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La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, resolvió en favor de una medida cautelar presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó a un particular a respetar el sitio sagrado de una comunidad mapuche. La resolución judicial –tomada el 25 de marzo pasado, pero difundida recién ayer por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi)– favoreció a los miembros de la comunidad Paichil Antriao, de Villa La Angostura. “Se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la CIDH”, comentó la organización.

El Observatorio destacó que la comunidad mapuche Paichil Antriao vive desde antes de 1902 en lo que se conoce como Villa La Angostura, ciudad que “creció sobre el territorio” originario y que, “como parte de ese avance”, provocó “un continuo proceso de despojo territorial.

En 2009, la comunidad demandó al estadounidense William Henry Fisher la restitución de un lote en disputa, “del que la comunidad había sido desalojada, pero que es parte del territorio comunitario mapuche”, indica el documento que difundió el Odhpi. Para sostener el reclamo, los pobladores mapuches solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruyera el rewe, como se denomina al lugar sagrado sobre el cual el ciudadano estadounidense pretendía construir. En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad, pero Fisher apeló. La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, por su parte, confirmó la resolución de primera instancia y recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH. En aquel momento, el tribunal internacional indicó al Estado argentino que “adoptara las medidas necesarias para garantizar la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio”. Las camaristas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone destacaron que el reclamo de la CIDH también contempló que el Estado tome “las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia”.