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El trabajo paciente de los antropólogos forenses en Córdoba permitió concluir, ayer, con la tercera identificación del cuerpo de un desaparecido, exhumado de las fosas comunes del Cementerio San Vicente. Se trata de Horacio Pietragalla, un dirigente montonero asesinado en 1975 por la Triple A. La trama completa una historia paradigmática de lo que hizo el terrorismo de Estado en la Argentina en la década del ‘70: tras el crimen de Pietragalla, las fuerzas de seguridad secuestraron a su mujer, Liliana Corti, y le robaron a un hijo que luego fue entregado a un militar. El joven recobró su identidad hace cuatro meses y ahora vendrá a Córdoba a recuperar los restos de su padre, que dejó de ser un NN. Semanas atrás habían sido identificados los restos de Liliana Barrios y de Mario Osatinsky.
La apertura de las fosas comunes del Cementerio San Vicente dejó al descubierto el horror en las imágenes de los restos a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) está devolviendo su identidad. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano, a cargo de las exhumaciones, dio a conocer ayer el nombre del tercer cuerpo identificado, el de Horacio Miguel Pietragalla, asesinado en el ‘75 por el Comando Libertadores de América. Según la resolución, Pietragalla murió el 8 de noviembre de 1975 por impactos de bala; el mismo día su cuerpo fue trasladado a la comisaría de Malagueño y más tarde a la morgue judicial, donde permaneció hasta abril del año siguiente, cuando fue enterrado clandestinamente junto a otras víctimas.
La identificación del dirigente, que militaba en la Organización Peronista 17 de Octubre, implica un avance en la investigación de las violaciones a los derechos humanos, si se tiene en cuenta que las leyes de impunidad contemplan los delitos acaecidos desde marzo de 1976 en adelante. Esto podría agravar la situación del represor Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ahora detenido por el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón.
Pietragalla estaba casado con Liliana Corti, quien fue secuestrada y asesinada el 5 de agosto de 1976 en la provincia de Buenos Aires. El bebé de ambos, de nombre Horacio, como su padre, fue apropiado por las fuerzas de seguridad y entregado a un teniente coronel residente en Buenos Aires. El militar a su vez se lo dio a su empleada doméstica, que lo crió como propio. El joven, de 27 años, se llama César Sebastián Castillo y conoció su verdadera identidad en mayo pasado, cuando el juez federal Roberto Marquevich confirmó que era hijo de Pietragalla y su esposa. Es el último nieto que encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo y en pocos días va a recibir de manos de la Justicia los restos de su padre.
El 28 de julio pasado la Justicia federal cordobesa había dado a conocer la segunda identificación, la de Liliana Sofía Barrios, asesinada el 7 de abril de 1976 por un grupo de tareas en Córdoba y enterrada el 27 del mismo mes en la fosa común del cuadro C del Cementerio San Vicente, en horas de la noche. “A esa hora llegaron dos ambulancias de un hospital provincial y frente al crematorio descargaron cerca de 40 cadáveres, la mayoría jóvenes y todos desnudos”, relata la resolución judicial, de acuerdo con los testimonios de los mismos empleados del cementerio, que permitieron desandar el accionar genocida del Comando del Tercer Cuerpo. Alberto Bombelli, por entonces el administrador del San Vicente, fue quien dio la orden a los empleados para que realizaran la inhumación clandestina.
En los informes oficiales la muerte de Barrios, quien tenía cuatro meses de embarazo, figuraba como “enfrentamiento con el Ejército”, pero el 22 denoviembre de 1988 Menéndez fue procesado por este asesinato por los camaristas Luis Rueda y Humberto Vidal.
La primera identificación, en los primeros días de julio pasado, había sido la de Mario Osatinsky, un joven de 18 años muerto el 25 de marzo del ‘76 en cercanías de Alta Gracia. Sus restos fueron restituidos a su madre, Sara Solarz, quien padeció la detención ilegal en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El Eaaf trabaja en Córdoba desde diciembre pasado, cuando por orden de la Justicia federal se desenterraron alrededor de cien cadáveres encontrados en las fosas comunes, casi todos con evidencias de muerte violenta, impactos de bala en la cabeza y tórax, y algunos inclusive con las manos o los pies atados. La jueza explicó en sus resoluciones que los antropólogos pudieron recuperar evidencias asociadas a los cuerpos exhumados, entre ellas varias chapitas con número, cuya concordancia con las anotaciones del libro de la morgue judicial dio lugar al inicio del proceso de identificación. Luego, los análisis morfológicos para establecer el sexo de la persona, edad biológica, estatura, el análisis de piezas dentarias y la reconstrucción del historial osteológico permitieron la certeza de las identidades.