Mario Verón, un joven trabajador de la Comisión Provincial por la Memoria, fue detenido por Bonaerenses, golpeado esposado, arrojado a una celda en la comisaría de Ensenada y luego trasladado a la seccional de Punta Lara. Entre sus agresores reconoció al menos a un policía de la comisaría 1ª de Berisso, al que había denunciado, entre otros, por haberlo detenido y torturado en octubre del año pasado. La CPM presentó ayer la denuncia a la Justicia y mostró su “seria preocupación” en notas al gobierno bonaerense, especialmente a Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad. El caso de Verón había estrenado en octubre pasado la flamante Interministerial, una comisión creada por Casal supuestamente para evitar casos como el de Verón y para controlar las tropelías de sus hombres con sus propios hombres. Las marcas dejadas a Verón por la actividad estatal parecen demostrar que no hay mejor control para el descontrol que el autoncontrol que se ejerza desde fuera.

La última experiencia de Mario Damián Verón con los autocontrolados tuvo lugar el sábado pasado, alrededor de las nueve de la noche, tal como lo consigna en su presentación la CPM. El joven, vecino de Ensenada, salió de su casa en busca del kiosco más cercano, que se encontraba pasando unos metros el vallado colocado esa noche en Cestino y San Martín, por la kermesse que se realizaba en festejo por el aniversario de Ensenada. Policías de la 1ª de Ensenada, imbuidos en su papel preventor, le prohibieron el paso con el argumento de que llevaba un envase no comprado en la kermesse. Cuando Verón explicó que era vecino, le arrebataron el envase, se produjo una discusión, breve, cortada con el primer golpe seguido de otros más, palazos, patadas, propinados entre cinco policías al menos de la 1ª de Ensenada, de la 1ª de Berisso y del Dique, mientras Verón insistía diciendo que era “vecino, vivo hace 20 años acá”. Como respuesta recibió un aclaratorio de los motivos de la golpiza:

–Sí, ya sabemos quién sos –y lo arrastraron esposado hasta la 1ª de Ensenada, a unos treinta metros del vallado. Lo tiraron en un calabozo sucio con orina y materia fecal, sin notificarle el motivo de la detención. El conocimiento referido de los polis se ceñía a la primera denuncia presentada por Verón en octubre del año pasado, cuando fue detenido y golpeado a mansalva, lo que motivó su presentación.

El empleado de la CPM añadió que “mientras permaneció en ese lugar (la 1ª de Campana) fue amenazado por un oficial que cree se apellida Saucedo, por el oficial de calle, otro oficial que dijo se apellidaba Trele”. Tres horas después de encerrado, le notificaron que lo habían detenido por resistencia a la autoridad y lo trasladaron a la comisaría de Punta Lara. El traslado tuvo su particularidad: Verón contó que al salir del calabozo rumbo al patrullero que lo trasladaría se le acercó el encargado de la comisaría, “de apellido Treste y en tono amenazante lo tomó del cuello y de los genitales” y lo arrojó dentro del patrullero.

Durante toda la noche permaneció en la seccional de Punta Lara y el domingo, a las 8 de la mañana, lo trasladaron a la fiscalía para la indagatoria por la causa abierta esa noche. En el traslado, denunció Verón, reconoció a uno de los oficiales que lo había golpeado en el vallado de la kermesse, que era uno de los que había participado en la detención denunciada en octubre pasado, supuestamente pasado a disponibilidad luego del autocontrol de la Interministerial.

El joven agregó que el mismo oficial durante el trayecto lo amenazó: “¿Querés ver qué es estar sacado? Callate porque te voy a reventar”, le tiró antes de que lo depositaran más suavemente en la fiscalía 11 platense. Se dio la paradoja judicial de que el fiscal que se disponía a tomarle la indagatoria, Alvaro Garganta, era el mismo al que le había correspondido la investigación por la primera denuncia por torturas de octubre, causa que ya está por ser elevada a juicio. El mecanismo es bastante habitual. Este diario ya publicó casos en los que el denunciante terminaba con una causa abierta para restar credibilidad a su denuncia, pese a que luego la causa fuera cerrada en una instancia judicial posterior.

Según aseguraron los representantes de la CPM a este diario, Garganta aceptó actuar de oficio ante la nueva denuncia por torturas e incluyó ésta en el expediente de octubre, dado que Verón había reconocido ahora, al menos, a uno de sus agresores anteriores.

La CPM entregó una nota a Casal, señalando su “profunda preocupación por el grave accionar” de los Bonaerenses de la 1ª de Ensenada y recordando otro incidente vinculado, el 5 de noviembre pasado, en el que fue interceptado y amenazado desde cuatro patrulleros de la 1ª de Ensenada.

En la nota, que también fue entregada al segundo de Casal, César Albarracín; a la Auditora General de Asuntos Internos, Viviana Arcidiácono, y al secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, la CPM reclamó “la inmediata separación de los policías responsables”.

Tarea para la Interministerial.

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