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El final del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires viene acompañado este año por un nuevo fenómeno: la preocupación de las familias por la falta de vacantes debido a la implementación de un nuevo sistema de inscripción online. Al escenario educativo que viene construyendo el macrismo a base de falta de inversión en infraestructura, subejecuciones y disminuciones presupuestarias, hay que agregarle un sistema de inscripción que dejó afuera a más de 3500 alumnos y un polémico Instituto de Evaluación Docente que no pudo ser.

El mecanismo de inscripción online hace agua por donde se lo mire. Obviamente no resuelve el problema estructural de la falta de vacantes, que debiera atenderse con políticas públicas que apunten a la construcción de nuevos establecimientos escolares. Es, además, violatorio del Reglamento del Sistema Educativo y responde al planteo macrista de considerar la educación como un gasto y no como una inversión a futuro.

Siempre es bueno empezar por el principio. Las inscripciones por Internet fueron concebidas como algo completamente independiente de los Equipos de Conducción de las Escuelas y Supervisores escolares, hecho que va en contra de lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Educativo. Asimismo, la falta de transparencia del sistema le permitió al Ministerio de Educación no tener que dar explicaciones por los miles de alumnos que quedaron sin vacante ni por todos aquellos sometidos arbitrariamente a una mala asignación: entre ellos encontramos familias que no pudieron conseguir la vacante reservada en la escuela elegida, hermanos de alumnos que mantenían regularidad, hijos del personal docente de cada institución e incluso alumnos que pretendían continuar sus estudios en los establecimientos a los que venían asistiendo. Tampoco explicaron por qué uno de los nuevos procesos de inscripción, aquel que obliga a los interesados a elegir cinco establecimientos educativos, desconoce el derecho del alumno a inscribirse en escuelas que se encuentren en un radio de cercanía de su hogar.

Queda claro que la Ciudad desatiende una de las principales responsabilidades indelegables que su propia Constitución le atribuye, la de “asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. Esta desatención no pareciera ser simple negligencia, sino que responde a una decisión política de fomentar el éxodo hacia el sistema de educación privada.

El Instituto de Evaluación Docente, proyecto que no prosperó en el recinto, respeta esta lógica de abandono de la escuela pública por parte de la gestión PRO. Herramienta que pretende acortar el camino que encara el ministro Esteban Bullrich hacia el modelo de educación, existente en Chile, este proyecto no surgió de una discusión entre el ministerio y los actores que conforman la comunidad educativa, sino que nace directamente de una intención del jefe de Gobierno porteño para disciplinar a los docentes. Ambas iniciativas son ineficientes en temas donde el gobierno porteño se jacta de ser innovador: la incorporación de nuevas tecnologías y el rediseño de los procesos en la administración escolar.

Sin embargo, no se trata de oponerse ciegamente a la informatización del proceso de inscripción, pero sí de rediscutir junto con los actores de la comunidad educativa el rol de las instituciones en el tramo final de este proceso, puesto que creemos que nunca debiera haberse perdido la relación directa entre la autoridades de la escuela y las familias que desean inscribir a sus hijos en ella.

* Legisladora porteña del FpV.