La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó su informe anual sobre la situación de las personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos bonaerenses, con alarmantes resultados. El diagnóstico es que se vive un “hacinamiento crítico”, con 28.297 detenidos en cárceles, de los cuales 15.093 están con prisión preventiva y 8800 condenados, aunque sólo 929 tienen sentencia firme. Además, según la Comisión, “la tortura es una práctica sistemática”, con el 57 por ciento de los jóvenes detenidos golpeados; “las condiciones de detención son inhumanas: hay corrupción estructural y un sistema judicial que no ve y no investiga”.

Por otro lado, según el informe 2012-2013 titulado “El sistema de la crueldad VIII”, hay personas detenidas en 162 comisarías, 400 jóvenes en catorce centros cerrados, recepción y alcaidías, y tres mil personas alojadas en hospitales monovalentes. En 2012 se presentaron 3924 acciones de urgencia, en las que se denunciaron 13.602 casos de agravamiento de las condiciones de detención.

Con respecto a las cárceles de la provincia, el relevamiento toma como fuente datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y afirma que hay 28.297 detenidos, de los cuales 15.093 están con prisión preventiva y 8800 condenados, aunque sólo 929 tienen sentencia firme.

Las muertes en cárceles ascendieron a 123, de las cuales 77 fueron muertes no traumáticas; 40 muertes traumáticas (el 32 por ciento), incluidos 16 suicidios, y 6 sin especificar. El promedio de edad de las personas detenidas al morir fue de 37,5 años.

La mujeres detenidas, por otro lado, fueron 1431, con 131 chicos que viven con sus madres en la cárcel. En tanto, en promedio, se produjeron 174,4 hechos de represión por mes.

En cuanto a los institutos de menores, los datos fueron resultado de una encuesta realizada entre detenidos en esos lugares: “Situación de los adolescentes en institutos de menores de la Provincia de Buenos Aires. Violencia y Circuitos institucionales de administración del castigo penal minoril”, en colaboración con el GESPyDH, IIGG, FCS, UBA.

De acuerdo con la información recabada, ocho de cada diez jóvenes entrevistados habían pasado alguna vez por una comisaría, el 55 por ciento fue golpeado durante la detención y el 57, después.

En tanto, al 64 por ciento de los jóvenes ningún operador judicial le preguntó absolutamente nada sobre los malos tratos recibidos durante la detención policial y, de los 106 jóvenes entrevistados, el 65 por ciento se encontraba en carácter de “procesado”, mientras que un 30 lo estaba en carácter de “condenado”. Un 40 por ciento de los jóvenes había visto a su defensor sólo una o dos veces y un 5 por ciento no lo había visto nunca desde que se encontraba detenido. Esto significa que el 45 por ciento de los jóvenes entrevistados había tenido escasos o nulos contactos con su defensa.

El 33 por ciento ya había pasado previamente por institutos; el 77 por ciento una sola vez, el seis dos veces y el nueve más de tres veces. Además, seis de cada diez jóvenes estaba detenido a más de 30 kilómetros de sus vínculos familiares y, entre ellos, un 23 por ciento a más de 100 kilómetros de distancia.

Sobre el acceso a la educación, el 83 por ciento de los jóvenes asistía a la escuela, estando el 17 restante por fuera del sistema educativo formal. En un 62 por ciento asistían a la escuela primaria y el 37 por ciento restante, al secundario. La duración de la jornada escolar presentaba una versión precaria para el encierro: el 55 por ciento asistía entre 1 y 2 horas por jornada, el 30 más de 2 y menos de 4 horas, y el 15 restante, entre 4 y 5 horas por jornada.

Asimismo, el 20 por ciento manifestó haber recibido agresiones físicas por parte del personal a cargo de su “cuidado” en los institutos: el 67 por ciento en una ocasión, el 24 en dos y el 9 en tres o más ocasiones.

El informe será formalmente presentado hoy en el Colegio de Abogados de La Plata con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón (presidentes de la CPM), Roberto Cipriano García (funcionario del Procuvin), Rodrigo Pomares (director de Seguridad Democrática de la CPM), Alicia Romero (directora de las Inspecciones de la CPM), Alejandro Slokar (juez de Casación Penal) y Rita Segato (antropóloga, especialista en género).