A las 10.30 de la mañana, tres camiones con acoplado estacionaron en la calle Zuviría, entre Piedrabuena y Montiel, en el barrio Piedrabuena. Cada acoplado transportaba un container angosto y largo, blanco, con alguna ventanita, puerta, una pequeña galería techada en cada extremo. Sobre una de las paredes, un cartel rezaba: “Trabajo argentino 100%”. Un vecino los vio llegar y avisó a otros: al cabo de 20 minutos, unos cincuenta habitantes de Piedrabuena bloqueaban el paso para que los containers no fueran descargados en el descampado donde la Ley 4436, de 2012, indica que el gobierno porteño debería haber construido el Polo Educativo. Poco después, como la resistencia seguía, llegó al lugar el director general de Infraestructura Escolar, Fernando Domínguez. Los vecinos contaron a este diario que, al no poder persuadirlos para que permitieran el ingreso de los containers, intentó amedrentarlos para que firmaran “un acta de seguimiento de obra” para la que –dijo– no hacía falta ni escribano ni abogado ni fiscal porque alcanzaba su cargo de funcionario. Los vecinos dijeron, también, que el “acta” era un papelito de cuaderno manuscrito y que al no lograr persuadirlos tampoco de firmar eso, Domínguez dijo que serían responsables de que en el lugar no hubiera escuela. En la tarde, este diario preguntó por la situación al funcionario Domínguez, quien se negó a responder y abandonó el lugar. Desde el Ministerio de Educación no hicieron declaraciones. Al fin de la tarde, los tres camiones y la grúa que operaría la descarga habían dejado el lugar. Sobre el alambrado de acceso al predio, unos carteles manuscritos ondeaban con la brisa casi de otoño: “Cumplan con la Ley 4436/12”, “En defensa de la escuela pública”, “No a las aulas containers”, “Hay vacante para Antonia Macri, ¿vendrá?”.

El predio sobre el que debería erigirse el Polo Educativo es un gran descampado festoneado por restos de dos galpones –en uno de los cuales funciona el Centro Cultural Piedrabuena–, un espacio que el uso de los chicos del barrio volvió polideportivo, aunque la construcción siga pendiente, la calle Zuviría y el gigante Instituto Nuestra Señora de la Paz, que es una escuela evangélica. A excepción de un sector cementado sobre el que, aparentemente, se iban a depositar los containers, el lugar es un vergel de yuyos altos y escombros. Hacia el fondo, cerca del polideportivo inexistente, entre el pasto crecen columnas metálicas sin ladrillos ni cemento. Hacia el lado de la avenida Piedrabuena, se erige una construcción sin encofrado que iba a ser el edificio para educación inicial; ayer allí no había nadie trabajando, los vecinos aseguraron que ésa es la situación “hace rato”.

Dora, abuela de una niña que este año empieza la escuela primaria, y Elías, cuya sobrina terminó inscripta en un colegio privado de la zona porque el sistema de inscripción online la dejó sin vacante, estuvieron entre los primeros en ver llegar los containers y alertar a los demás. “Acá resistimos”, dice Dora, mate en mano, termo bajo el brazo y Ley 4436/12 impresa en la cartera y ajada de tanto memorizarla. “Un asesor del funcionario que vino temprano me quería convencer de correrme del paso, me decía ‘salga que es peligroso’, pero yo le decía que no, que esos containers no están en la ley, que el artículo 12 dice que tienen que ser cuatro edificios”. “Proponían que firmáramos un acta de seguimiento de obra, Domínguez decía que si dejábamos pasar los containers, podíamos hacer el seguimiento de la obra. Como nos negábamos a firmar y le decíamos que ese papel escrito a mano no tenía valor, nos empezó a faltar el respeto. Decía ‘yo valgo lo mismo o más que un escribano o un abogado, vos qué vas a saber’”, dijo Elías.

Entretanto, Dora alertó sobre lo que sucedía a la Asesoría Tutelar, que actúa en varias causas vinculada con aulas y falta de vacantes, tras lo cual el asesor tutelar Gustavo Moreno concertó una reunión para hoy, a las 10 de la mañana, con el subsecretario de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, en el predio de Piedrabuena y Zuviría.

Según algunos vecinos, los containers que no pudieron descargarse estaban destinados a ser aulas para educación inicial, correspondientes a la Escuela Nº1. Sin embargo, la inscripción no habilitó vacantes para ella.

La ley sancionada en diciembre de 2012, para evitar que el gobierno porteño cediera gratuitamente el predio al Instituto Nuestra Señora de la Paz, indica que en el Polo Educativo debían ejecutarse cuatro obras: “un edificio escolar destinado a la Escuela de Educación Media Nº1”, otro “destinado al Area de la Educación Inicial”, otro para el “Area de Educación Especial” y “un complejo polideportivo recreativo”. Para ello, en 2013 fue asignado un presupuesto de 30 millones de pesos.