El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de Capital Federal comenzará hoy a juzgar al ex comisario Miguel Angel Espósito por la detención ilegal de Walter Bulacio, el joven que murió tras ser apresado y alojado en una comisaría después de un recital de Los Redonditos de Ricota en 1991. Antes del inicio del juicio, la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) realizará un acto y movilización en la plaza ubicada en Paraguay y Callao.

A 22 años del hecho, el ex policía llega a debate acusado de un delito menor, “privación ilegal de la libertad”, que tiene como pena máxima seis años de prisión, ya que nunca se le imputaron las “torturas seguidas de muerte” que sufrió Walter, quien por entonces tenía 17 años. “El proceso llega tarde y mal, ya que sólo se habla de privación ilegal de la libertad y no de las torturas que le ocasionaron la muerte. Además, el único imputado es Espósito, con lo cual no tenemos ninguna expectativa en el debate. Los jueces y policías cobran de la misma ventanilla. La expectativa es darle visibilidad a esta causa emblemática para nosotros”, afirmó en diálogo con Página/12 María del Carmen Verdú, abogada de Correpi y de la querella.

La audiencia, prevista para las 10 en Paraguay 1536, estará precedida de un acto y movilización organizados por la Coordinadora que tendrá lugar a las 9 en la plaza situada en Paraguay y Callao, desde donde marcharán al tribunal.

El juicio estará a cargo de los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, en tanto que la acusación la llevará adelante el fiscal Horacio Fornaciari.

A pedido de las partes, especialmente de la defensa –ejercida por Pablo Argibay Molina–, declararán 27 testigos, entre ellos la madre de Bulacio, Graciela Scavone; policías y funcionarios judiciales.

“Nosotros creemos que la privación ilegítima de la libertad de Walter ya está probada. No tenemos mucho que demostrar, por eso no vamos a ir con muchos testigos. Para nosotros este juicio es el broche de oro de la impunidad, porque significa que nunca jamás se va a castigar la tortura y muerte de Walter. El juicio sirve para exponer cómo funcionaba en 1991, y cómo sigue funcionando hoy, el sistema de detenciones arbitrarias en el país, que es el antecedente de centenares de muertes en comisarías”, señaló, por su parte, Verdú.

Las audiencias se realizarán, además de hoy, el 26 y 30 de septiembre, y el 2, 3 y 8 de octubre. El 10 tendrán lugar los alegatos de la querella, el 15 los de la fiscalía y el 17 los de la defensa. Luego, el tribunal fijará la fecha del veredicto.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, de Núñez, donde se iba a desarrollar un recital de Los Redonditos de Ricota, y centenares de personas que se dirigían al estadio fueron detenidas por la policía, entre ellas Bulacio. Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el “Memorando 40”, una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad –siempre que no fuera por un delito–, cuando el propósito era entregárselo a los padres. Y se lo entregaron muerto.

Bulacio murió como consecuencia de un aneurisma tras ser alojado en la comisaría 35ª, pero Espósito sólo fue procesado por su detención ilegal y nunca por “torturas seguidas de muerte”. Tras años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente. La CIDH ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad. Además se pidió que en un lapso razonable se sancione a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces “responsables de la gravísima situación de impunidad”. En septiembre de 2008, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, echó a Espósito de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un “exhaustivo” estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza.