Desde Rosario

Durante unas cuatro horas, personal de Gendarmería Nacional realizó un nuevo allanamiento en las oficinas de la empresa Litoral Gas S.A., donde el juez Juan Carlos Curto ordenó retirar datos del sistema informático, mediante un software especial que posee la fuerza. De esta manera, el expediente suma nuevos elementos de prueba para avanzar en la investigación sobre las responsabilidades en la explosión del edificio de Salta 2141, que terminó con la vida de 21 personas, el martes 6. Al mismo tiempo, el magistrado dispuso nuevas medidas, que incluyen declaraciones de personal de la empresa concesionaria, la ampliación de indagatoria del gasista Carlos García –que continúa preso– y posibles careos. Además, tras la finalización de los trabajos de rescate, Curto planea retirar del edificio siniestrado los caños de gas que se conectaban a la válvula secuestrada. Es que los peritajes sobre ese artefacto “aún no comenzaron, ya que es necesario contar con todos los elementos” que componen la instalación de gas. El secretario de Defensa Civil provincial, Marcos Escajadillo, estuvo ayer en el juzgado.

Poco antes de las 10, dos camionetas de Gendarmería estacionaron en calle Mitre al 600, en el mismo lugar donde se habían apostado el martes pasado, a horas de la tragedia en Salta al 2100. Cuatro de los agentes que descendieron de los móviles se plantaron en la puerta de la empresa para restringir el ingreso. Fuentes judiciales indicaron que el allanamiento realizado ayer en Litoral Gas fue ordenado el viernes pasado por Curto. “Tiene que ver con la recolección de datos del sistema informático con un software especial de los que hay pocos en el país. De hecho, el que llegó a Rosario estaba siendo utilizado por el juez Norberto Oyarbide”, se indicó desde el juzgado.

Con esta y otras medidas, la causa avanza en la búsqueda de posibles responsabilidades de la compañía en la explosión de la semana pasada en Salta, entre Balcarce y Oroño. Según confirmó el magistrado, el allanamiento estuvo puntualizado en determinado material del sistema de computación, aunque no se dieron más detalles.

En tanto, la defensa del único detenido en el marco de la causa, el gasista García, que el martes 6 debía realizar el cambio de regulador de gas cuando la pérdida generó la posterior explosión, solicitó una ampliación de indagatoria de su cliente y desde el juzgado indicaron que se realizará mañana.

También para mañana están previstas nuevas declaraciones. Teniendo en cuenta las contradicciones de las que se habló a principio de esta semana, en cuanto a los dichos que se van reuniendo en el expediente, se prevé también que haya careos.

En tanto, cerca del mediodía, Escajadillo llegó al juzgado de Curto. Más tarde, este diario pudo saber que el funcionario se acercó a consultar al juez la posibilidad de instrumentar un operativo para que las personas que habitaban el edificio siniestrado pudieran recuperar elementos de valor económico y afectivo. El funcionario indicó a este diario que a última hora de ayer se realizaría una reunión con el juez para avanzar en esa posibilidad, sin entorpecer la investigación.

Entre la semana pasada y los primeros días de ésta, además del imputado por “estrago culposo agravado”, declararon tres inspectores de Litoral Gas, los gerentes Conrado Bianchi y Viviana Leegstra, además de personal de Relaciones Internacionales de la empresa y el jefe de Mantenimiento de Redes de la firma, Claudio Tonucci. También lo hizo el presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas, Angel Canteros.

La fiscal Graciela Argüelles ya había adelantado que a su entender el gasista “no es el único” en quien recaerían las responsabilidades sobre la explosión. Ayer el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dijo a Radio La Red que aún “resta definir si algún aspecto externo impidió cerrar la válvula” de gas, que generó la pérdida. En ese sentido, el juez ordenó que se retiren otras partes de la caja de instalación de gas, que estaría en condiciones, tras el siniestro.