Las policías Federal y Bonaerense seguían hasta anoche sin encontrar ni detener a la banda que secuestró a Segundo Tevez, el padre del jugador de la Juventus. Pese a que se dijo, cuando liberaron a Segundo, que la detención era inminente, transcurridas 24 horas sólo se hablaba ayer de que el grupo “es una banda de ladrones de autos, casi seguro de la zona de la villa Carlos Gardel”, en Morón, y que es posible que entre sus integrantes haya alguien que conocía a Segundo. Una esperanza estaba en las huellas levantadas en la camioneta del padre de Tevez, que se cotejarán con un sistema llamado AFIS. Por otra parte, el fiscal Federico Delgado pidió a la procuradora Alejandra Gils Carbó que se elabore un protocolo sobre la cobertura mediática en los casos de secuestros: “La liberación de la víctima, los videos sobre cómo se iniciaron los hechos, las negociaciones y todo ese tipo de contingencias llegaron tarde a la Justicia. Y en los casos de secuestro, esto pone en riesgo a la víctima”.

La camioneta Dodge Journey, que está a nombre de Segundo Tevez, fue encontrada en la noche del lunes en Ciudadela. Mucho más temprano, en El Palomar, se detectó el Volkswagen Passat que usó la banda para cruzar a Segundo y robarle la camioneta. Unos cinco minutos más tarde, cuando vieron el nombre que figuraba en la cédula verde, volvieron a secuestrarlo porque se dieron cuenta de que era de la familia del jugador de fútbol.

Según fuentes judiciales, en uno de los vehículos se encontró “algún rastro que sirve”. En estos casos actúa la División Rastros, que es la que se ocupa de revisar el coche y la camioneta buscando alguna huella digital. La información surgida se compara con los datos de un software conocido como AFIS (sistema automático de identificación dactilar, por sus siglas en inglés) y en el que figuran las huellas de quienes han estado presos o de los que tienen antecedentes en delitos parecidos y renovaron el documento en los últimos tiempos. Antes, las huellas figuraban en fichas, ahora en un programa que hace la comparación automática y no tomando ocho puntos sino el total de 16. “Hay que ver si podemos identificar, a veces los que buscamos no están en el sistema”, advirtieron cerca de la Fiscalía.

Quienes estuvieron cerca del proceso de negociación percibieron el enojo de unos sectores policiales contra otros porque no se pudo detener a la banda enseguida después de que liberaron a Segundo. El área del oeste del Gran Buenos Aires estaba cubierta por numerosos vehículos policiales y hasta un helicóptero, pero lo cierto es que los delincuentes se esfumaron con el botín. Tampoco se la considera una banda muy sofisticada: eran jóvenes y, contra lo que se dice, tres o a lo sumo cuatro.

En el marco del impacto que produjo el secuestro a lo largo del lunes, el fiscal Delgado, que instruyó la causa subrogando a Carlos Stornelli, percibió las asombrosas filtraciones periodísticas. Los videos de los autos, las cifras de la negociación, las llamadas telefónicas, todo se divulgó en los medios pocos minutos después de producirse. Tal vez lo más serio fue la filtración del secuestro mismo: los delincuentes se pusieron muy nerviosos cuando el caso apareció en las pantallas a las 11 del lunes, cuando Segundo seguía en su poder, y ellos circulaban en el Passat de un lado a otro de la General Paz.

Como es obvio, las filtraciones tienen un origen nítido: las fuerzas policiales, aunque muchas veces las filmaciones las proporcionan los funcionarios de los municipios. En cualquier caso, razonablemente, el fiscal Delgado le planteó a la procuradora la necesidad de establecer un protocolo sobre las coberturas mediáticas de sucesos de este estilo. “Los medios se nutren de información relacionada con los asuntos públicos e informan. Perfecto. Es parte del juego de la democracia. Es más, en algunos casos, como los de corrupción, no sólo informan sino que alimentan las causas judiciales. Pero en otros sucesos la cuestión se vuelve más difusa, porque hacer públicos los detalles de un secuestro en desarrollo pone en peligro la vida de las víctimas y muestra materiales que los imputados no deberían ver hasta ser llevados a proceso.” Con su estilo desenfadado, el fiscal Delgado sostiene que el problema es del Estado, desde cuyos ámbitos surgen las filtraciones. “A lo mejor, y ésta es la sugerencia, es tiempo de pensar en un protocolo”, aseguró.

El antecedente más exitoso fue un protocolo y acuerdo que el entonces ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian pactó con los medios de comunicación en tiempos de tomas de rehenes. Arslanian acordó que ningún medio se acercaría a una situación de toma de rehenes ni tendría acceso ni entrevistaría a los captores y se pondrían barreras a varias cuadras del lugar de los hechos. Hoy el protocolo que se requiere es distinto –por ejemplo, debería contemplar no informar sobre un secuestro hasta que la víctima esté en libertad–, pero el obstáculo mayor es que la información, como señala Delgado, sale de adentro del Estado.