El juez Javier Ríos, a cargo de la investigación del crimen de Angeles Rawson, rechazó ayer el primer pedido de nulidad de la defensa del único sospechoso, Jorge Mangeri. Además les impuso “costas incidentales” provocadas por la apelación al estudio de Miguel Angel Pierri y consideró que “ha quedado evidenciada la inexistencia de ilegalidad alguna” en el proceso, así como que “la defensa no logra demostrar su agravio”. Los defensores habían planteado la nulidad de la declaración testimonial del portero, de su posterior detención y de la extracción de ADN, afirmando que se llegó a identificarlo como sospechoso por medio de una serie de procedimientos presuntamente contrarios a las garantías procesales. Pierri afirmó, antes de conocer la decisión, que apelará ante la Cámara del Crimen y llegará a la Corte Suprema de ser necesario.

El 8 de julio pasado, los defensores particulares de Mangeri pidieron la nulidad de la declaración del encargado, del primer informe médico sobre él, de la requisitoria de detención hecha por la fiscal Paula Asaro y la citación posterior a indagatoria, del arresto confirmado por el juez subrogante Roberto Ponce y de los informes periciales de ADN, “y de todo lo actuado en consecuencia”, según informa el fallo de Ríos. “Fue un imputado encubierto”, sostuvieron los defensores en su escrito, en el que afirman que, para el fiscal, el portero era sospechoso del crimen y lo hizo declarar como testigo, sin abogado defensor y bajo juramento, para perjudicarlo.

Ríos advirtió que “el juicio relativo a la trascendencia de los elementos probatorios, y a los actos procesales llevados a cabo en consonancia con ello, debe ser realizado sobre la base de los elementos con los que se contaba en cada uno de esos momentos”. En este sentido, el magistrado citó el dictamen de la fiscal respecto de la apelación, en la que asegura que en la causa no había “ninguna evidencia con suficiente seriedad, peso e importancia que hiciera sospechar” de Mangeri cuando fue llevado a declarar, por la fuerza pública.

Además, el juez recordó que Mangeri reconoció “actuando como testigo” a Angeles Rawson en imágenes tomadas por una cámara de seguridad, que le había exhibido la policía antes de asistir a la fiscalía. El mail de una persona que pedía investigar a Mangeri antes de que declarara como testigo, “en el que ni siquiera consta el nombre del encargado”, por los piropos subidos de tono que hacía a las mujeres del barrio, no le llegó directamente a la fiscal Asaro sino a través del Ministerio Público Fiscal porteño, y ella lo derivó a Homicidios, como tantos otros que había recibido, sin darle particular importancia. Ríos afirma que el mismo no tuvo “ninguna incidencia” en la dirección de la investigación.

Tampoco concedió importancia a la supuesta aparición de sogas en el sótano, el mismo viernes 14 de junio en que Mangeri fue llevado a declarar, como indicio tomado por la fiscal para hacerlo pasar por un “imputado encubierto”. “Sólo un análisis de los elementos de prueba recabados con posterioridad a ello es lo que permite asociar el sótano casi exclusivamente con la persona de Mangeri.” Por otra parte, la defensa planteó que el interrogatorio de la fiscal parecía propio de una audiencia indagatoria, pero para el juez no se vulneró “derecho o garantía alguna”.

Ríos aclaró que “debe tenerse en cuenta que es una posibilidad cierta, en el marco de una investigación de un hecho delictivo, que exista una transición de la calidad de testigo a la de imputado”. Y luego desechó la denuncia del supuesto apriete policial en la Fiscalía para que el encargado se autoincrimine. “En ningún momento estuvo en compañía solitaria del personal policial”, sostuvo el juez, tras citar el dictamen de la fiscal. Además, de la autoincriminación de Mangeri “no emanó ninguna medida procesal”, afirmó el juez, quien procesó al imputado por “homicidio agravado por alevosía” sin mencionar aquella declaración.

La extracción de ADN, agregó el magistrado, fue informada al defensor oficial Juan Garay –algo que la defensa negaba– y formó parte de la “mecánica habitual de toda investigación” de este tipo. Por pedido de la querella, a cargo del padre de Angeles, Franklin Rawson, el juez finalmente decidió que el estudio Pierri pague las costas de la apelación, porque “el planteo de la defensa no resulta plausible”.