Fue, sobre todo, un gesto político. La oposición porteña se expresó ayer en forma unánime contra el aumento en la tarifa del subte a 3,50 pesos, pero los votos no le alcanzaron para poder tratar sobre tablas una ley para rechazar esa medida. Los legisladores opositores argumentaron que no hay estudios serios que justifiquen el valor de la tarifa –que entrará en vigencia el 15 de marzo– y, además, que no ha finalizado la auditoría sobre el contrato de Metrovías, que permitiría tener una idea cabal de los costos de operación. Desde el PRO se esgrimieron los mismos motivos de siempre: la inflación y que el pasaje aquí no es tan caro como en otras ciudades del mundo. Así, según la oposición, el teorema del subte macrista diría que para viajar más cómodos, si no hay más servicios, debe haber menos pasajeros. Agotada la vía legislativa, sólo queda la instancia judicial: siete asociaciones de consumidores pidieron a la Justicia una medida cautelar para suspender el tarifazo. En la causa interviene la jueza Elena Liberatori.

La sesión legislativa especial había sido convocada con la firma de 32 diputados, todo el arco opositor. Pero para lograr que el tema sea tratado sobre tablas eran necesarios los dos tercios, es decir, cuarenta votos, algo que, se sabía de antemano, era imposible conseguir. En efecto, la oposición sumó 31 votos, contra 26 del oficialismo. Pero al menos logró llevar el debate a la Legislatura. Todos coincidieron en que el aumento provocará una fuga de pasajeros hacia el transporte terrestre, que costará menos de la mitad.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, afirmó que sus asesores realizaron un “análisis de costos” que determinó que, “como máximo”, el valor del pasaje de subtes debía ser de 2 pesos, 50 centavos menos que la tarifa actual.

María América González, del bloque Buenos Aires para Todos, consideró “inadmisible” que el macrismo “justifique el aumento de la tarifa basándose en la inflación del 26 por ciento cuando el aumento real que se aplica es del 40 por ciento”. “Hoy discutimos el aumento de tarifa del subte sin saber si el concesionario será Metrovías o no. Hasta la fecha no se conoce si hubo un acuerdo, si se firmó el contrato y cuáles son las condiciones”, agregó.

Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) planteó: “Mauricio Macri quiere un subte para pocos y sólo cuida la ganancia de ese verdadero cáncer que es Metrovías. También hay que decir que el bloque K, al aprobarle la ley del subte a Macri, lo habilitó a dictar este tarifazo”.

“El oficialismo ocupó su tiempo en chicanear al bloque del Frente para la Victoria sin aportar datos ni cifras concretas que justifiquen subir el precio del boleto de subterráneo –dijo Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico–. Hasta ahora las únicas precisiones son las que dieron en la audiencia pública relacionando el valor de la tarifa con los aumentos de la leche, el maíz y la carne desde el año 2001, un verdadero absurdo.”

Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, les advirtió a los macristas que “si ustedes tienen la lógica de los ’90, de Menem, tendremos un nuevo fracaso en la política pública, la lógica no es expulsar a los ciudadanos, porque el fin último de una política de transporte público es que los ciudadanos estén”.

Susana Rinaldi, del Frente Progresista Popular, expresó que “los legisladores del oficialismo afirman con soltura que van a inaugurar un subterráneo, cuando en realidad se trata de reemplazar vagones que compró el gobierno nacional para un subte que se inauguró hace cien años”. Cabandié también reprochó que se hubiera cerrado la línea A por casi dos meses para “pintar algunas estaciones”.

“Para fijar la tarifa del subte, tendrían que ser electos jefe de Gobierno”, se jactó el titular del bloque del PRO, Fernando De Andreis. Y su par Cristian Ritondo dejó la presidencia del cuerpo para sentarse en su banca y chicanear al kirchnerismo: “Su política ferroviaria está en el expediente del juez Bonadío”, dijo, en alusión a la tragedia de Once.

“Es lamentable que para aumentar una tarifa hagan política con las víctimas, como en Cromañón”, se indignó, al finalizar la sesión, la diputada kirchnerista Gabriela Alegre.

El aumento parece tener vía libre, aunque hay pendiente un trámite judicial. El abogado Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y consumidores, una de las organizaciones amparistas, argumentó que existe “un peligro cierto de colapso del transporte terrestre: si con el aumento anterior la cantidad de pasajeros de subte disminuyó un 23,8 por ciento, con un nuevo incremento la situación se va a agravar”. De acuerdo con su presentación, la nueva tarifa “no sólo afectará la economía de los usuarios, sino a la sociedad en su conjunto, por el colapso del transporte.” La jueza Liberatori deberá resolver la demanda en las próximas horas.