“No podemos permitir un nuevo aniversario sin fecha para este juicio”, había dicho Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al referirse a la demora de la Cámara de Casación en dar inicio al proceso oral y público en que serán juzgados dos ex funcionarios del gobierno de la Alianza, tres ex jefes policiales y una docena de sus subordinados por la masacre del 20 de diciembre de 2001. A doce años de aquella represión que provocó 38 muertos en todo el país, el Tribunal Oral Federal 6 finalmente se dispone a comenzar las audiencias el 24 de febrero para juzgar a los autores intelectuales y materiales de la matanza que ahogó la rebelión popular y marcó en final abrupto de aquella administración. Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios culposos de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Ariel Benedetto, además de 117 lesiones. “Nuestra expectativa no sólo es que haya la máxima condena, sino también que el juicio genere un precedente que garantice el derecho a la protesta social e impida la aplicación del estado de sitio cuando hay críticas a un gobierno, nuestro planteo es que el estado de sitio que fue decretado ese día fue ilegal”, dijo a Página/12 el abogado Rodrigo Borda, del CELS, una de las organizaciones querellantes. El proceso podría durar un año y serán escuchados unos 500 testigos. Aunque no fueron identificados los autores directos de los homicidios, varios policías serán juzgados por haber cometido ese delito en grado de tentativa, porque sí hay evidencia suficiente de la forma en que dispararon munición de plomo contra los manifestantes. El gran ausente será el ex presidente Fernando de la Rúa, porque su situación está en estudio de la Corte Suprema.

“En función de todo lo que hicimos hubo respuesta, tenemos fecha. Hubo que presentar un pronto despacho, hacer un planteo ante la presidencia de Casación, organizar una conferencia de prensa para denunciar que era insostenible esta demora. El juez Rodrigo Giménez Uriburu adujo que tenía que ocuparse de la causa por la tragedia de Once, y Casación le dijo que haga las dos. La consecuencia es que el tribunal no está contento con nosotros, pero prefiero que hagan el juicio enojados a que no lo hagan.”

–¿Qué esperan que suceda durante el juicio?

–Que se desarrolle con normalidad. Está resuelta la prueba y la lista de testigos, agregaron las víctimas que habían dejado afuera, como a María Arena, viuda de Riva; Hebe de Bonafini, que es querellante, y Marta Almirón, entre otros. Pero lo enmendaron a medias porque los errores habían sido groseros y quedaron afuera algunos testigos presenciales. El tribunal hizo un recorte, pero no fue lo preciso y prolijo que el caso ameritaba. Pero es mejor que el juicio se haga con estos problemas antes de que no se haga.

–Jorge Cárdenas, el manifestante que fue herido en las escalinatas del Congreso en la madrugada del 20, murió tiempo después. En principio no lo contaban como un muerto más de esa represión, pero ¿al menos lo consideraron como herido?

–No, porque se hizo un recorte, a partir de la orden dada a las nueve de la mañana del 20 para de-salojar la plaza. El grupo de físicos forenses del Instituto Balseiro, a pedido nuestro, ordenó los videos y las imágenes de ese día en tiempo, y espacio. Fue un trabajo de un año y medio, y muestra la dinámica de la represión, identifica lugares y horarios. Luego de estudiar toda la situación durante tanto tiempo, el perito le puso contenido. A las ocho había un grupo pequeño de personas en la Plaza, golpeando cacerolas y gritando, y la policía estaba del otro lado de las vallas. En un momento la policía cambia de actitud radicalmente y los empieza a atacar, y eso coincide con la llegada de De la Rúa. Queda en evidencia que fue una actuación coordinada, no fueron actitudes individuales ni descontroles particulares, y eso abona nuestra hipótesis de la acusación. El corte es la orden que da Mathov y coincide con lo que dice el perito, antes de que llegue De la Rúa a la Casa Rosada, Santos recibe una llamada que le dice “desalojen la plaza”, y él al acatar la orden dice algo así como “quiero cincuenta detenciones puntuales”. Lo cual no quita que lo sucedido el 19 a la noche siempre fue tomado como un antecedente, es decir, teniendo en cuenta lo que había sucedido esa noche, ni De la Rúa ni Mathov podían confiar que lo del 20 iba a salir bien.

–Pero la Cámara Federal en un fallo mencionó la represión del 19.

–Fue en uno de los primeros, del 26 de junio de 2002, en respuesta a los argumentos de Mathov y De la Rúa que habían sido procesados. Ellos decían que es la policía la que establece cómo se actúa en estas condiciones, nosotros decimos sólo qué queremos, por ejemplo, que desalojen la plaza. Y por eso no nos pueden reprochar por el cómo, y tenemos derecho a confiar en la policía porque la orden era legítima. La Cámara les responde que no tenían derecho a confiar porque había un antecedente que los obligaba a no confiar, que fue la represión del 19 y el 20 a la madrugada.

–¿Cuál es su expectativa cuando llegue el momento de la sentencia?

–Que haya la máxima condena, pero también un fuerte reproche de la Justicia a la forma en que se reprimió, a las razones por las cuales se reprimió, tanto a las autoridades políticas como a las máximas autoridades de la Policía Federal, hay que generar un standard que permita evitar a futuro la repetición de estos hechos. Si de algo debe servir esta causa es para que a nadie más se le ocurra recurrir al estado de sitio, que generó tanta muerte y dolor.