A veintidós años, seis meses y trece días de la muerte de Walter Bulacio –tras una detención ilegal y luego de sufrir golpes en una comisaría–, hoy se conocerá el fallo de un caso emblemático de la violencia institucional en la Argentina. “Creo que a esta altura de los acontecimientos, no importa tanto el monto de la pena que le apliquen al comisario Miguel Angel Espósito (único imputado en la causa), sino lo que el Tribunal Nº 29 opine sobre cómo fue manejada esta causa por los distintos jueces que intervinieron”, le dijo a Página/12 María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) que representa a la familia Bulacio. “En un mes y medio, los jueces del tribunal tuvieron que analizar cómo fue manejado el caso por sus colegas a lo largo de 22 años y cómo se garantizó la impunidad de los responsables”, dijo Verdú.

La causa, que había sido declarada prescripta en noviembre de 2002, tuvo que ser reabierta en diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia, porque así lo había ordenado en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De todos modos, en el juicio oral que finaliza hoy sólo se juzgó la privación ilegal de la libertad sufrida por Bulacio; su muerte quedará impune.

En su alegato final, el fiscal Horacio Fornaciari pidió dos años de prisión para el comisario Espósito y cuatro años de inhabilitación para ejercer la función pública, mientras que la querella encabezada por Verdú solicitó el monto máximo de seis años de cárcel para el delito de “privación ilegal de la libertad”.

Pablo Argibay Molina, defensor del ex comisario, pidió la absolución de su cliente. En su alegato final, en el que hasta insinuó la posibilidad de pedir el juicio político de los integrantes de la Corte Suprema por haber reabierto el caso, Argibay hizo una tediosa exposición en la que poco habló acerca de los cargos concretos que afronta su defendido.

Ante esa situación, la semana pasada, en una jornada donde hubo réplicas de los alegatos por parte de la fiscalía, la querella y la defensa, el fiscal rechazó el pedido de nulidad de todo el proceso formulado por Argibay Molina y lo mismo hizo la querella. Fornaciari, incluso, le advirtió al tribunal que Argibay sólo aludió en forma tangencial a las acusaciones concretas contra Espósito y lo instó a ser más concreto. El fiscal hizo el planteo para evitar que el proceso pueda ser declarado nulo porque la defensa no cumplió debidamente su rol.

Por ser Argibay Molina, no se puede menos que pensar en una táctica y no en una mala actuación, tratándose de un abogado de su experiencia y sus quilates. Aunque ahora fue desplazado por otros abogados mediáticos, Argibay fue figura excluyente en la década del noventa, cuando fue defensor de figuras y figuritas, desde Graciela Alfano o el peluquero Miguel Romano hasta Carlos Menem, María Julia Alsogaray, José Luis Manzano, Armando Cavalieri, la ex interventora en el PAMI Matilde Menéndez o el juez Roberto Murature, acusado de coacción y cohecho. Su defendido más famoso fue el empresario postal Alfredo Yabrán.

Si alguien mantuvo en pie el caso Bulacio, a lo largo de más de 22 años, fue la querella, a través de María del Carmen Verdú, acompañada en el juicio oral por Ismael Jalil. Sin embargo, entre otros argumentos para requerir la nulidad del proceso, Argibay Molina aseguró que la querella no había apelado algunos de los incontables recursos de la defensa tendientes a demorar el proceso, motivo por el cual –según Argibay– el caso debía haberse cerrado por inacción de los querellantes. Verdú, en su alegato, dijo que el camino que siguió la causa fue kafkiano, pleno de “dilaciones y chicanas del señor defensor”.

En el juicio oral, Graciela Scavone, la mamá de Bulacio, recordó que su hijo murió por haber intentado ir “por primera vez en su vida” a un recital de Los Redonditos de Ricota que se hizo el 19 de abril de 1991 en el estadio Obras Sanitarias. Lo detuvieron, por orden de Espósito, jefe de la comisaría 35ª, junto con un amigo y otros 70 chicos, algunos menores de edad como Walter, que tenía 17 años.

Su detención fue justificada, por la policía, en la aplicación del Memorando 40, una reglamentación interna de la fuerza de seguridad que se chocaba con las leyes vigentes, que exigían que la detención de un menor fuera comunicada de inmediato al juez correccional de turno; esto no ocurrió hasta el 21 de abril, cuando Bulacio ya estaba internado, en estado de coma, en el Hospital Pirovano.

Cuando la madre de Walter pudo verlo, el chico “tenía moretones en la ceja y también en la boca, tenía todo hinchado”. Los médicos le dijeron que hiciera la denuncia porque “estaba muy golpeado” y tenía “un traumatismo en la cabeza que era muy grave”. El diagnóstico que hicieron fue dramático para ella: “Me dijeron que era un chico sano y por ser joven tenía una semana de vida; no iba a sobrevivir”. En el largo itinerario que siguió la causa, nunca se impuso la carátula que pedía la querella: “Privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte”.

Por ese motivo, hoy, cuando diga sus últimas palabras a través de un televisor ubicado dentro del juzgado, dado que se aceptó su pedido para no estar de cuerpo presente por “problemas de salud”, el comisario Espósito sólo responderá por la detención arbitraria de Walter Bulacio. La muerte, recordó Verdú, “quedará impune, igual que la acusación por las otras 70 detenciones ilegales, por la responsabilidad en los hechos de otros policías que participaron del operativo y por las responsabilidades políticas del caso”.