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La escena transcurre en Lima 221, la antigua sede de la Subsecretaría de Trabajo porteña. Es abril de 2010. El coordinador de Higiene y Seguridad, el ingeniero Fernando Cohen, cuenta durante una conversación en su oficina por qué no pudo clausurar un laboratorio al que se le habían comprobado irregularidades durante una inspección. No sabe que lo están filmando con una cámara oculta.

–Ya te expliqué lo que hicimos con lo de Beta. Lo de Beta no se pudo clausurar, fuimos juntos porque no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó. Buscamos una solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Porque no lo íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés de quién era Beta?

–No.

–De Goyo Zidar, el que era directivo de Boca, amigo de Macri. Llamó Macri en ese momento...

El caso de la empresa farmacéutica del ex vicepresidente boquense es apenas un ejemplo de cómo funciona el sistema de controles en la ciudad de Buenos Aires. Se labran actas, se diligencian expedientes y se colocan o no fajas de clausura de acuerdo con los contactos políticos de los sancionados, el amiguismo de los funcionarios y el pago de coimas. Página/12 documenta en esta nota media docena de situaciones en que el Estado porteño falló como garante de las normas de seguridad que deben cumplir las empresas, con consecuencias que perduran en el presente y que incluyen catorce muertes.

Otro depósito inseguro

El incendio de Iron Mountain en Barracas podría repetirse si se toman en cuenta las condiciones en que se encuentra otra de sus sedes. Es un depósito tan antiguo como el que colapsó el 5 de febrero. Su construcción es de 1902. Está ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 2147/45 de La Boca y no tiene identificación alguna que lo vincule con IRM. En su fachada aparece en relieve la inscripción Descours & Cabaud, el nombre de una vieja fábrica de acero de origen francés que se radicó en el país en 1884.

Descascarado, el frente del edificio tiene dos grandes portones cerrados y uno más pequeño por donde sale el personal. Una mirada hecha con detenimiento a la construcción ubicada a la vera del Riachuelo permite comprobar que no posee salida de emergencia y que la toma de agua para bomberos está inutilizable. Desde la mampostería se elevan con nitidez en la parte superior plantas silvestres que denotan la falta de mantenimiento en su estructura.

IRM, además de su sede central de Parque Patricios –la más nueva, de 20 mil metros cuadrados–, completa su red de grandes depósitos con uno que se encuentra en Saraza 6135 de Villa Lugano. Su estado actual es ruinoso. Ya había sido clausurado el 17 de mayo de 2007 por el ministro de Ambiente de esa época, Juan Manuel Velasco. La resolución que firmó decía que la multinacional no contaba “con un plan de contingencia para casos de incendio, firmado por un profesional idóneo”. Además, carecía de “un plan de gestión de residuos sólidos”, como “señales sonoras y/o visuales para el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento”.

Del laboratorio a Boca

Gregorio Zidar fue uno de los vicepresidentes de Boca durante dos de los tres períodos consecutivos en que Mauricio Macri condujo los destinos del club. Dirigió las divisiones inferiores y también intervino en los pases de jugadores profesionales. Renunció al cargo en junio de 2005. En cambio, todavía comparte la conducción de la agrupación interna Dale Boca, junto a Daniel Angelici, el actual presidente de la institución, y el jefe de Gobierno.

El empresario y su laboratorio Beta no tienen buena reputación entre los visitadores médicos. En febrero de 2009, Ricardo Peidró, secretario general del gremio AAPM, se movilizaba contra las prácticas antisindicales de la empresa. Denunciaba que lo hacía para “decirle basta a Gregorio Zidar, que cree ser un señor feudal que atenta contra los trabajadores”. En julio de 2012 volvía a pararse frente a las puertas de Beta, en la avenida San Juan 2266, porque pagaba “los salarios fuera de término y con la modalidad de cuotas”.

Beta, según su página oficial, “ostenta con orgullo ser el único productor de insulina y de sistemas de administración transdermal del país”. Con dos plantas más en La Rioja y Santa Fe, el laboratorio no pudo ser clausurado por la Subsecretaría de Trabajo en 2010 porque, según el ingeniero Cohen, Macri llamó para interceder por su amigo Goyo. El responsable de Seguridad e Higiene, quien todavía cumple esa función en la dependencia laboral, se preguntaba ante la cámara oculta a la que accedió este diario: “A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Yo qué más quiero? ¿Clausurarle a Goyo Zidar, el hincha de Boca? Sería buenísimo. Me cago de la risa. No se pudo”.

Para la misma época, en abril de 2010, otra clausura más que efímera –esta vez concretada– generaba un escándalo. El ministro macrista de Salud, Jorge Lemus, había quedado vinculado con el cierre del lavadero El Lucero. Acusado de avalar la licitación para tercerizar el lavado de ropa de cama en 16 hospitales porteños, fue interpelado en la Legislatura. La Subsecretaría de Trabajo había cerrado la empresa de Juan B. Justo 4775 por cometer 29 infracciones. Se verificaron “graves incumplimientos a las normas de higiene y seguridad”, decía la resolución firmada por el director de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez.

El Lucero pidió que le quitaran las fajas de clausura y al día siguiente se le levantó la medida, a pesar de que no había cumplido con la mayoría de los 29 puntos que se le cuestionaban de su funcionamiento. Entre otros, la falta de adecuación de las condiciones de trabajo de los empleados expuestos a riesgo biológico y la ausencia de una barrera sanitaria que aislara la parte con ropa contaminada y que pudiera tener residuos patogénicos. “Alguien lo está encubriendo. Hay un quilombo bárbaro con este hombre. Debe tener otras 70 millones de cosas más, yo qué sé”, decía Cohen en la misma conversación cuando lo sorprendieron con la cámara oculta en su despacho.

“Señor Macri, ayúdenos”

El denunciante anónimo contra un galpón situado en la calle Magariños Cervantes 3844 del barrio de Floresta escribió: “Señor Mauricio Macri, ayúdenos. Seremos eternamente agradecidos si usted nos ayuda a tener un lindo hogar de trabajo”. El texto, que forma parte de un expediente de la Subsecretaría de Trabajo, detalla una serie de violaciones a las normas laborales y de seguridad de la empresa Soifer Hermanos SAIC.

El acta 98253 del 31 de enero de 2011 señala que allí funciona un depósito de bazar y administración. Se lee que “existe un sector con signos de haber sufrido un incendio, donde se observa estructura con desprendimiento de mampostería y evidencia de derrumbe” y que en el sector de incendio había mercadería depositada “sin cintas de peligro para prohibir el ingreso”. Los inspectores detectaron también que “faltaba el camino de ronda, estiba adecuada, había portones contra fuego con el mecanismo deteriorado y montacargas con puertas abiertas...”.

El 4 de febrero de 2011, según consta en el acta 99021, un inspector se aprestaba a clausurar el inmueble por orden de Lilia Alonso, la ex subsecretaria de Trabajo que sería desplazada de su cargo tiempo después porque tenía una denuncia en la Justicia por estafa. Lo apoyaba un patrullero de la comisaría 43ª, pero ni así le permitieron la entrada al depósito. Tuvo que labrar un acta por obstrucción a su tarea. El paisaje que observó en Magariños Cervantes 3844 era semejante al que quedó después del incendio de Iron Mountain. Las fotos sumadas al expediente lo confirman. Instalaciones con los techos destruidos, estructuras metálicas pendiendo de un hilo, paredes derruidas, yuyos al por mayor y una imagen general de desolación.

Entre los inspectores de la subsecretaría se tiene por cierto que el pedido del denunciante anónimo –que termina con tres palabras: “Socorro, ayuda y urgente”– nunca prosperó, porque el depósito de Floresta tendría la venia de un contacto muy influyente en el Sutecba, el gremio de los empleados municipales porteños.

Los derrumbes de Villa Urquiza

La Uocra denunció en dos oportunidades, el 17 de junio de 2010 y el 1º de agosto de 2013, irregularidades en dos obras que terminaron en derrumbes y donde perdieron la vida cuatro personas. Ambos hechos ocurrieron en el barrio de Villa Urquiza. El primero tuvo gran repercusión y fue la caída del gimnasio Orion Gym, el 9 de agosto de 2010. Bajo los escombros quedaron los cuerpos sin vida de tres jóvenes: Maximiliano Salgado, Luis Liu y Guillermo Fede. Además hubo once heridos.

Marta Pujadas, coordinadora del área de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato, firmó la nota enviada a la Dirección General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, donde notificaba las irregularidades de la obra en construcción que lindaba con el gimnasio. Entre las múltiples observaciones que formuló, faltaba “afianzar las partes inestables de la construcción”, “apuntalar los muros medianeros” y no cumplía con “las distancias de seguridad de la zona de demolición”, además de un sinfín de violaciones a otras normativas, como “falta de vías de circulación apropiadas en la obra”, de “equipos de incendio tipo ABC de 10 kilos” y del “uso obligatorio de andamios y arnés” en demolición de altura.

Al día siguiente de la denuncia de la Uocra, un inspector fue enviado a la obra e informó que “se constató un terreno limpio” en el que no había “operarios”. Casi un mes después, el 13 de julio, otro inspector observó lo mismo. Y agregó que la obra estaba cerrada con “candado exterior”.

Veintisiete días más tarde se produjo la tragedia. El subsecretario de Trabajo de ese momento, Raúl Oscar Ríos, un amigo íntimo del jefe de Gobierno, tuvo que renunciar. La misma noche del derrumbe votaba sin pudor alguno en la reunión de Comisión Directiva de Boca contra la renovación del contrato de Juan Román Riquelme. Hoy todavía ocupa el cargo de vocal en el gobierno de Angelici.

El 1º de agosto del año pasado, la Uocra denunció por irregularidades una obra que se levantaba en Triunvirato 2985, a quince cuadras del gimnasio. El 19 de septiembre, cincuenta días después, moría en el lugar Leonardo López, un obrero de la construcción de 25 años. La fecha en que el sindicato presentó su nota, la Subsecretaría de Trabajo porteña, esta vez controlada por Ezequiel Sabor, anunciaba su propósito de desmantelar el cuerpo de inspectores. La medida naufragó por un fallo judicial. Pero la lista de víctimas por el descontrol en la Ciudad siguió ampliándose.

“Se le vino una pared encima”, informó aquella tarde el primo del trabajador paraguayo. El día de su muerte en Villa Urquiza, la denuncia de la Uocra ni siquiera había ingresado al sistema computarizado de la Subsecretaría de Trabajo. Enumeraba, entre varias objeciones, que faltaba “protección contra caídas de personas y objetos”. López, de quien ya casi nadie se acuerda, terminó igual que los diez servidores públicos que intentaron apagar el incendio de Iron Mountain.

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