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A Edgardo Castro, con 57 años, le sobran títulos profesionales y político-gremiales. Es ingeniero en Seguridad ambiental, licenciado en Higiene y seguridad del trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente, además de docente universitario. Sus compañeros lo eligieron delegado general de la Subsecretaría de Trabajo y milita en ATE y el MST-Nueva Izquierda. Lo sacaron de lugares sensibles que investigaba y hace dos años que sólo controla consorcios, en represalia por sus denuncias. En diálogo con Página/12 analizó el conflicto iniciado por el desplazamiento del grupo de inspectores que integra hacia la Agencia Gubernamental de Control.

–¿Cuáles pueden ser la consecuencias del desmembramiento de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad con la salida de su centenar de inspectores a partir del 1º de agosto?

–Es básicamente desproteger a los trabajadores, dejarlos al libre albedrío de los tránsfugas que hacen lo que quieren porque no habrá inspecciones de control, y también comprometer a la población circundante porque cuando una de las obras se cae no sólo mata al obrero de la construcción, también mata al vecino.

–¿En qué áreas o actividades productivas de la ciudad se podrían notar primero las consecuencias de esta decisión política?

–En todas donde haya actividad laboral. Desde un encargado que en el sótano de su edificio tiene los cables pelados y se puede electrocutar hasta una obra de diez o cien trabajadores.

–¿Qué decisión gremial van a adoptar ATE y el cuerpo de delegados?

–En principio, nos encontramos en estado de asamblea permanente, empezamos a movernos con los legisladores y a realizar acciones con ATE y la CTA. También iniciaremos las denuncias penales que corresponda.

–¿Usted cree que los responsables políticos de esta medida tienen intereses comerciales que ocultan y por eso sacan a los inspectores de la calle?

–Por supuesto, es absolutamente seguro. Todas las acciones que nosotros intentamos para profundizar las investigaciones fueron sistemáticamente cajoneadas, tumbadas, de manera que no desarrolláramos ningún acto inspectivo.

–¿Un caso que ilustraría lo que dice fue el descubrimiento de uno o más talleres clandestinos que trabajan para la firma de Juliana Awada, la esposa del jefe de Gobierno Mauricio Macri?

–Ese es uno, y lo denunció la fundación La Alameda por primera vez en 2006. En la Subsecretaría de Trabajo se comenta que el expediente está guardado en algún lado con un cartelitoa que dice: “Ojo, Awada”. El otro fue el lavadero industrial El Lucero, y también está el tema de la nutricionista Johanna Rivolín, que en un taller de Clarín murió aplastada por un portón. Los compañeros intervinieron y cuando se abrió el expediente no terminó en una clausura, terminó en un pago voluntario. Eso implica la muerte de un trabajador para este gobierno.