La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que se reabriera la causa judicial por el asesinato del subcomisario de la Policía Bonaerense Jorge Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, quien fue asesinado en 1994, a bordo de un tren, cuando estaba investigando el caso de la llamada “Aduana paralela”. El organismo internacional, al que recurrieron los familiares de la víctima al cerrarse todas las vías para seguir la causa en la Argentina, sostuvo que “las diligencias judiciales no se ajustaron a las garantías del debido proceso” y por esa razón ahora debe continuar el proceso hasta “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar, a los responsables materiales” del homicidio de Gutiérrez. Al mismo tiempo, la CIDH dispuso que el Estado argentino debe indemnizar a los familiares de la víctima en la suma de 75.000 dólares.

El abogado de la familia, Luis Valenga, quien trabajó en la presentación ante la CIDH con el apoyo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró importante la decisión porque se trata de “un caso de cosa juzgada fraudulenta y la Corte dice que acá no se cumplió la ley y no hubo derechos para nadie”. La interpelación ante el organismo internacional se hizo por pedido de la viuda de Gutiérrez, Nilda del Valle Maldonado, los hijos y los dos hermanos del subcomisario, uno de ellos el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, quienes reclaman el esclarecimiento del caso desde hace 19 años.

Gutiérrez fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en la madrugada del 29 de agosto de 1994. Estaba en el vagón de un tren del Ferrocarril Roca, cerca de la estación de Tolosa. La víctima iba vestida con su uniforme policial y se dirigía, desde Sarandí, hasta su domicilio en el partido bonaerense de Quilmes. Según Valenga, cuando iba en el tren, Gutiérrez habría sido abordado por un hombre llamado Francisco Montajo, quien se puso a conversar con él. Al parecer, según lo que sospecha la familia, mientras conversaban se produjo el homicidio. El sospechoso de ser el autor material es el sargento de la Policía Federal Carlos Santillán, quien fue juzgado y absuelto por el crimen. Aunque nunca se estableció de manera fehaciente el móvil, se cree que Gutiérrez había obtenido pruebas de que en los depósitos de la Aduana circulaban armas, drogas y oro. Eso dio lugar, después, a la investigación de la llamada “mafia del oro”.

La absolución de Santillán fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la familia Gutiérrez consideró en su momento, y lo mantiene ahora, que se trató de “un fallo bochornoso”. Valenga consideró que, aunque la absolución de Santillán esté firme, “lo más importante de este fallo es que no tiene en cuenta la salvaguarda que dice que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

El abogado insistió en que ésta es una causa en la cual “aceptar ese concepto de no poder juzgar de nuevo al sospechoso sería consagrar la impunidad en una causa en la que hubo todo tipo de irregularidades y obstrucción por parte de la policía y de la Justicia. Ahora se ordena volver a investigar todo”, confirmó el abogado.

La Corte expresa en el fallo que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, cuando median el “juicio justo” o “las garantías del debido proceso”, pero en este caso las partes –el Estado argentino y la familia– coinciden en que la causa “no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles y que debe investigarse” de nuevo.

En la práctica, esto implicaría que se tendrá que reabrir una nueva causa por Santillán en La Plata, continuar la de Montajo y, eventualmente, posibilitar que ambos sean juzgados “porque están perfectamente individualizados como los autores materiales del crimen”, afirmó Valenga. Para la CIDH este caso reviste una particular gravedad debido a la investigación que llevaba adelante Gutiérrez, a que agentes estatales estuvieron involucrados en el crimen y que ellos mismos obstruyeron la investigación en el caso de la llamada “Aduana paralela”. Por todo lo expuesto, la Corte internacional declaró que el Estado Nacional es “responsable por la violación del derecho a la vida” de Gutiérrez y de los derechos a las garantías judiciales de su familia.

El Estado fue condenado a pagar una indemnización de 75 mil dólares tomando en cuenta los gastos que demandó mantener abierta la causa judicial y el dolor y el sufrimiento padecidos por los familiares por la impunidad. Además, en el plazo de un año, el Estado tendrá que realizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad internacional y ofrecer sus disculpas por esas circunstancias desfavorables para la familia.

El fallo de la CIDH, entre sus argumentos –a los que tuvo acceso Página/12–, cita palabras de la exposición que hizo ante los jueces del tribunal internacional la esposa de Gutiérrez, Nilda del Valle Maldonado: “La muerte de Jorge fue (un) antes y un después para mis hijos y para mí y para toda la familia, creo que fue terrible [...] sigue siendo terrible aun a pesar de casi ya 19 años. Creo que fue un impacto que no se va a poder reparar nunca (...) las veces que golpeamos puertas (...) no hubo una autoridad que no hayamos ido a ver para averiguar qué había pasado con Jorge o qué se estaba haciendo con la causa (...) la causa hubiese estado cerrada si no hubiese sido por la familia, (por) la gran lucha que tuvimos que poner en todo”.