La diputada porteña María Rachid, del Frente para la Victoria, denunció ayer penalmente a las autoridades del Hospital Fernández y a las médicas que atendieron a la joven que llegó a la guardia con un aborto en curso y fue denunciada, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, lesiones y tortura” y por “contrariar la ley de violencia contra las mujeres”.

“Hicimos esta denuncia contra las autoridades del Hospital Fernández y las médicas que intervinieron en el caso porque consideramos que a la situación ya traumática de un aborto se le sumaron la violencia institucional y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, señaló la legisladora. Rachid presentó el martes un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que “explique si tiene algún protocolo para intervenir en estos casos y si hay alguna indicación de denunciar penalmente abortos en curso”.

El 29 de junio, una mujer de 28 años concurrió al hospital con un aborto en curso. Luego de constatar que el feto estaba muerto, las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich le practicaron una inducción al parto para que lo expulsara. Pero frente a la presunción de que ella misma se había provocado la interrupción del embarazo, con pastillas, a la mañana siguiente, cuando empezó su turno laboral Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía, según surge del expediente judicial. Tras ser alertada del caso, desde la comisaría 53ª se envió un móvil al hospital. Buffa dio de alta a la mujer para que fuera trasladada a la sede policial. Todavía no habían transcurrido 24 horas desde la intervención médica que provocara el parto. La mujer contó a la defensora pública que la asistió que las médicas que la atendieron le hicieron comentarios condenatorios, culpabilizándola por lo sucedido y que le habrían indicado una dosis menor de medicación para el manejo del dolor, para que “sienta lo que hizo”, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la dosis completa.