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Malversar fondos públicos es un delito, pero puede ser rápidamente convertido en un acto intrascendente. Y ese tránsito de la indignidad a la frivolidad es llevado de la mano por un discurso que aparenta todo lo contrario, siempre sobreactuado desde intereses económicos o políticos. Si la Justicia entra en ese juego, termina por hacerse cómplice de la frivolización del delito. El juez Claudio Bonadío citó a declarar a cuatro funcionarios acusados de “malversación de fondos públicos”. La cita del juez se convirtió en un festín para los medios opositores que presentaron la información como si estos funcionarios se hubieran apropiado de ese dinero. Es más, como Rodrigo Rodríguez pertenece a la agrupación La Cámpora, hubo quienes titularon que este funcionario era “el primero de La Cámpora en ser convocado por la Justicia” por este delito.

Sobre esa convocatoria del juez se disparó una cascada de malos entendidos. Es el fenómeno provocado a conciencia por esos medios como una forma de falsear la información. En primer lugar, la citación tiene muy poca implicancia judicial, pero mediáticamente es presentada como una declaración de culpabilidad. En segundo lugar, lo que investiga el juez no implica que ninguno de los acusados se haya apropiado de dinero público, pero eso es lo que se da a entender. En tercer lugar, que alguien sea el primero en ser acusado de algo quiere decir que habrá otros.

La noticia cruda es que la oposición macrista denunció una publicidad oficial porque consideró que tenía contenidos partidarios y el juez convocó a los funcionarios que estaban relacionados con el área en el momento en que fue difundida: al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; el vocero presidencial y secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro; a Gustavo Fernández Russo, subsecretario de Comunicación y Contenidos, y a Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación.

La información real es que el juez quiere decidir si el contenido de la publicidad era de interés público o puramente partidario. Pero la información virtual, envenenada, es que los funcionarios metieron la mano en la lata. Se transmite la convocatoria a declarar como si fuera una condena. Y se mete a La Cámpora por la ventana dando por sentado que todos los funcionarios que la integran no tardarán en caer bajo el peso de la Justicia.

La agrupación ha sido acusada de que numerosos de sus miembros ocupan puestos de importancia en la gestión oficial, lo cual es cierto. Ha sido acusada de que sus funcionarios ganan sueldos exorbitantes. No lo son, son los mismos que se cobran en toda la administración pública. Se los acusó de pasar el 15 por ciento de sus sueldos a la agrupación, lo cual también es cierto. Se los ha acusado de muchas cosas que son ciertas, pero no han podido acusar a ninguno de corrupción. Decir que Rodríguez es el primero, aunque se quiera dar la sensación de que entonces habrá segundos y terceros, en realidad está destacando que no hay ninguno de ellos acusado de corrupción. Y en este caso la acusación está llena de pequeñas trampas destinadas a montar una operación mediática.

La denuncia en sí es minúscula, pero la forma en que se desarrolla su tratamiento en los medios y la Justicia resulta demostrativa de un mecanismo de destrucción y difamación sistemático. Sobre todo porque es evidente que el tema de fondo es esencialmente de interés público porque se trataba de un diferendo de jurisdicciones entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), independientemente del signo político que tuvieran esos gobiernos. No se trata de una cuestión partidaria, o sea de propaganda de un partido a su favor, o en contra de otro. El tema es una disputa entre dos jurisdicciones y la Nación difundió una publicidad en defensa de los intereses que representa.

La cuestión resulta más clara todavía porque, finalmente, la problemática se resolvió como planteaba en ese momento el gobierno nacional. El gobierno de la CABA tuvo que ceder y hacerse cargo de la administración de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia es conocida: tras muchos años de reclamos por parte de administraciones anteriores de la CABA y del mismo Mauricio Macri, la Ciudad había firmado un acuerdo con el gobierno nacional para hacerse cargo de los subterráneos. La Ciudad reclamaba que los subterráneos volvieran a su órbita y el gobierno nacional lo aceptó, pero en el medio del traspaso Macri cambió de idea. Su cambio pudo tener razones económicas, políticas o personales, pero lo real es que cambió de posición a contramano de toda la documentación y todos los antecedentes e incluso de su propia palabra.

Esa actitud provocó la prolongación de un paro de trabajadores del subte que afectaba a cientos de miles de pasajeros. Los gremios querían negociar también con el gobierno de la CABA, pero Macri se negaba para no sentar un precedente sobre su responsabilidad. El jefe de Gobierno de la Ciudad tenía el respaldo de los grandes medios de la oposición que presentaban su caso como si fuera una agresión de la Nación, pero lo real era que su negativa a hacerse cargo de la administración de los subtes estaba provocando un daño grave a porteños y bonaerenses que usan ese transporte. En ese contexto se difundió la publicidad del gobierno nacional en Fútbol para Todos. Obviamente era crítica hacia Macri y obviamente tenía una carga política, pero lo que se estaba dirimiendo, el centro de la cuestión, era un conflicto de jurisdicción entre el gobierno nacional y el de la CABA, una cuestión de interés público que, en todo caso, estaba siendo usada de manera partidaria por Macri, que cambiaba de posición según las circunstancias.

En estos últimos años la estrategia del gobierno del PRO ha sido acusar a la Nación por los problemas que surgieran en la Ciudad. Sucedió así con las inundaciones, con los subtes, con el destino de la basura y la limpieza del Riachuelo. Una situación parecida se generó con las personas que habían sido desalojadas por una orden judicial de un galpón que habían ocupado en la Villa 21. La autopista Illia estuvo cortada por este reclamo durante las fiestas de fin de año y durante toda la primera quincena de enero porque Macri se negó a recibirlos. La situación se resolvió también esta vez a partir de una negociación por parte del gobierno nacional.

En todas esas situaciones, el Gobierno de la Ciudad planteó problemas de jurisdicción, de responsabilidad política concreta, y en la mayoría de los casos fueron sólo representaciones para los medios opositores que las amplificaban y dramatizaban. El subte lo tiene la Ciudad, o sea que lo que estaba planteando la Nación en su publicidad era correcto y la negativa de Macri estaba perjudicando a los ciudadanos. Y por supuesto que esa discusión tiene connotaciones políticas porque son inevitables en ese contexto. Para declarar culpables a los funcionarios, el juez Bonadío tendría que devolver los subtes a la Nación.

Los dirigentes del PRO que denunciaron al gobierno nacional por la supuesta utilización del dinero público para hacer propaganda partidaria son parte de una administración que ha sido la más desprolija en ese tema en estos treinta años. El gobierno de Macri pintó con el color amarillo que identificaba al PRO todas las obras, edificios y móviles de la ciudad. En estos treinta años de democracia ningún otro gobierno provincial o nacional protagonizó semejante estafa ideológica, propia de los viejos regímenes conservadores de la Década Infame. Fue tan evidente que más tarde debió cambiar su bandera amarilla por una multicolor donde predomina el amarillo. La estafa es la misma. No hubo confusión: el color y el tono son iguales. Nadie fue preso por esa estafa ni hubo multa a los funcionarios que impusieron esa estafa autoritaria a los vecinos porteños. Si la publicidad por el tema del subterráneo se caratuló como “malversación de fondos públicos”, cubrir con la bandera partidaria al Gobierno de la Ciudad, a sus edificios, móviles y a las obras que se realizan con el dinero de todos los vecinos, incluso de los que no lo votaron, sería algo así como un gran saqueo de los fondos de la Ciudad. La publicidad que se emitió en Fútbol para Todos, al menos, tenía un sentido, en cambio pintar todo de amarillo fue pura propaganda ilegal. Puede decirse en ese contexto que por sus repercusiones, la convocatoria del juez Bonadío tiene más carga política indebida que la publicidad que estaría investigando.