En un hecho poco habitual, el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Isidro –que condenó al ex camarista Félix Romeo de Igarzábal por abusar sexualmente de tres de sus nietas cuando eran niñas– alertó al resto de la familia por los riesgos que pueden correr los demás nietos y bisnietos, menores de edad, al concurrir a la mansión de Vicente López donde De Igarzábal cumple la pena de 8 años de prisión con arresto domiciliario, por su avanzada edad. Como las tres jóvenes que tuvieron el coraje de denunciar a su abuelo no recibieron el apoyo del resto de sus tíos y primos, que siguen participando de celebraciones y reuniones en esa casa de la calle Gaspar Campos 468, y “perdonaron” al abusador por los hechos que cometió, el Tribunal incluyó en el fallo una cláusula por la cual hace responsables a los adultos del entorno familiar de “velar” por la “integridad y protección” de “aquellos infantes”, con “la mención de evitarse que niñas y niños permanezcan en única compañía de los moradores del inmueble en cuestión”. De Igarzábal vive allí con su esposa y abuela de las jóvenes abusadas.

Tal como informó Página/12 en su edición del domingo, De Igarzábal fue condenado, por unanimidad de los tres integrantes del tribunal, por los delitos de “abuso deshonesto agravado por el vínculo reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso real entre sí” por hechos cometidos posiblemente desde antes de 1999 y hasta enero de 2006, contra las tres nietas, que hoy tienen 20, 24 y 26 años. El veredicto fue dictado el 26 de septiembre de 2012 por los jueces Hernán J. San Martín, Osvaldo Rossi y Federico Ecke, pero recién trascendió a partir de la publicación de este diario. “Cuando salió la condena, yo sentí que rompí cadena. Hasta ese momento sentía que caminaba encadenada”, graficó una de las víctimas.

Cada domingo, cuando recibía a su numerosa familia para el tradicional almuerzo, después de haber ido todos a misa, el abuelo “Veco” –como lo llaman en su familia– aprovechaba para estar a solas con cada una de las tres nietas en alguna habitación, para abusarlas y envolverlas en un oscuro pacto de silencio. “Esto es un secreto entre nosotros dos hasta que me muera”, les decía cada vez que las abusaba. De lunes a viernes, hasta hacía algunos años ocupaba uno de los despachos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, custodiado por un crucifijo. De Igarzábal es ultra católico e integrante de una conocida y acaudalada familia judicial de San Isidro. Tiene 10 hijos y cada uno de ellos una prole de entre 6 y 10 hijos. De hecho, el mayor de los hijos del ex camarista, Félix G. de Igarzábal, es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 85 de la Capital Federal. Exponente del pensamiento clerical y antiderechos, este magistrado –a comienzos de marzo de 2010– anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, ante el Consejo de la Magistratura porteño y de la Nación. El hijo mayor de Veco es conocido además en el fuero civil por ser uno de los magistrados que menos medidas cautelares dicta a favor de mujeres víctimas de violencia de género en la pareja. Otro de los tíos de las chicas, Francisco, es secretario en el Nº 106 del mismo fuero, y fue uno de los familiares que pretendió persuadir a las víctimas para que no realizaran la denuncia penal contra el abusador a fin de evitar el escándalo, sobre todo entre quienes llevan el mismo apellido que Veco (ver aparte).

Por su edad –tiene 92 años y ya está jubilado como magistrado–, el abuelo De Igarzábal cumple la pena en la misma casa donde cometió los aberrantes delitos. Por esa razón, en la sentencia dictada en juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 4, se señala: “En la inevitable perspectiva de que el inmueble que se destine a la detención domiciliaria podría coincidir con uno de los epicentros de acaecimiento de las maniobras abusivas, así como también resultar lugar de concurrencia en lo sucesivo de una pluralidad de infantes nietos y bisnietos del condenado correspondientes a un entorno familiar que pudo asumir una posición antagónica al reclamo de las víctimas –así puesto en relieve por las aludidas testigos en sus deposiciones juramentadas–, es que se vislumbra que tal conflictiva condiciona seriamente la adecuada implementación de una eventual restricción de contacto del imputado con esas personas menores de edad”. Y continúa: “Por tanto, en la estricta salvaguarda que debe proveer el compromiso estatal en favor de los derechos de todo ciudadano que ostenta calidad de niño –asumido por cierto en el ámbito territorial (ley 13.298) e internacional (en la Convención sobre los Derechos del Niño)–, es que la prudencia jurisdiccional indica prescindir de la constitución de una presencia permanente de la autoridad de control en el interior del domicilio –en pos de descomprimir el conflicto familiar–, pero poner en conocimiento de este pronunciamiento a quienes ejercen la patria potestad de aquellos infantes y deben velar justamente por su integridad y protección, con la mención de evitarse que niñas y niños permanezcan en única compañía de los moradores del inmueble en cuestión”.

Las tres nietas que lo denunciaron reclaman ahora una indemnización por daño psicológico y moral, en una causa que tramita en el Juzgado Civil Nº 1. La demanda enfrentó a las nietas con el resto de su familia porque temen perder parte de la herencia que esperan recibir cuando De Igarzábal se muera. El abuelo, mientras tanto, se resiste a allanarles el camino con el argumento de que la acción prescribió.