Sobre la vereda están alineadas las jaulas y las cajas de cartón. Y adentro, los animales. Entre cachorros domésticos de siameses y labradores se mezclan loros barranqueros, jilgueros hacinados que se estrellan contra los barrotes de las jaulitas, serpientes envasadas en botellas de plástico, dos lagartos overos, un gavilán parado sobre el guante del cuidador y hasta una zarigüeya que manipula un muchacho de campera de cuero como si fuera un prestidigitador. Entre ellos deambula una multitud de curiosos y potenciales compradores. En un instante, el escenario cambia. Es cuando aparece una brigada de la Dirección de Fauna y efectivos de la Policía Federal, que se abalanzan rápido sobre jaulas, cajas, bolsos y mochilas, donde también hay escondidos animalitos. Algunos vendedores logran esquivar el operativo y huyen con la mercadería, como el prestidigitador. El gavilán sobrevuela escena: su cuidador prefirió liberarlo antes de cargar con otra infracción en su legajo.

El episodio ocurrió ayer a la mañana en la avenida Sáenz al 800, en Pompeya. Allí funciona el tradicional Mercado de los Pájaros, una feria habilitada donde se venden canarios y otros pajaritos de cría, cuya venta está autorizada, además de todo artículo necesario para la vida de las mascotas. El operativo no fue allí sino en la periferia, donde los domingos se concentran los vendedores de los bichos más extravagantes, último eslabón de una cadena de tráfico ilegal de animales, la gran mayoría, especies amenazadas o en peligro de extinción; otras, portadoras de enfermedades que pueden ser letales para el incauto comprador.

“Secuestramos un centenar de ejemplares, desde lechucitas vizcacheras hasta loros barranqueros, lagartos overos, jilgueros, cabecitas negras y un halcón”, enumeró Eduardo Alvarez, uno de los inspectores de Fauna que participaron del operativo. Los animales estaban siendo inventariados ahí, sobre la vereda, y de inmediato serían llevados a jaulas especiales en los zoológicos Temaikèn o de Buenos Aires, para su rehabilitación. “El objetivo es devolverlos a su hábitat natural, después de un período de cuarentena”, explicó a Página/12 el director de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Pablo Mesa, quien estuvo al frente del operativo. El organismo depende de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, a cargo de Silvia Révora.

“Zafaron los muchachos, rajaron justo cuando llegaron los de Fauna; estaban atentos, se ve que les habían avisado”, comenta uno de los vendedores de perros a otro colega. Ellos seguían sin problemas en la feria callejera, porque la venta de animales domésticos no constituye infracción. “Lo que perseguimos es el tráfico ilegal de especies que están amenazadas o en peligro de extinción. En su mayoría provienen del Norte argentino o de la Región Pampeana, donde a los colectores, por ejemplo, les pagan un peso por cada jilguero, que aquí después se vende a 20”, explica Mesa. En las jaulas secuestradas también hay cardenales y un singular pepitero de pico dorado, ambas especies vulnerables.

“¿Me devolvés las jaulas aunque sea?”, clama uno de los vendedores a un inspector. Pero no hay caso: las jaulitas van con su contenido al zoológico y ahí son destruidas. No hay detenidos en el procedimiento: los vendedores son el último eslabón de la cadena y la infracción está penada con multas que van de 300 pesos a 500 mil, para el caso de los acopiadores. Tampoco se les inicia causa penal, aunque son infractores a la Ley 22.241, de protección de fauna. Sólo la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) puede iniciar una causa de oficio.

El procedimiento de ayer se realizó a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que inició una actuación por denuncias de varios vecinos, alarmados por el maltrato y las pésimas condiciones en que se encuentran los animales que están a la venta. Página/12 recorrió la feria callejera en la soleada mañana de ayer, antes del procedimiento, y pudo comprobar alguna de esas situaciones, como una perdiz enjaulada con una herida sangrante en su cabeza. Su destino más probable era una cacerola, y para el vendedor eso valía unos 150 pesos. Unas lechucitas de ojos redondos lanzaban gritos de terror cada vez que el puestero abría la cajita donde estaban para mostrarlas al interesado. O los dos pequeños lagartos overos, brillantes e inmóviles en la jaulita hasta que el vendedor, que pide 200 pesos por cabeza, ante una segunda pregunta, abre la jaula y los toma, pero no para mostrarlos: está en alerta, sospecha y se aleja unos metros con los animales. Luego regresará.

A diferencia de los canarios y de los peces de colores, que por lo general nacen en cautiverio, estos animalitos fueron cazados, arrancados de su medio natural y trasladados a una gran ciudad, donde les espera un futuro infeliz. “Hay mucha gente que los compra por lástima, porque ve en la situación en que están. Nosotros les decimos que ésa también es una manera de reproducir la cadena: por cada animal que se vende, hay otro que se saca de su hábitat para reponer”, explica Mesa.

“El objetivo del procedimiento es preventivo, y su difusión apunta a concientizar a los compradores: sin compra, no hay comercio ilegal”, advierte Mesa. Y aclara que los operativos no pueden ser permanentes, porque no es suficiente el lugar para alojar a los animales secuestrados. “Hay que esperar que terminen la cuarentena para que queden las jaulas habilitadas para un nuevo procedimiento.”

Así y todo, aseguran, “en los últimos 20 meses se han recuperado unos 12 mil animales vivos”. La mayoría son pájaros, pero también han secuestrado tortugas, iguanas, boas, yacarés y hasta monos carayá o aulladores, provenientes del Norte argentino, pero también de Bolivia y Paraguay. “Lo que buscamos es un cambio de actitud de la población, que se entienda que la fauna silvestre no es una mascota.”