Por la represión en el Hospital Borda, ocurrida hace casi cinco meses, hay dos causas que no avanzan con la misma velocidad. En una de ellas, contra ocho trabajadores que fueron detenidos ese día y están imputados por resistencia, atentado a la autoridad y lesiones, ayer fueron citados cinco de los acusados. La otra, en que se acusa al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, su ministro de Seguridad y el jefe de la Policía Metropolitana, por la salvaje represión que provocó medio centenar de heridos, sigue en la etapa de recolección de pruebas y aún no se convocó a ningún imputado. Las dos causas están en el mismo juzgado, el de Instrucción Nº 30, a cargo de Jorge Adolfo López. Frente a Tribunales, una movilización de estatales porteños reclamó ayer el sobreseimiento de los trabajadores en la primera de las causas.

Estatales y docentes porteños marcharon ayer al Palacio de Tribunales, junto a organizaciones sociales y políticas, para reclamar el sobreseimiento definitivo de los ocho imputados. Cinco de ellos fueron citados ayer a prestar declaración indagatoria: se negaron a declarar y sus abogados presentarán un descargo por escrito. Son la enfermera Cristina Salem, del Hospital Garrahan, que tiene un problema de movilidad y se traslada con un bastón; su colega Susana Bejarano, del Borda; la dirigente de ATE nacional Karina Maloberti; el delegado de Talleres Protegidos Horacio Melnik y la fotoperiodista de un medio comunitario, Belén Rebollo. Los cinco habían sido detenidos junto a otros tres, que no fueron citados, entre ellos el padre de un paciente y el médico Guillermo Puertas, ex preso político durante la dictadura, que es jefe del Pabellón 17.

Marcelo Frondizi, secretario adjunto de la CTA de Hugo Yasky y delegado de los Talleres Protegidos del Borda, advirtió que “los trabajadores, que fuimos las víctimas de la represión, no vamos a permitir la judicialización de la protesta social y vamos a seguir peleando por la reconstrucción del Taller Protegido”. “Nos acusan de resistencia a la autoridad cuando está claro y se ve en los videos que nosotros, que defendíamos el taller, fuimos brutalmente golpeados”, afirmó el dirigente gremial.

El 26 de abril último, trabajadores de una empresa constructora ingresaron con una fuerte custodia de la Policía Metropolitana para demoler el Taller Protegido Nº 19, donde los pacientes hacían tareas de rehabilitación. La demolición formaba parte de las tareas preparatorias para la construcción, en ese lugar, de un centro cívico. En menos de dos horas lo tiraron abajo sin tomar precauciones para recolectar las chapas de asbesto, una sustancia tóxica, que cubrían el galpón. Se llevó a cabo a pesar de una medida judicial que ordenaba no avanzar con la obra.

Trabajadores y pacientes se movilizaron ese día para protestar contra la obra ilegal, pero fueron duramente reprimidos por la fuerza de choque de la Metropolitana. Los efectivos dispararon balas de goma a quemarropa, provocando heridas a medio centenar de personas, entre ellas veinte pacientes del hospital, además de legisladores y periodistas. Una de las consecuencias de la represión fue la detención de ocho personas, que ahora están imputadas por resistencia a la autoridad y lesiones. Entre las víctimas de detenciones indiscriminadas estuvo el fotógrafo Pepe Mateos, del diario Clarín, a quien no se le inició investigación penal.

Los damnificados presentaron denuncias penales por “abuso de autoridad y lesiones”. El asesor tutelar Gustavo Moreno y el defensor oficial Luis Duacastella lo hicieron en nombre de los pacientes afectados. El diputado Fabio Basteiro, por los legisladores agredidos por la policía.

La denuncia de Basteiro incluía otra por la “violación de cuidado previo a la demolición” en relación con los residuos de asbesto, una sustancia cancerígena presente en las chapas de fibrocemento que quedaron esparcidas en el lugar de la demolición y corren riesgo de esparcirse con el viento. Esa causa fue desdoblada y trasladada a otro juzgado. “No sólo no tomaron los recaudos necesarios, sino que expusieron a pacientes, médicos y personal, derribando con una topadora un lugar donde sabían que había material contaminante peligroso para la salud, en el marco de un descabellado operativo represivo”, argumentó ayer Basteiro. Pese a que la Justicia autorizó su remoción, los materiales contaminantes siguen esparcidos en el hospital.

El dirigente de ATE Capital Humberto Rodríguez lamentó que el juez López hubiera rechazado el pedido del gremio de ser querellante en la causa. La Justicia también había desestimado un pedido en igual sentido del gobierno porteño. Aunque las causas contra los trabajadores se instruyen por una denuncia de la Policía Metropolitana.

Otra causa que está en trámite es la que debe decidir el futuro del Taller Protegido demolido. Recientemente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le dio a Macri un plazo de veinte días para que reabra el dispositivo. Los abogados del Estado porteño pidieron al Tribunal superior que declare la nulidad y la inconstitucionalidad del fallo. El tiempo corre y los pacientes no tienen su taller protegido.