Una obra se derrumba, con el consiguiente peligro para los obreros que trabajan en ella; un taller clandestino explota a trabajadores que cosen la ropa para empresas de marca; un lavadero industrial no respeta las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Cualquiera de los tres episodios sacados de la vida real podría repetirse desde este mes en la Ciudad de Buenos Aires sin que existan inspecciones que intenten prevenirlos con una base jurídica sólida. La medida del gobierno porteño de desmantelar una parte de su Subsecretaría de Trabajo y absorberla en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que tiene otras funciones asignadas por ley, puede desembocar –vaya contrasentido macrista–, en un gran descontrol. El cuerpo de cien inspectores laborales rechaza el traslado al último de los organismos, un ente autárquico que funciona en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Guillermo Montenegro. Deben abandonar el Ministerio de Desarrollo Económico que depende de Francisco Cabrera con la sospecha de que no continuarán saliendo a la calle para hacer unas 300 inspecciones diarias como hasta ahora.

“No es casual este ataque a la seguridad pública, dado que desde la comisión interna de ATE de la Subsecretaría de Trabajo venimos denunciando los derrumbes de obras que se producen mensualmente, el trabajo textil esclavo y precario y las irregularidades existentes en la propia subsecretaría denunciadas penalmente y ante la Defensoría del Pueblo. De allí surgió un expediente, rigurosamente guardado por los funcionarios de turno, que muestra la relación de los talleres clandestinos con la mujer del Jefe”, denunciaron los delegados. La mujer del jefe a la que aluden es Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri.

El gobierno porteño firmó el decreto 272/13 el 10 de julio pasado, que en su artículo 1º insta a la AGC y a la Subsecretaría de Trabajo “a la celebración de los acuerdos específicos necesarios para la ejecución integral por parcela de la función inspectiva por parte de la Agencia mencionada en primer término, en el área de sus funciones, debiendo coordinarse las responsabilidades y competencias propias de cada uno de los organismos involucrados”.

El compromiso contraído por el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el director ejecutivo de la AGC, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, fue más allá de lo que decía el propio decreto. Para los afectados viola claramente las normas, ya que –sostienen– “asumen como propias funciones que no les corresponden” y “pretenden desmantelar el cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, dejando al conjunto de los trabajadores de la ciudad librados al azar y dando rienda suelta a toda forma de irregularidad e ilegalidad laboral”.

En principio, los inspectores –son la mayoría de los 130 empleados que pasarían a la AGC– resistirán la medida y presentarán amparos en la Justicia. La disposición de su traslado se conoció el 30 de julio, y un día después fueron notificados de que pasaban bajo las órdenes del funcionario que sostiene haberse dedicado durante 23 años “al entrenamiento, capacitación, liderazgo y conducción táctica de elementos de combate del Ejército Argentino”. Gómez Centurión también se presenta en Linkedln como “mayor retirado, paracaidista y comando, veterano de la guerra de Malvinas”.

“Vamos a un régimen militarizado”, sostiene el ingeniero Edgardo Castro, inspector y delegado general de ATE (ver aparte). Es el mismo que firmó un comunicado titulado: “Macri le da piedra libre a la trata, al trabajo esclavo y los derrumbes”.

La contracara de estas expresiones es el subsecretario de Trabajo Sabor, en su cargo desde julio de 2011. “De ninguna manera perdemos poder de policía, pero a fin de ser más eficientes disponemos que los cuerpos inspectivos de la ciudad, y también de protección ambiental, los coordine la AGC”, le dijo a la página minutouno.com. El funcionario es presidente de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), y en junio pasado participó de la 102ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, donde asistió junto a la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial. Integra la conducción del PRO, participa en la Fundación Pensar y es vocal de San Lorenzo de Almagro.

Para Castro, lo que olvida decir Sabor es que la AGC no está habilitada para realizar inspecciones laborales. En el artículo 3º de la Ley 2624 que la creó el 13 de diciembre de 2007 se lee: “La Agencia Gubernamental de Control entiende en las siguientes materias: a) Seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados. b) Habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo, que se desarrollan en la Ciudad, así como el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de uso público y privado con excepción de lo previsto en el artículo 6º, inciso f) de la presente ley. c) Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación y que no estén regidas por una ley especial”.

O sea, si a los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo se les asignara en la Agencia Gubernamental de Control iguales tareas que las que cumplen hasta hoy, sus procedimientos en obras en construcción irregulares, talleres clandestinos o cualquier otro lugar donde se violen las normas laborales no tendrían respaldo legal, porque para ello debería modificarse el status de la AGC, que se ajusta a lo que dice la Ley 2624.

El propio decreto 272 que firmó Macri contradice la iniciativa: “La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 44, establece que la Ciudad ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable; que en dicho marco, le corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico participar en la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía”.

¿Qué harían en la AGC con las cuatro mil actas y doce mil expedientes que desaparecieron de la Subsecretaría de Trabajo como denuncia Castro? ¿Qué pasará con el centenar de inspectores laborales en una agencia que clausura prostíbulos, restoranes y está bajo el férreo control de un militar? Los delegados de ATE lo sintetizan en cuatro líneas: “intentan desmantelar la Subsecretaría del Trabajo disolviendo el Cuerpo de Inspectores Especializados de la Ciudad en la Agencia Gubernamental de Control, organismo sin competencia en el área laboral, a los fines de desnaturalizar y quitar todo sustento legal a cualquier acto inspectivo del trabajo”.

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