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La inflación ha sido la forma con que históricamente se procesó en Argentina los conflictos distributivos. Es un marco imprescindible para saber que la principal fuente de tensión inflacionaria se encuentra en la denominada puja distributiva. Esto implica que la disputa entre el salario y la tasa de ganancia empresaria es el factor central que impulsa la suba de precios. Es la manifestación de la pelea sobre cómo se reparte la riqueza. El dinamismo de ese proceso es más intenso que el verificado en otras economías de la región por las características de los protagonistas locales. Esta interpretación no es compartida por la corriente de difusión económica dominante, pues considera que la expansión del gasto público y de la emisión monetaria son las dos variables responsables de los aumentos de precios. La receta ortodoxa es entonces para todo momento y lugar disminuir la emisión, elevar la tasa de interés, recortar el gasto público, enfriar la demanda y reducir el salario real. Esas medidas fueron implementadas en varias oportunidades en la larga tradición inflacionaria argentina, con el mismo resultado: castigo a la estructura productiva, deterioro de las condiciones sociolaborales e impacto negativo en la equidad, crecimiento económico y generación de empleo.

El gobierno de CFK no comparte el camino analítico de la ortodoxia para entender la inflación, antes con Guillermo Moreno y hoy con Axel Kicillof. Defiende una mirada alternativa al instalado en el sentido común en función de preservar los objetivos económicos que proclama, resumidos por Kicillof en un círculo virtuoso de crecimiento, inclusión social, reindustrialización, más empleo, incremento de la demanda interna, aumentos de salarios y consumo con la consiguiente mejora de la rentabilidad empresaria motivadora de la inversión. El aspecto no explicitado pese a los celebrados resultados que se buscan es que se trata de una estrategia generadora de tensiones inflacionarias debido a que se aplica en una estructura productiva desequilibrada, heterogénea, concentrada y extranjerizada.

En ese escenario económico los acuerdos de precios son una herramienta de la política de ingresos. No son un fin en sí mismo, sino un ingrediente relevante de una estrategia económica destinada a combinar creación de empleo con estabilidad. No son una solución mágica de la inflación. Intervienen para reducir la inercia inflacionaria, reflejada en ajustes por incertidumbre como los verificados en las últimas semanas. Deben estar complementados con una negociación salarial consistente con el horizonte de precios previsto en los acuerdos. Es una de las formas de intervención del Estado en la puja distributiva. De esa forma actúa también en la formación de expectativas al brindar señales a los actores económicos sobre la perspectiva esperada en la variación de precios.

La formalización y exhibición de los protagonistas de un nuevo acuerdo de precios, incluyendo ahora a proveedores, es un avance cualitativo de la gestión económica oficial sobre la experiencia previa. La existencia de una estructura productiva altamente concentrada, donde pocas grandes firmas controlan los precios y las cantidades producidas de una gran variedad de bienes, exige un compromiso escrito para su cumplimiento. El control y administración de precios es uno de los instrumentos para evitar el abuso de empresas con posición dominante en cadenas de producción y comercialización que perjudican a los eslabones más débiles, siendo el último el consumidor-trabajador. El Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria difundió un documento sobre formación de precios donde destaca que en el mercado del pan elaborado una sola firma (Fargo/Bimbo) concentra el 80 por ciento de la producción; las cervezas son producidas en un 82 por ciento por dos empresas (Quilmes el 66 por ciento con sus marcas Palermo, Andes, Norte y Bieckert, y Brahma con el 16 por ciento) y las galletitas son fabricadas en un 78 por ciento por tres empresas (Kraft, Arcor y Danone).

En los últimos años, diferentes acuerdos informales sólo con las grandes cadenas de comercialización derivaron en una elevada dispersión de precios de un mismo producto. El consumidor de ese modo perdió referencia generando un escenario de confusión sobre el nivel de los precios, agudizado por las promociones de descuentos y las permanentes modificaciones del packaging. Un elemento indispensable para instrumentar una política de administración es contar con precios homogéneos en una misma cadena, con pequeñas variaciones por ubicación geográfica por cuestiones de logística y transporte.

Un informe de Economía difundido esta semana y publicado por Página/12 muestra cómo proveedores y supermercados encontraron mecanismos para eludir los acuerdos vigentes. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos –versiones “fortificadas” o añadidos de calcio y vitaminas– con valores con diferencias de más 200 por ciento. La táctica de distracción al consumidor, sometido a un permanente agobio sobre el peligro de desbordes de precios, estuvo concentrada en productos de la canasta básica como yogur, leche, yerbas o lavandina. Proveedores y supermercados pudieron así evadir el compromiso asumido con el anterior secretario de Comercio. Por ejemplo, Rosamonte se comprometió a fijar en 10 pesos el paquete de medio kilo de yerba con palo, pero presentó su versión “Plus”, que cuesta 20,85 pesos. Nobleza Gaucha hizo algo similar a través del lanzamiento de un “envase ecológico”.

Otro documento elaborado en base a información proporcionada de la campaña nacional Mirar para Cuidar detectó otra serie de irregularidades en el cumplimiento del último acuerdo de precios. Además de la exagerada diferencia de precios de un mismo producto en la misma cadena de comercialización, observó desabastecimiento en distintas provincias (Corrientes, Mendoza y Salta). Los inspectores señalaron que en muchos casos las reposiciones se efectuaban al momento de la inspección, o que se remarcaban precios inmediatamente después de que se retiraban del establecimiento. Además se encontraron con situaciones insólitas como personal de los supermercados “disfrazados” de consumidores, encargados de seguirles los pasos. También descubrieron en algunos establecimientos que los precios en la góndola no eran los mismos en los cajeros en el momento de registrar la compra, con una diferencia siempre en contra del consumidor.

Todos esos antecedentes fueron parte de la negociación que mantuvo el nuevo secretario de Comercio, Augusto Costa, con supermercados y proveedores. En el “acuerdo voluntario de precios” que entrará en vigencia el 1º de enero, como lo presentó ayer Kicillof, ambos funcionarios mencionaron que “en este nuevo compromiso de trabajo debe haber responsabilidad sin hacer engaños de marketing o packaging” para garantizar el abastecimiento al precio de venta acordado y en forma homogénea en las diferentes cadenas de comercialización. “Si hay incumplimientos, habrá sanciones”, advirtió Costas en el encuentro público donde participaron los empresarios.

Ante situaciones de “desvíos”, como definió las maniobras denunciadas, se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, se denunciará por abuso de posición dominante, habrá fiscalización a través de la AFIP (Ricardo Echegaray estuvo presente en el acto) para detectar irregularidades en los precios y en los balances de las compañías, y se quitarán beneficios otorgados por el Estado.

Después de la experiencia Moreno, el Gobierno ha elegido ordenar la política de administración de precios. Varios son los determinantes de los precios de la economía como para pensar que la inflación puede ser atendida por una sola persona o enfrentarla exclusivamente con un esquema informal de congelamiento de precios. El objetivo inicial de un acuerdo de precios es evitar la receta recesiva de la ortodoxia para atacar los aumentos, que consiste en limitar la demanda. La política de administración de precios ahora con un acuerdo formal pretende desprenderse del simple voluntarismo político para consolidarse como una efectiva herramienta de la política de ingresos.

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