La jueza porteña Cecilia Mólica Lourido ordenó al gobierno porteño que no retire el adoquinado de la calle Nicaragua, entre Armenia y Aráoz, en el barrio de Palermo, después de que 474 vecinos firmaran un petitorio y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires interpusiera un amparo, por considerar que puede afectar el patrimonio arquitectónico y cultural.

Mólica Lourido consideró que “se encuentra en juego la preservación del patrimonio cultural” y que, de ejecutarse la acción del gobierno porteño, podría provocar “graves e irreparables daños”, por lo que se extendió una medida precautelar que suspende la extracción del adoquinado.

En tanto, la disposición estará vigente “hasta que el gobierno porteño presente la documentación administrativa correspondiente para estudiar debidamente la situación”, informó al Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó el recurso.

Consultado por Página/12, el defensor general Mario Kestelboim explicó que el problema “eran siete u ocho cuadras en las que se iban a levantar los adoquines, pero el viernes salió la medida cautelar y se paralizaron las obras”. Kestelboim fue quien patrocinó el amparo, aunque se quejó de que no le permitieron hacer su alegato.

“No me permiten alegar, con lo cual, para no obstruir el proceso, designamos un defensor de primera instancia. Esta decisión es ilegítima porque si estoy facultado para designar un defensor, estoy capacitado para interponer yo mismo la medida, más teniendo en cuenta la gravedad del asunto por el que somos convocados por distintos senadores como Daniel Filmus, Samuel Cabanchik y María Eugenia Estenssoro. Ellos pidieron que se habilitara urgentemente un medio para proteger el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad”, argumentó. Desde entonces comenzó a funcionar la Unidad Especial Temática de Defensa del Patrimonio Histórico.

Además, el defensor apuntó contra el gobierno porteño por anteponer sus intereses al mantenimiento del patrimonio. “El ejecutivo interpone intereses particulares en lugar del mantenimiento de la historicidad y los paisajes. Un ejemplo es lo que están haciendo en la avenida 9 de Julio por la obra del metrobús. La 9 de Julio tenía la característica única de ser la avenida más ancha del mundo, cosa que no va a ser más. Además, trastornaron el paisaje, alteraron la Plaza de la República. En fin, hicieron una barbaridad.”

El caso llegó a la Defensoría por un petitorio firmado por 474 vecinos de Palermo Viejo fundamentado en que “los adoquines impiden inundaciones porque permiten la filtración y eliminación de las aguas cuando llueve, forman parte de la identidad y patrimonio cultural del barrio y no es prioritario ocuparse del maquillaje de la Ciudad sino realizar obras que son más urgentes y necesarias”.

“Nuestra ciudad viene sufriendo crecientes inundaciones. Impermeabilizar sus suelos, levantar o tapar los adoquines con asfalto y cemento y eliminar el césped de las plazas convirtiéndolas en espacios áridos y secos agudiza esa situación. Sin embargo, con una virulencia nunca vista y en una carrera desorbitada, las máquinas que perforan el suelo levantando los adoquines impermeabilizan sin descanso lo que queda de la Ciudad”, expresó la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Comuna 14.

Dispuesta la cautelar, los vecinos se alegraron, aunque convocaron a una nueva reunión para mañana a partir de las 15 en la plaza Palermo Viejo, en Costa Rica y Armenia, para pensar futuras acciones encaminadas a lograr un proyecto de ley que proteja definitiva y permanentemente el Patrimonio Cultural del barrio y de la Ciudad toda.

Más allá de Palermo, esto se repitió en las calles Carlos Calvo, Humberto Primo, Brasil y Venezuela, del barrio de San Telmo, donde los vecinos observaron que el gobierno de la ciudad había levantado el adoquinado en un área de protección histórica donde transitan numerosos turistas. En este caso también intervino la Defensoría y tras un fallo de la juez Paola Cabezas se suspendieron esas obras.