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Una acordada de la Suprema Corte bonaerense denuncia que 200 menores se encuentran “indebidamente alojados en comisarías” de la provincia y reclama al gobierno bonaerense el traslado a institutos adecuados y especializados. La acordada 3093, del 13 de agosto pasado, sostiene que las derivaciones fueron suspendidas por falta de vacantes. Un vocero gubernamental reconoció a Página/12 que “el alojamiento de menores en comisarías es indebido, pero la Corte ya fue informada sobre la generación de 180 nuevas vacantes en los próximos meses”. La crisis de los menores en comisarías no es nueva, en especial por la inusitada cantidad de casos de torturas denunciadas. En su acordada, la Corte destaca que “las denuncias por hechos de violencia en perjuicio de menores de edad alojados en lugares de detención no han cesado”. Alrededor de 2800 denuncias por torturas, maltratos o apremios ilegales fueron ingresadas en los últimos tres años al Registro organizado por la propia Corte, a razón de casi veinte denuncias semanales. Según el CELS, la cifra de menores detenidos pasó de 100 en mayo de 2002 a los actuales 200.
El 13 de agosto pasado, la Suprema Corte firmó la acordada 3093, por la que transmitía al gobierno bonaerense “su preocupación” por “el número de menores indebidamente alojados en el circuito policial”. En el mismo documento, el tribunal decidió “solicitar su derivación a establecimientos especializados que reúnan los requisitos propios de su finalidad”. En la actualidad, el número de menores detenidos en comisarías bonaerenses es de 201 (156 en comisarías del conurbano y 45 en el interior), 170 de los cuales ya cuentan con mandato judicial para su traslado a institutos. La misma acordada recordó que en julio del año pasado el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Cafiero, se había comprometido a derivar a los menores a institutos dependientes de la Subsecretaría de Minoridad, pero hoy los traslados son rechazados por falta de vacantes.
De algún modo, la acordada desató una polémica. “El gobierno no desconoce el problema de los menores –confió un vocero gubernamental a este diario–. En la misma acordada invitaban a Mariano West (ministro de Desarrollo Humano, de quien depende Minoridad) a reunirse con la Corte. Y West concurrió a esa reunión, realizada el 20 de agosto pasado, en la que dio un panorama de lo que se estaba haciendo.” El panorama presentado, según la misma fuente, consiste en la promesa de 186 nuevas plazas a crearse antes de fines de este año: 56 vacantes en el Instituto Cerrado El Dique, en Preegreso del Aráoz Alfaro I y ampliaciones del Almafuerte. Otras 40 serán creadas en institutos cerrados, por convenios con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; y otras 90 están en ejecución en los centros de contención de Avellaneda, Tres Arroyos, Mar del Plata, además de la readecuación del Nueva Esperanza de Abasto y del centro cerrado de Dolores.
No es la primera vez que el máximo tribunal provincial toma intervención por la situación de los menores detenidos en comisarías del territorio bonaerense. En agosto de 2000, la misma Corte intimó al entonces gobernador Carlos Ruckauf a que “haga cesar las torturas” a chicos y recordó que esos hechos constituían “una problemática recurrente”. Un mes después, el tribunal creaba el Registro de Denuncias por Apremios Ilegales y Maltrato Físico y Psíquico. Precisamente, en la acordada 3093, la Corte reflejó su preocupación ya que la permanencia de los menores en las comisarías se agrava debido a que “las denuncias por hechos de violencia en perjuicio de menores de edad alojados en lugares de detención no han cesado”. Según la base de datos del Registro, desde su creación se han recibido 2800 denuncias por torturas, apremios ilegales y maltratos a menores, lo que indica un promedio de casi 20 denuncias semanales. Este diario informó reiteradamente sobre diferentes casos de torturas y las reiteradas clausuras de comisarías ordenadas por la Justicia.
En octubre de 2001, al asumir como ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Juan José Alvarez aseguró a Página/12 que “en 60 días no habrámás menores detenidos en comisarías del conurbano”. En agosto del año pasado, la promesa fue repetida por el nuevo ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero. Durante una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que “se trata de un retraso inadmisible”. “Yo no quiero un chico más en comisarías”, afirmó.