El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Oscar Amirante, preguntó los nombres de cada uno. Uno a uno, 23 de los 25 acusados por los crímenes del Cóndor, el plan de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, fueron levantando la mano. El dictador Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Jorge Olivera Rovere, Santiago Omar Riveros y Antonio Vañek. Le tocó el turno, también, al único represor extranjero que logró ser extraditado desde Brasil para el juicio, el coronel uruguayo Manuel Cordero, una de las figuras represivas más importantes de Automotores Orletti, a cargo del tráfico de prisioneros entre Argentina y Uruguay, sometido a juicio por primera vez. En el auditorio de los tribunales de Comodoro Py, los represores, sus defensores y algunos de sus familiares ocuparon las extensiones más grandes de la sala. Detrás de un vidrio blindado, se sentó un puñado de familiares de las víctimas, entre las que hay uruguayos, paraguayos, chilenos, bolivianos, un peruano y argentinos. Este juicio es el primer escenario de justicia para muchas víctimas del Cono Sur, con dificultades de distintos grados y estilos en cada país para avanzar en el camino de la justicia. En la puerta de la sala, antes de que comenzara la audiencia, la abogada Alcira Ríos respondió preguntas de la prensa extranjera: “Todas las víctimas de los países que integraron el Plan Cóndor –dijo– acá van a encontrar verdad y justicia”.

El juicio empezó tres horas tarde por el traslado de un acusado. El tribunal adjudicó explícitamente el problema al Servicio Penitenciario Federal. En los pasillos esperaban los familiares.

Edgardo Binstock fue el esposo de Mónica Pinus, parte de los tres argentinos caídos en Río de Janeiro en 1980 y trasladados a Campo de Mayo en el contexto de la Contraofensiva. “Este juicio es como la cara y la ceca de aquel momento –dijo–. Es un signo que se lleve adelante en un momento en el que en América latina tiene un proceso de unidad en defensa de la democracia y de la constitución de sociedades distintas.” Mientras, él mismo contó cómo Mónica lo había llamado desde Panamá para arreglar la cita en Río, cómo él acudió tres días seguidos hasta que entendió que había caído.

A unos metros, Macarena Gelman miraba la potencia del comienzo del juicio en un escenario en el que la Justicia uruguaya muestra su contracara. “Es una sensación muy impresionante empezar a escuchar una descripción del comienzo de esta Operación Cóndor –dijo–, que hasta el momento no había sido revisada en todas sus dimensiones, no sólo en Argentina sino en todas las nacionalidades que abarca este juicio y abarcó esta operación siniestra.” Situada allí como hija de Claudia Iruretagoyena, trasladada a Uruguay embarazada de ella y caso de esta causa, Macarena entendía como “inevitable” una referencia a Uruguay y a “su rol activo en esta asociación ilícita, donde aún no ha llegado la justicia para ellos, más allá de algunos procesos puntuales, pero que no son tan abarcativos”.

Algunos de las ausentes en la sala fueron los representantes oficiales de las nacionalidades extranjeras involucradas en la operación. En eso pensó también Macarena, sin poner nombres, pero marcando una línea. Sí estuvieron, en cambio, referentes de los espacios locales dedicados al avance de las causas: Jorge Auat, del Ministerio Público Fiscal, y Fabiana Rousseaux, del centro de Asistencia a las Víctimas Fernando Ulloa e integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, constituida como querellante en la causa, entre otros.

Stella Calloni, periodista e investigadora del Cóndor, llegó temprano, como custodiando este momento. “En la instrucción de la causa se determinó que los dictadores del Cono Sur construyeron una asociación ilícita para torturar y matar. Y con el tema del dinero nació Automotores Orletti”, dijo sobre el centro clandestino donde estuvieron, entre otros, los prisioneros del uruguayo Partido para la Victoria del Pueblo, escondidos en Argentina tras el golpe en ese país. “Este es un juicio pionero que tiene muchos elementos –dijo ella– e implica la complicidad de varios países y de sus servicios de inteligencia, entre ellos Venezuela y Perú y también Colombia, de lo que todavía se sabe muy poco.”

La forma del juicio

Con el juicio iniciado, a la una de la tarde, el presidente del TOF le dio la palabra a Pamela Biselier, defensora del Ministerio Público que puso en escena uno de los problemas que se vinieron repitiendo en las últimas semanas: el miércoles pasado renunció a su defensa el abogado particular de Olivera Rovere, Norberto Giletta, juez de la dictadura. Biselier pidió tres días de suspensión del juicio para ponerse al día con la causa y entender si ella debía asumir la defensa o, por cuestión de choque de intereses, debía hacerlo otro colega. El fiscal Pablo Ouviña se opuso. Consideró que el comienzo del juicio no violaba sus garantías. El tribunal tomó la misma decisión, pero antes aclaró un dato que será de peso en las próximas audiencias: en diciembre pidieron cinco defensores suplentes a la Defensoría Oficial y desde allí les dijeron que tendrían defensores cuando hiciera falta. Un suplente habría evitado esta discusión. Luego comenzó el debate, formalmente, con una síntesis de las acusaciones.

Los datos

En términos formales, el juicio reúne tres causas: una elevada en 2008 y otras dos en 2012. El juicio se lleva adelante por un total de 106 víctimas. Entre ellas no hay sobrevivientes, todas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas de acuerdo con el criterio que mantuvo la primera etapa de la instrucción. Lo mismo ocurre con la fecha de las caídas: todos los “casos” son posteriores al 24 de marzo de 1976, aunque en la instrucción continúan en investigación causas anteriores. El grupo de víctimas numéricamente más importante es de Uruguay (48), luego Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Entre los argentinos, están los tres caídos en Brasil durante la Contraofensiva del ’78: además de Mónica Pinus, Horacio Campiglia (que cayó con ella) y Norberto Armando Habegger. El juicio incorporó además a otras 65 víctimas por la causa Orletti II, en este caso por la acusación de un nuevo procesado.

Los acusados

Exclusivamente por el Plan Cóndor, los acusados son 24. Entre ellos, los principales jefes locales de la represión, responsables su vez de la coordinación del Cóndor. Están acusados como autores mediatos por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. Hay dos casos distintos. Uno es Cordero, el coronel uruguayo que fue extraditado de Brasil. Sólo es juzgado por privación ilegal de la libertad porque Brasil entendió que la asociación ilícita estaba prescripta. El otro caso es Miguel Angel Furci, el número 25. Llegó a juicio por Orletti, acusado por privación ilegal de la libertad y tormentos.

El gran problema que tuvo el juicio fue la demora en la investigación y eso se ve a la hora de recorrer los nombres de los acusados. Sólo entre las tres causas elevadas, había 32 acusados: algunos murieron antes del juicio y otros están fuera del proceso por motivos de salud. En el primer grupo está Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi. Entre los que quedaron afuera: Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Arturo Alais. En este momento, además, otros dos de los 25 acusados quedaron “momentáneamente” separados del juicio: uno es Luciano Benjamín Menéndez y el otro es Juan Avelino Rodríguez. El jefe del III Cuerpo del Ejército está “apartado” temporalmente porque a la vez es juzgado por La Perla en Córdoba. La fiscalía, ante el tribunal oral de Buenos Aires, apeló la decisión y ahora analiza recurrir a Casación. Rodríguez, en cambio, ayer fue operado y podría ser reincorporado.