Los servicios de trenes de pasajeros que conectan la estación de Retiro con las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán y el ramal que comunica Córdoba con Cruz del Eje estarán, desde ahora, a cargo del Estado. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó una resolución que asignó a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la prestación, el material rodante y parte de la infraestructura de esos servicios, que hasta el momento eran operados por la empresa Ferrocentral. La medida se instrumentó a partir de la no renovación del contrato de concesión. El Gobierno comenzará a confeccionar un inventario de los activos físicos en conjunto con la empresa y a definir el patrimonio, y en los próximos dos meses deberá presentar un Plan Operativo y de Mantenimiento para esos servicios. Ese programa puede decretar que la operación vuelva a manos privadas, o sea directamente estatal.

La tragedia de la estación Once activó por parte del Gobierno una política más comprometida en materia ferroviaria. En primer lugar, se rescindió el contrato de concesión de Trenes de Buenos Aires (TBA), del grupo Cirigliano. Los trenes Sarmiento y Mitre pasaron entonces a ser gerenciados por una unidad de gestión operativa conformada por Ferrovías y Metrovías, empresas de los grupos Emepa y Ro-ggio. Además, se anunciaron importantes inversiones para los ramales Sarmiento, Mitre y Roca.

Este año, nuevos ramales adoptaron una modalidad similar ya que su prestación pasó a estar en manos de la Sofse. Así ocurrió con los trenes Roca, San Martín y Belgrano Sur, en los que la Adif se hizo cargo de las obras en ejecución y futuras inversiones en esos recorridos. Como en el Sarmiento y el Mitre, el funcionamiento de esos ramales, que transportaron el 56 por ciento de los pasajeros en 2012, continúa estando en manos de Emepa y Roggio. La intervención del Gobierno en la prestación y en las obras le permite al Estado, según Randazzo, “mejorar la capacidad de gestión, control a intervención y limitar las prerrogativas de las firmas privadas. Hay mayor potestad sobre la gestión y la definición de las obras”, dijo Randazzo. De todas maneras, no cerró la puerta a tomar el control total de los ferrocarriles por parte del Estado.

Recientemente, los ramales Mitre y Sarmiento registraron los mismos cambios y es probable que también lo hagan próximamente el Belgrano Norte y el Urquiza. La última novedad, antes de la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, fue el convenio suscripto entre Randazzo y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para que los ferrocarriles que actualmente están en la órbita provincial vuelvan a ser operados por el Estado nacional. A través de la Sofse, el Ejecutivo se hizo cargo se la gestión de cuatro ramales de pasajeros, que unen Paraná con Concepción del Uruguay y Caseros con Arroyo Barú. También en los trenes de Chaco se optó por una estrategia similar: control estatal y operación privada.

Ayer la Resolución 1093 definió no renovar el contrato de prestación de los servicios a Córdoba y Tucumán, desde Retiro, y entre Córdoba y Cruz del Eje. Esos ramales eran operados por Ferrocentral, que es propiedad en partes iguales del Nuevo Central Argentina (NCA), concesionario de los servicios ferroviarios de carga del ex ferrocarril Mitre, y Ferrovías, de Emepa, que opera varios ramales metropolitanos.

La norma publicada ayer, además de no renovar el contrato con Ferrocentral y transferir sus funciones a las empresas estatales, obliga a la Sofse a presentar en los próximos sesenta días un Plan Operativo y un Plan de Mantenimiento del Material Rodante que termine de definir de qué manera se realizará la operación del servicio. Desde el sector privado no descartan que la empresa pueda volver a operar, aunque con una estructura jurídica diferente, con mayor protagonismo estatal. Sin embargo, como son ramales que hasta Rosario comparten vías con el Belgrano Cargas, tren que el Ejecutivo está recuperando, se especula con que la prestación del servicio quede directamente en manos estatales. En paralelo, se realizará un inventario patrimonial de los bienes afectados a la prestación de los servicios para establecer su estado de situación.