La Justicia sobreseyó a la docente y al auxiliar de portería del Jardín de Infantes Integral Nº 1 Athos Palma, acusados de abuso sexual contra dos niñas de tres años que asistían al establecimiento. Las denuncias, realizadas en abril pasado por dos madres, habían sido cuestionadas por algunos padres que salieron a respaldar a la institución, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El fiscal del caso, por su parte, apeló la medida de primera instancia y ahora deberá resolver la Cámara del Crimen.

El sobreseimiento fue dictado por el juez de instrucción Osvaldo Rappa, quien tras escuchar los relatos de dos niñas en cámara Gesell –de las cuales sólo una refirió acciones que podían ser compatibles con un hecho de abuso– y recabar otros medios de prueba resolvió que no estaban reunidos los elementos para avanzar en la investigación. Según el fallo, se evidenció que “no hay rastros, ni signos de violación”, y por lo tanto se asume “la inocencia de los imputados”.

El fiscal Martín Mainardi apeló la medida y la Cámara del Crimen resolverá, después de que se reanude la actividad judicial tras la feria de invierno, la continuidad o no de la investigación.

En un primer momento, las denuncias de dos madres, cuyas hijas de tres años asistían al jardín, señalaban a siete docentes y un ordenanza del establecimiento. En mayo pasado, el juez Rappa imputó a una maestra y al ordenanza por presunto abuso sexual agravado y maltrato reiterado contra las niñas. Según una de las denunciantes, el presunto abuso se daba en el marco de un “juego macabro” en el que “desnudaban” a las niñas “para sacarles fotos”. La directora de Educación Inicial de la Ciudad, Marcela Goenaga, aclaró, en ese entonces, que los acusados seguirían formando parte de la institución hasta que existiera una resolución judicial.

Mientras que las madres denunciantes cuestionaron esa decisión de Goenaga, un grupo de padres salieron a defender la gestión del establecimiento que depende del Ministerio de Educación porteño, y sostuvieron que los presuntos abusos no habían ocurrido.

Luego de realizar pericias médicas y entrevistas a las menores, el magistrado resolvió finalmente el sobreseimiento de la docente y el auxiliar de portería.

Además, después de aquellas primeras denuncias se sumó una nueva y hasta ahora desconocida, en la que una madre indicó que su hijo evidenciaba conductas compatibles con un episodio de abuso.

El juez Rappa archivó también esa causa, pero el fiscal Mainardi apeló y la Cámara del Crimen reabrió la investigación y ordenó “la recepción de la declaración testimonial del menor” supuestamente abusado.

Según fuentes de la investigación, la madre primero formuló la denuncia y luego se arrepintió de su presentación y se “retractó”.

La Sala Primera de la Cámara, con los votos de los jueces Luis Bunge Campos y Rodolfo Pociello Argerich, consideró que “al radicar la denuncia que diera origen a los presentes actuados, la madre del menor instó la acción penal”, por lo que “debe considerarse habilitado desde ese momento el comienzo de la persecución penal pública”.

“Su posterior retractación no puede tener validez a los efectos pretendidos, por cuanto el obstáculo inicial ya había sido oportunamente salvado”, insistieron.