“Los niveles de trabajo no registrado todavía son muy elevados. En la última década hubo avances significativos en materia laboral, pero necesitamos mejorar la calidad del empleo”, reconoció el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En las próximas semanas se pondrá en marcha una batería de medidas para reducir las elevadas y persistentes tasas de informalidad. A través de diferentes herramientas consensuadas con cámaras empresarias y sindicatos en las mesas de Diálogo Social, el Gobierno pretende realizar un abordaje integral del heterogéneo universo del empleo no registrado. Durante un seminario organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, consideró posible alcanzar “una reducción de los niveles de empleo no registrado de 32 a 25 por ciento en los próximos dos años”.

Entre 2003 y 2013 el empleo no registrado retrocedió de 49,1 a 32 por ciento. La caída de 17 puntos porcentuales quebró la trayectoria ascendente inaugurada con la instalación del modelo de acumulación neoliberal a mediados de los ’70. En total, más de 4,9 millones de personas se desempeñan en puestos de trabajo no registrados y precarios. De acuerdo con los datos presentados por la OIT, los sectores de alta informalidad son el empleo doméstico, el diverso sector de cuentapropistas, el trabajo agrario, el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio. Esas actividades concentran el 70 por ciento de la informalidad.

La creación de puestos de trabajo registrados, formalización y mejora en la distribución del ingreso se concentró en el período 2003-2009. Desde entonces, como consecuencia del estallido de la crisis internacional y el menor dinamismo interno, el proceso de mejora se desaceleró. Para atacar el núcleo duro de la informalidad, el Gobierno lanzó un Plan Integral de Combate del Empleo no Registrado que contempla medidas como el fortalecimieto en la fiscalización, la creación de un listado de empresas infractoras e incentivos para los pequeños empresarios.

“Los trabajadores nunca eligen cobrar en negro, es una opción que ejerce el empleador y el trabajador tiene que aceptarla”, sostuvo Rial al cuestionar uno de los pilares argumentales de la flexibilización laboral. La funcionaria y Tomada coincidieron en señalar la relevancia del rol activo del Estado en el diseño de políticas macroeconómicas enfocadas hacia la creación de puestos de trabajo registrados y la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de las capacidades del sector público en materia de fiscalización y control. “El crecimiento económico no necesariamente da como resultado la mejora del empleo. En los años ’90, ocho de cada diez nuevos empleos eran no registrados”, afirmó el titular de la cartera de Trabajo.

En sintonía con la visión de los funcionarios, Stella Maldonado, de Ctera-CTA, y Andrés Rodríguez, de UPCN-CGT, enfatizaron la responsabilidad de los empleadores en la persistencia de bolsones de informalidad. “Es muy bueno que se cree un listado donde se escrache a las empresas infractoras”, afirmó Maldonado. La docente fue interrumpida por Tomada, quien negó que se trate de una “lista negra”, aunque destacó la relevancia de “contar con un registro que dé cuenta de quiénes incumplen con la legislación laboral, ya que el 31 por ciento del empleo no registrado se ubica en empresas formales”.

Por su parte, el directivo de la UIA y representante del sector empresario en la OIT Daniel Funes de Rioja consideró que para lograr una mejora en las condiciones laborales es necesario “facilitar la formalización de las pequeñas empresas”. La eliminación de “obstáculos y restricciones para la inscripción” y la reducción de los costos de registración constituyen el eje de las políticas reclamadas por las cámaras patronales a lo largo de los últimos 30 años. El Plan Integral de Combate al Trabajo no Registrado impulsado por el Gobierno contempla la reducción de los “costos laborales” y la simplificación registral para las pequeñas firmas. La reducción de las contribuciones patronales tuvo un rol protagónico en el proceso de precarización y flexibilización laboral. Sin embargo, Tomada y Rial enfatizaron que la baja en las cargas para las firmas pequeñas se llevará adelante “garantizando el acceso de esos trabajadores a todos los derechos laborales, seguridad social y salud”.