El Gobierno anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo acuerdo de precios, que regirá durante todo el año próximo para un conjunto de entre 175 y 200 productos de consumo masivo. Si bien no estarán congelados, el Gobierno permitirá subas sólo a partir de causas muy bien justificadas. Para ello habrá un monitoreo trimestral entre las empresas y la Secretaría de Comercio, a cargo de Augusto Costa. La lista de productos con sus precios todavía no fue dada a conocer, porque hay aspectos que siguen en negociación. Los precios serán uniformes en todas las cadenas de supermercados, aunque con diferencias regionales, y el sistema de control pasará por los propios actores de la cadena, la AFIP, los agentes de Comercio Interior y la militancia del Mirar para Cuidar.

El acto de ayer, donde el Gobierno informó acerca del nuevo acuerdo de precios, marca por sí solo un cambio de táctica con respecto a iniciativas similares anteriores. Fue un encuentro televisado, encabezado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, además de Augusto Costa. Participaron en forma activa, incluso con breves discursos de aprobación, los empresarios más importantes de la cadena de valor de los productos de consumo masivo (ver aparte), donde se destacaron Alfredo Coto y Daniel Funes de Rioja, referentes del supermercadismo y de la industria alimentaria, respectivamente. Asumieron entonces un compromiso mucho más visible que hasta ahora.

Pero además, la medida anunciada ayer ya cuenta con un “acta acuerdo” firmada por las grandes cadenas, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), supermercados regionales de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y la Copal como representante de la industria. Luego vendrán compromisos por empresa y una resolución oficial.

La comunicación y la formalidad elegida denotan una institucionalidad novedosa en materia de precios, frente al congelamiento masivo de principios de año y la versión acotada de 500 productos que arrancó en junio, casos donde el Gobierno optó por cerrar los acuerdos de palabra.

Costa señaló que la canasta de productos del acuerdo de precios representa “dos tercios del consumo frecuente de los hogares argentinos”. Incluye artículos de primeras y segundas marcas del sector de almacén (60 productos), bebidas (16), lácteos (27), limpieza (19), perfumería (18), limpieza (19), frutas y verduras (12 tipos) y carne (11 cortes). Serán precios para 100 a 120 variedades, en muchos casos con primeras y segundas marcas, que en total sumarán entre 175 y 200 productos. Por ahora el acuerdo incluye las grandes cadenas y los supermercados regionales, aunque Costa invitó a “sumar nuevos actores, como los supermercados chinos, e incluso a proveedores de servicios que forman parte del gasto frecuente de los hogares argentinos”.

Se trata de la primera medida fuerte tomada en el área de Comercio después de la salida de Guillermo Moreno. Una de las funciones primordiales que el Gobierno pretende que tome este acuerdo es la de “ordenador” de precios. Costa subrayó la importancia de la “homogeneización”, que supone que el mismo producto en cada comercio de las cadenas que participan del acuerdo tenga igual precio.

El acuerdo llega en un momento de tensión en los precios, en primer lugar porque el Gobierno aceleró el ritmo de devaluación del peso, lo que impacta al alza en el costo de los insumos importados y también en aquellos bienes que son exportables, como los bienes primarios. En el mismo sentido juega el aumento en el precio de los combustibles.

El acuerdo permitiría tener un monitoreo pormenorizado de los precios, en una apuesta por mejorar su regulación. “Esto no es ni un congelamiento, ni es congelamiento con control de precios, sino un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales empresarios del sector. Habrá un monitoreo permanente y con un sistema de alerta temprana estaremos avisados cuando haya tensiones, para examinar al alza o a la baja determinados productos”, señaló Kicillof. El ministro aclaró que “cada sector nos va a comentar los cambios en su estructura de costos, de forma de repartir esos cambios a lo largo de la cadena. Va a haber precios que suban y otros que bajan, como pasa en la vida cotidiana”.

Los precios del acuerdo todavía no están cerrados. Ayer por la tarde, después del anuncio, los supermercados volvieron a reunirse con Costa y lo mismo harán el lunes. “Seguimos discutiendo márgenes de rentabilidad y también algunos productos que el Gobierno quiere agregar”, explicó a este diario un supermercadista. “Los precios no están congelados, pero se podrán modificar sólo ante condiciones excepcionales”, advierte. En este esquema, el aumento salarial será tomado más como impulsor de la demanda y de las ventas de las empresas que como factor del costo. El análisis sobre los precios se realizará cada tres meses.

En esta etapa del acuerdo participan 64 empresas proveedoras, que tienen más de 100 marcas que se venden en 1500 bocas de expendio de todo el país. Ese número podría crecer si se incorporan los supermercados chinos, que tienen 10 mil bocas de expendio y atienden a los sectores de menores recursos de la población. Su participación, sin embargo, no está confirmada. Capitanich recordó que se aplicarán sanciones en casos de incumplimiento (ver nota en página 4).