El Gobierno intimó ayer a las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor a resolver de manera inmediata los cortes en el suministro que todavía se registran en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. “Si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa”, advirtió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una conferencia de prensa que brindó por la tarde, luego de reunirse con representantes de ambas compañías. Tanto Edesur como Edenor manifestaron a este diario que reforzaron las cuadrillas y esperan dar respuesta lo antes posible a los hogares y comercios que aún permanecen sin luz.

Capitanich ofreció ayer dos conferencias de prensa en las que hizo referencia a los cortes. Por la mañana temprano, en su habitual encuentro con periodistas en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete comenzó reconociendo que había cometido un error el miércoles al hablar de “cortes programados” y aseguró que había sido correcta la aclaración posterior del ministro de Planificación, Julio De Vido, en la que aseguró que lo que realizan las empresas en algunos casos son “cortes preventivos” cuando la red se encuentra sobreexigida.

La diferencia es clave, pues los cortes programados se aplican cuando la energía no es suficiente para abastecer la demanda, como ocurrió durante la última etapa del gobierno de Raúl Alfonsín, mientras que los cortes preventivos son para evitar que las cámaras de distribución y los cables subterráneos se quemen cuando algunos tramos de las redes se saturan por la mayor demanda, apuntalada en el caso argentino por la incorporación masiva de aires acondicionados en hogares y comercios. En este último caso, el problema no es la escasez de energía disponible. De hecho, Capitanich informó que la reserva del sistema es de 24.940 MW y el último pico de consumo fue de 23.433 MW. El cuello de botella es la falta de inversión en distribución para afrontar esa demanda creciente. Por ese motivo, el jefe de Gabinete dijo que son Edenor y Edesur las que deben dar respuesta a los usuarios y remarcó que el papel del Gobierno es controlar y aplicar sanciones en caso de comprobarse incumplimientos. En ese momento, le preguntaron si el Gobierno estaba evaluando tomar el control de las distribuidoras y Capitanich respondió: “No forma parte de la agenda del Estado nacional propiciar una intervención de esa naturaleza”. Sin embargo, algo cambió en las horas siguientes.

El jefe de Gabinete recibió después del mediodía a representantes de las distribuidoras y luego ofreció una segunda conferencia de prensa donde amenazó con estatizar las firmas en caso de que continuaran los problemas. El mismo mensaje envió el ministro de Planificación, Julio De Vido, desde Brasil: “Así como lo hicimos con Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA e YPF, no nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que correspondan si las empresas Edenor y Edesur no cumplen con la restitución del suministro eléctrico en forma inmediata”, aseguró. La mayor dureza en las declaraciones fue en respuesta a una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ordenó redoblar la presión sobre las distribuidoras para que solucionen los problemas.

Eso no sólo quedó manifestado en la amenaza de estatización, sino también en otra serie de afirmaciones que formuló el jefe de Gabinete durante su segunda conferencia de prensa del día, que ofreció acompañado por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y el vicepresidente del Ente Regulador de la Electricidad, Luis Miguel Barletta. “Manifestamos nuestra enorme preocupación y enojo, porque no es posible que muchos de los usuarios no tengan respuesta a los problemas. A su vez, hemos fustigado claramente lo que observamos como una estrategia de carácter comunicacional, que es transferirle la responsabilidad al gobierno nacional. Los usuarios deben saber que las responsables son Edenor y Edesur”, aseguró Capitanich.

El funcionario insistió después con que el Estado aplicará multas y exigirá que los damnificados reciban un resarcimiento. “Nosotros observamos que ha sido una estrategia deliberada de las empresas no hacerse cargo del problema. Por eso hemos sido muy claros y les pedimos a las compañías que se comuniquen con los vecinos, que atiendan los reclamos y que inviertan. Dicen que van a invertir y que tienen un programa de 4000 millones de pesos por empresa, pero la verdad es que nosotros no queremos que nos digan lo que van a invertir. Queremos que inviertan”, sostuvo el jefe de Gabinete. En ese momento, aclaró que “las tarifas no tienen nada que ver con los problemas, porque el Estado nacional ha establecido un subsidio a la generación de energía eléctrica para garantizar la provisión al usuario”.

En diálogo con Página/12, voceros de las empresas sostuvieron que están trabajando para normalizar el servicio, aunque no precisaron con exactitud la cantidad de hogares que permanecen afectados por los cortes. Edenor informó que “más del 99 por ciento de sus clientes ya tienen luz” y que hay unas mil cuadrillas, integradas por más de tres mil operarios, abocadas a solucionar los problemas que quedan pendientes. Además, detallaron que instalaron 70 grupos electrógenos en los lugares donde los inconvenientes son más difíciles de resolver en el corto plazo. Fuentes de Edesur, por su parte, dijeron que todavía está sin servicio el dos por ciento de sus clientes y que hay 2500 operarios trabajando en el tema. Incluso remarcaron que las oficinas de la empresa permanecerán abiertas los días 24 y 31 de diciembre.

En el Gobierno son conscientes de que en las jornadas de temperaturas extremas es normal que se produzcan algunos cortes. El propio Capitanich mencionó ayer por la mañana que en Estados Unidos, Australia, Brasil, Paraguay, Italia, Canadá e Inglaterra ha habido interrupciones en el servicio durante olas de calor y frío. Sin embargo, el jefe de Gabinete también expresó que en el caso argentino identifica una estrategia empresaria tendiente a eludir responsabilidades transfiriéndoselas al Estado. Si esa supuesta conducta se mantiene, en el Gobierno remarcan que efectivamente avanzarán con la estatización del servicio.