La procuradora nacional, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal Guillermo Marijuán.
Imagen: Télam.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recusó a Guillermo Marijuán, el fiscal que pidió su indagatoria por haber creado en forma supuestamente irregular unidades especiales de trabajo e investigación en las que puso al frente a fiscales generales subrogantes y ad hoc. La jefa de los fiscales denunció que él mismo dirige desde 2002 una unidad que investiga delitos de la Seguridad Social (Ufises) que siempre cumplió tareas complementarias a las de los fiscales titulares de cada causa, que es uno de los aspectos que Marijuán cuestiona. Según Gils Carbó, la causa en sus inicios era abarcativa, pero Marijuán la fue focalizando en la Procuraduría Antilavado (Procelac), a cargo de Carlos Gonella, a quien también pidió indagar. A su entender, tiene interés propio en el caso y lo ha conducido con un “criterio sesgado”.

El planteo de la procuradora tendrá que resolverlo el juez del caso, Sebastián Casanello, quien en un comienzo la había archivado por inexistencia de delito, pero la tuvo que reabrir por orden de la Sala I de la Cámara Federal. A su vez, Casanello tiene que contestar un planteo de Marijuán, quien le pidió que se desprenda del expediente y se lo mande a otro juez que tiene una causa contra Gils Carbó por supuesto encubrimiento de Lázaro Báez, donde jamás se corroboró nada.

Gils Carbó se presentó con un equipo de defensores oficiales, dirigido por Juan Martín Hermida, y dos defensores ad hoc (una suerte de gesto en defensa del sistema de auxiliares). Lo que pide, además del apartamiento de Marijuán, es que se anulen todos sus actos en este expediente, lo que incluye su pedido de llamado a indagatoria e incluso el requerimiento de instrucción.

La denuncia que dio origen a la causa que enfrenta a Marijuán y a la procuradora fue presentada por el senador radical Mario Cimadevilla. Objetaba, en esencia, la estructura que Gils Carbó decidió darle a la Procuración para llevar adelante la política que considera apropiada y que incluía la creación de unidades para delitos o asuntos específicos. Según el senador, debieron haber sido creadas por el Congreso. En un comienzo fue denunciado todo el paquete de áreas y procuradurías, algunas de ellas nuevas, como las de narcocriminalidad y violencia institucional, además de la de lavado de activos. Desde que fueron anunciadas resultaron resistidas por algunos de los fiscales nombrados en los ’90, como Marijuán.

Gils Carbó sostiene que, en realidad, Marijuán desde el vamos tenía un conflicto de intereses por estar al frente de la Ufises que, si bien no estaba mencionada específicamente en la denuncia inicial, podía abarcarla. “La Ufises fue creada en función del mismo dispositivo legal con que se crearon las estructuras especiales desde entonces hasta la fecha (artículo 33, inciso e de la Ley de Ministerio Público) y le fueron conferidas atribuciones sustancialmente idénticas a las que les fueron asignadas a las nuevas unidades especiales”, dice la presentación de la procuradora. “El doctor Marijuán debió excusarse –agrega– porque, a pesar de no estar expresamente nombrado, estaba comprendido” en la denuncia inicial. La procuradora afirma que lo que da la pista de que el fiscal habría “perdido la objetividad” es que, pese a que originalmente imputó a más de una decena de fiscales por supuestos nombramientos mal hechos, hizo un “sorpresivo acotamiento” de la pesquisa que pretende “circunscribir los hechos a Procelac” y dejar afuera al resto de las estructuras.

Además de objetar la creación de cargos y estructuras, el fiscal Marijuán apuntó a la designación de quienes ocupan esos cargos, a su entender obviando requisitos legales. A Gonella en particular lo imputa por su designación como fiscal general subrogante. Marijuán entiende que lo nombran para que actúe con funciones de fiscal titular y que desplace a otros. Pero la procuradora, una vez más, dice que siempre actuó bajo las directivas del fiscal del caso. Lo que sí puede hacer son investigaciones preliminares, como las cerca de 2800 que la Procuración contabiliza que Marijuán hizo en la Ufises, y que llevaron a dar sustento a causas penales. A lo que apunta ella es a mostrar que el fiscal viene de una situación análoga a la que denuncia, por ende no debe intervenir.

Los planteos contra fiscales ad hoc y subrogantes en particular se inscriben también en intentos no sólo por debilitar al Ministerio Público Fiscal, sino por afectar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad y otros, como los de narcotráfico. Esta semana, de todos modos, el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación, convalidó la actuación también de Gonella, pero en un juicio en La Rioja por el asesinato de dos curas tercermundistas. Su nombramiento como subrogante, dijeron los jueces, no causaba ningún problema ni agravio a los represores, un antecedente clave en toda esta discusión.