“Estamos buscando un lugar para hacer una casita para dormir ahí”, dice Brian, que tiene 5 años y va con su hermanita y su mamá hacia la parcela que ya ocupa el padre. La familia de Brian vive en una pieza en la Villa 20, de Villa Lugano, que alquilan a 1200 pesos por mes. La parcela de diez metros por diez es uno de los casilleros en que quedó dividido el terreno de unas ocho hectáreas, que fue tomado el lunes a la noche por unas 300 familias, casi todos vecinos de la Villa 20. Brian nació en ese barrio, lo mismo que Osvaldo Soto, que tenía 30 años y murió ayer a la madrugada, en medio de una discusión entre ocupantes. Por la tarde, un juez convocó a delegados de la toma, que llevaron un petitorio y a funcionarios porteños. El reclamo es el mismo de siempre: la construcción de viviendas o, al menos, un terreno donde construir, una de las grandes deudas de la gestión PRO. No hubo acuerdo y el juez convocó a una nueva audiencia para hoy.

La muerte ocurrió en circunstancias poco claras. Según refieren los ocupantes, Soto intentó prender una fogata en medio de la toma. Otro hombre le dijo que no lo hiciera, hubo una discusión y finalmente le disparó. Al parecer, fueron tres tiros. Después del homicidio, el atacante fugó y hasta anoche no fue identificado.

El terreno está pegado a la villa, como un plato de comida caliente frente a un hambriento. Hace ocho años se había despejado el lugar que estaba plagado de autos judicializados y quedó libre, aunque severamente contaminado con plomo. Una orden judicial obligaba al gobierno porteño a remediar el suelo; una ley sancionada en 2005 (la 1770) ordena destinar ese lugar a la urbanización de la Villa 20. Nada de eso se cumplió, ni siquiera un inicio de obra que demuestre una remota intención de hacer algo. Sólo bastaba que alguien tomara la decisión de avanzar sobre el predio.

“Muchos de los que estamos acá ya estuvimos en el Indoamericano (en diciembre de 2010). Nos hicieron ir de ahí con la promesa de que en seis meses nos iban a dar una solución. Nos dieron un papel firmado y nos hicieron salir como boludos: pasaron tres años y no hicieron ni una vivienda”, se indigna Cintia, en medio de un grupo de mujeres que en la toma discute cómo seguir y hace catarsis frente al cronista. “No vamos a dejar que nos descansen otra vez”, advierte Sebastián, parte del grupo de jóvenes que ocupa la segunda línea.

Las mujeres y los jóvenes se indignan con el Gobierno de la Ciudad, que abandonó esas tierras y, de paso, a ellos mismos. Pero también juntan bronca contra los que promovieron la toma, “que son gente que tiene dos o tres propiedades en la villa, y la alquila, y no son los que realmente necesitan. Ellos se metieron primero y después vinimos nosotros, que somos inquilinos y realmente necesitamos una vivienda”, dice Cecilia, habitante de la villa desde hace 15 años, que alquila un cuarto por 1200 pesos para ella, su esposo y su hija Lizbeth, de 12.

“No queremos subsidios de 20 mil pesos, podemos pagar una casa en cuotas”, afirma Lidia, que alquila dos piezas para ella y sus cinco hijos a 1500 pesos por mes.

Los testimonios revelan las desigualdades dentro de la desigualdad, el aprovechamiento de la necesidad ajena, el abuso. “Allá están pidiendo 1500 o 2000 pesos por una parcela”, agrega Cecilia. Se refiere a esos cuadrados recién ocupados, demarcados con estacas y cintas de plástico, algunas amarillas del Gobierno de la Ciudad. En algunos lotes se levantan carpas de tela; en otros, una chozas cónicas de cañas, autóctonas del predio; en la mayoría, apenas una lona o una chapa para pasar la noche a la intemperie.

El terreno está ubicado sobre la avenida Fernández de la Cruz, pasando Escalada, frente al hipermercado Jumbo. Enfrente hay un complejo de viviendas nuevas y al lado, otro. El terreno tomado está cerrado por una empalizada de chapas y alambrado, y un muro de ladrillos grises lo separa de otro predio que todavía ocupa la Policía Federal. “Aquí iban a construir las Madres de Plaza de Mayo, yo trabajaba en la seguridad del terreno, contratado por las Madres. Pero después se fueron, yo me quedé sin trabajo y la construcción nunca se hizo”, cuenta un hombre de camisa blanca y gorrita azul, como si todavía tuviera el uniforme de la custodia.

Lo cierto es que el predio no tenía vigilancia y estaba librado a su suerte. La toma empezó alrededor de las 19 del lunes y fue detectada por una patrulla de Gendarmería. Efectivos de esa fuerza esperaron en vano una orden judicial para desalojar: ni el fiscal ni la Policía Metropolitana se hicieron presentes en el lugar hasta ayer a la mañana.

“Salimos pacíficamente si nos dan solución de vivienda”, dice una pancarta en el precario acceso a la toma. Esa es la consigna con que fueron nueve delegados de la toma, convocados por el juez Gabriel Vegas, para dialogar con la titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, Marina Kliemenzewicz. En la reunión la única propuesta que recibieron fue la de desalojar el predio con la promesa de una nueva audiencia para hoy al mediodía. El acta que se redactó sólo fue firmada por algunos de los delegados y luego la rechazaron los vecinos que esperaban en el campamento. Igual, hoy concurrirán a la audiencia en el juzgado.

“Lo que está pasando era sumamente previsible y evitable si se hubieran implementado políticas de urbanización para la Villa 20”, dijo a Página/12 Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En el lugar también estaban los ex legisladores Facundo Di Filippo y Rocío Sánchez Andía. El kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra, delegado del barrio Los Piletones, y dirigentes de otras villas, acompañaron al presidente de la junta de Villa 20, Víctor Hugo Núñez, en la conferencia de prensa donde dijo: “Estamos en una situación de abandono. Veníamos avisando que esto iba a suceder, y decimos que puede tener un efecto multiplicador. Ojalá que esto toque el corazón de los funcionarios”. El dirigente pidió que “el jefe de Gobierno nos atienda, necesitamos una solución, una respuesta genuina: la estamos pasando muy mal”.