desde el punto de vista de la organización judicial hay un descrédito entre los ciudadanos respecto de los órganos propios del gobierno del Poder Judicial. En España recientemente hubo una huelga a la que adhirió el 50 por ciento de los jueces y los fiscales. La produjo no sólo una reforma, sino el desprestigio interno de una política de promociones o sanciones. En este último caso, el de Baltasar Garzón. En Hungría, donde había un Consejo Superior de la Magistratura, el gobierno de extrema derecha introdujo una reforma sustituyendo el consejo por un comisario nombrado por el Parlamento. La Unión Europea felizmente impidió la concreción de esa reforma. En Rumania, la situación es grave. En Francia se discute la composición del Consejo. En Portugal, al menos desde ese punto de vista, la situación está estabilizada.

–¿Por qué?

–El equilibrio se da porque el Consejo Superior tiene siete miembros elegidos por los jueces, siete por el Parlamento y dos por el presidente de la república. El presidente del Consejo es a la vez presidente de la Corte Suprema. Por tradición el presidente de la nación nombra un juez y un no juez, por ejemplo un profesor universitario. En el Consejo Superior del Ministerio Fiscal son cinco los miembros elegidos por el Parlamento (pueden ser parlamentarios pero normalmente no lo son), dos por el gobierno, siete fiscales elegidos por los fiscales, los cuatro fiscales generales distritales y el fiscal general.

–¿Está asegurada la diversidad?

–Podemos decir que los consejos son plurales desde el punto de vista de la composición profesional y pluralistas desde el punto de vista político, porque sus integrantes representan orientaciones distintas. Esto permite un control interno y externo importantes. Los dos son necesarios.

–¿De qué manera queda asegurado el control doble?

–El sistema tiene una originalidad. Los consejos tienen cuerpos de inspectores escogidos por ellos mismos. Entonces, cada juez y cada fiscal tiene el derecho de ser inspeccionado.

–¿El derecho y no la obligación?

–La obligación es obviamente de los inspectores. Esto permite dar una calificación. Cuando llega al consejo, éste vota una nota que resulta esencial para la promoción de la carrera. Y a su vez el funcionario que fue calificado tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el supremo tribunal administrativo. Es un sistema antiguo que naturalmente se hizo democrático en 1974, cuando Portugal salió de la dictadura.

–¿Cómo empieza su carrera profesional alguien que quiera ser juez o fiscal?

–Para entrar en la carrera hay un concurso público de pruebas escritas y orales. Los jury están compuestos por gente nombrada por el consejo superior, por las universidades y por colegios de abogados. Es mucho trabajo integrar un jurado. A veces para 40 vacantes hay dos mil aspirantes. Luego viene otro escalón. Hay una escuela obligatoria para jueces y fiscales donde quienes obtuvieron las vacantes deben cursar tres años. Un año en la escuela y el resto en formación práctica. Al final los estudiantes se gradúan según una calificación. Los primeros tienen derecho a escoger el puesto que les gusta entre los puestos vacantes del sistema judicial.

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