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El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Como todos los derechos establecidos en esta norma que data de 1996, la responsabilidad de la Ciudad debe ser cumplida sin ningún tipo de discriminación.

El 11 de febrero de 2011, una nota de Página/12 informaba: “Tras cuatro años de acción judicial y después de apelar dos fallos en contra, el Gobierno de la Ciudad reconoció la legitimidad del reclamo para proveer vacantes escolares en el nivel inicial a miles de niños y se comprometió a resolver el problema. (...) El gobierno se comprometió a construir nuevas escuelas y aulas para absorber 6385 vacantes y a recalcular todos los años la cantidad de niños que no tienen lugar, para darles una respuesta”. Los cálculos no son demasiado complejos, ya que los censos y la Encuesta Permanente de Hogares brindan exhaustiva información que permite la planificación anticipatoria de la demanda: hace años sabemos que se concentra en la zona sur, donde residen las familias de los sectores más vulnerables y vulnerados de la Ciudad.

Por otra parte, los estudios sobre el presupuesto de la Ciudad para el área de infraestructura escolar señalan una disminución año a año y una importante subejecución. Los datos muestran algunos antecedentes centrales para el “no nuevo” problema de las vacantes: desde 1996, la Ciudad de Buenos Aires debe garantizar educación pública desde los 45 días y el Gobierno de la Ciudad reconoce, desde 2011 y después de una querella iniciada en 2006, que debe absorber la demanda insatisfecha de educación inicial que está ubicada en la zona sur, pero no ejecuta el presupuesto de construcciones escolares.

¿Alguien puede creer que la informatización de las inscripciones dio alguna información “nueva” sobre la falta de vacantes –preexistente– que no estuviese disponible para cualquier funcionario o funcionaria mínimamente profesional?

Un ministro que no recibe a familias preocupadas y angustiadas reconoce que hay miles y miles de chicos y chicas sin vacante, luego ofrece su renuncia. Es el mínimo de dignidad esperable y aceptarla es lo mínimo que debe hacer el jefe de Gobierno. Sin resolución a la vista, se abren otros problemas que pueden profundizar la segmentación social. ¿Optará el Gobierno de la Ciudad por un “pago per cápita” para que los niños y las niñas vayan a escuelas privadas? ¿Habrá un “voucher” para espacios precarios sin supervisión pedagógica? ¿Se multiplicarán los containers? ¿Cuántos días de clase van a perder los chicos y las chicas que no tienen garantizada hoy su vacante? Son preguntas abiertas que sólo muestran qué concepto de “lo público” está promoviendo el macrismo a cargo del Gobierno de la Ciudad, y que tampoco es “nuevo”: una escuela pública que expulsa, que no da respuesta (por más que el mismo ministro de Educación se haya puesto a llamar por teléfono a las familias) o que brinda respuestas privatizantes.

Lo nuevo tal vez sea que se ve con claridad brutal que, a pesar del silencio de los medios hegemónicos, esa no es la escuela pública que los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires masivamente amamos y defendemos. Lo nuevo tal vez sea que circule información sobre lo que no hace el Gobierno de la Ciudad y que hagan oír su voz las diferentes organizaciones sociales (como la universidad y el reciente comunicado de la Carrera de Ciencias de la Educación de nuestra Facultad). Lo nuevo es la organización de las familias y docentes (www.multixvacantes.com.ar) en una multisectorial que, dejando de lado las prácticas individualistas salvajes y recuperando el sentido solidario que parecía perdido, pide soluciones que se hagan cargo de los derechos de la infancia.

Hay algo nuevo entonces, y no es que faltan vacantes en la escuela pública.

* Doctora en Educación. Decana electa de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).