Los desalojos compulsivos, cada vez más frecuentes en la ciudad de Buenos Aires, son objeto de polémica entre los que quieren que los jueces sigan teniendo “total independencia” a la hora de hacer valer el derecho a la propiedad privada y los que propician metodologías tendientes a lograr, si no hay otra salida, una “desocupación voluntaria”, dándoles a los ocupantes la posibilidad de argumentar otro derecho: el del acceso a una vivienda digna. Los desalojos en la Ciudad vienen desde antes de la gestión del PRO, pero con la llegada de Mauricio Macri al gobierno porteño han tenido un impulso importante. Desde la Defensoría General de la Ciudad y desde el Consejo de la Magistratura, se han dado pasos hacia la búsqueda de una metodología general “menos dura y fría que la letra de la ley”, pero esa postura ha chocado con el rechazo de la Asociación de Magistrados, funcionarios de la Justicia porteña y del fiscal general Germán Garavano.

Mientras, en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, que preside Martín Ocampo, del PRO, sigue sin ser tratado un proyecto de ley de la diputada Rocío Sánchez Andía, que propicia la creación de un Equipo Interdisciplinario de Profesionales para brindar “asesoramiento jurídico a los afectados” por desalojos y para que el gobierno garantice que los afectados “no queden en situación de calle” (ver aparte).

Por su parte, el Ministerio Público Tutelar, que hoy a las 17 dará a conocer su informe anual en la Legislatura, recordó la entrada en vigencia de la ley 4042, de prioridad de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas de vivienda. La ley dice que las familias integradas por menores de 18 años “tienen prioridad tanto para el otorgamiento de viviendas, créditos o subsidios” como en la adjudicación de casas construidas en el marco de planes oficiales.

Todas estas posturas y leyes son contrarias al artículo 335 del Código de Procedimientos de la Ciudad, que dice que el juez puede ordenar un desalojo si es “verosímil” la denuncia del propietario, en cualquier estado del proceso judicial, sin necesidad de un fallo fundado ni confrontar las posturas de las dos partes.

En diálogo con Página/12, el presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, recordó que la controversia comenzó en mayo del año pasado por el desalojo del Hotel Sur, en la calle Brasil, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, del barrio de Constitución. La Policía Metropolitana, a punta de pistola y luego de romper algunas puertas, sacó por la fuerza a 33 familias, entre las que había decenas de niños. Los desalojados denunciaron que los policías habían maltratado a todos, incluyendo a los niños, a los que obligaron a permanecer tirados en el piso.

Ante lo ocurrido, el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentó una denuncia contra la jueza Fernanda Botana, del Juzgado Penal, Correccional y de Faltas número 5, quien dio la orden de desalojar. El defensor opinó que debía abrirse el procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Botana, pero la solicitud fue rechazada por la Comisión de Disciplina del Consejo.

De todos modos, aunque el planteo del defensor quedó trunco, el titular del Consejo de la Magistratura interpretó que debía hacerse “un control institucional de la situación política y social generada a partir del caso”. El Consejo decidió intervenir “porque los hechos denunciados denotan una situación de gravedad institucional que nos compete como órgano rector de la Justicia de la Ciudad”. Olmos dijo que hay “tres casos típicos de desalojos: una cosa es cuando se trata de un grupo de personas que saben que cometen un hecho ilícito porque lo hacen con fines ilícitos; otra cuando son personas en estado de necesidad que ocupan una propiedad porque no tienen donde vivir, y la tercera, cuando se resisten a dejar un lugar al que fueron destinados como legítimos ocupantes por ese mismo estado de necesidad en el que se encuentran”.

Olmos sostuvo que “cuando hay estado de necesidad, el juez no puede actuar en forma compulsiva, como hizo Botana, sino que debe dar intervención a la Defensoría, a la Asesoría General Tutelar y a otros organismos, y debe tener muy en cuenta a quien se está desalojando”. El Consejo emitió una resolución en la cual “invitó” a los jueces y juezas que intervengan en causas de restitución de inmuebles a “extremar los recaudos tendientes a propiciar la desocupación voluntaria”.

Resaltó que el objetivo es “morigerar la situación social producida por el desalojo, particularmente cuando se encuentren involucrados niñas, niños, personas con capacidades especiales y toda otra población en situación de riesgo”. En la misma resolución se comunicó la decisión de crear “un equipo técnico a efectos de elaborar un proyecto de reglas de actuación de Magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”, en el marco de una normativa para la aplicación del artículo 335 del Código de Procesal de la Ciudad, que habilita a los magistrados a disponer el desalojo sin llegar a juicio oral.

En un comunicado dirigido a Olmos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia porteña manifestó su “honda preocupación” por los “términos vertidos en la invitación” del Consejo, por cuanto ello “podría suponer una intromisión en las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces por la Constitución Nacional y la Constitución” de la Ciudad. La Asociación consideró que la sugerencia “podría atentar contra la independencia que debe resguardarse en aras del mantenimiento del sistema republicano de gobierno”.

Por su parte, el fiscal general, Germán Garavano, se manifestó también en contra de la “invitación” del Consejo porque es “abundante la normativa internacional, nacional y local, que preserva la independencia judicial” y, por lo tanto, al Consejo de la Magistratura “no le corresponde imprimir una determinada línea de los actos procesales” ni tampoco “abrir juicio sobre aspectos que hacen estrictamente a la facultad de decidir el conflicto de derecho puesto bajo la jurisdicción judicial” porque es una “facultad privativa de los jueces de la causa”.

Según Garavano, la recomendación del Consejo aparece como “una directiva dirigida a magistradas y magistrados o, al menos, como un intento de querer influir en las resoluciones dictadas por ellos, sin ser parte el Consejo de los casos judiciales en que ellos actúan, ni poseer facultad jurisdiccional alguna en relación con los mismos”.

Olmos consideró que la legislación debe ser adecuada a una situación “de necesidad de miles de personas que hoy carecen de una vivienda digna, mientras el gobierno porteño, que cuenta con un presupuesto anual de 40 mil millones de pesos, no ha dispuesto ninguna política de Estado tendiente a solucionar un problema gravísimo que lleva muchas veces a la ocupación de viviendas por cuestiones de subsistencia”.