En la mañana lluviosa del 7 de septiembre de 2013, las fuerzas de seguridad podrían haber evitado la muerte de Kevin Molina, de 9 años, en la Villa 21-24, conocida popularmente como Zavaleta. Después de un primer tiroteo entre dos grupos de narcotraficantes que se disputaban una casilla deshabitada frente a su casa, ante los llamados desesperados de los vecinos, la Prefectura se hizo presente en el lugar pero no actuó. Según Roxana, la madre del nene, “miraron por arriba y se fueron. Una vecina escuchó que dijeron: ‘Vámonos, que se maten entre ellos’”. Diez minutos después, sin Prefectura en la zona, comenzó un nuevo tiroteo y Kevin recibió un balazo en la cabeza mientras se escondía debajo de una mesa. Otro disparo rozó el brazo de uno de sus hermanos. Mañana se cumple un año del crimen, y sus padres cuentan a Página/12 que sienten un profundo dolor por su ausencia, pero remarcan la indignación que les genera la falta de protección y los maltratos diarios de Prefectura y Gendarmería. También reclaman por justicia en una causa donde hay cinco imputados por homicidio simple, todos supuestos integrantes de las bandas.

“Los hermanos lo extrañan. A uno de mis nenes, de 13 años, lo va a empezar a tratar un psicólogo porque el otro día en el colegio, en una clase de inglés, se puso a llorar delante de toda la clase porque lo extrañaba, algo que no hizo nunca. Tiene un dolor enorme”, señala Roxana, quien, junto a su pareja, Claudio, y sus cinco hijos, todavía vive en la casa donde Kevin perdió la vida.

En esa oportunidad, la vivienda quedó en el medio de un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes que comenzó alrededor de las 6.30, y duró unas tres horas. Mientras una de las bandas gatillaba desde el interior de una casilla ubicada enfrente, la otra lo hacía a unos 50 metros en el pasillo que hace las veces de calle de tierra. En total, se contabilizaron 108 balas durante el tiroteo y se recogieron en el lugar una escopeta, una pistola nueve milímetros, una calibre 32, otra calibre 22 y las vainas de todo el arsenal.

Nacho, padrino de Kevin, asegura que “los integrantes de estas bandas son ajenas al barrio, hay algunos que conocemos pero no viven acá”. “Lo que hay que destacar es que es imposible explicar la convivencia del narcotráfico y de este nivel de violencia en la villa, sin la participación por acción u omisión de las fuerzas de seguridad. Esa dinámica que se da no es por un fenómeno genético, geográfico o étnico. Son las zonas que Gendarmería y Prefectura liberan para que eso suceda. Nadie en este barrio va a aprobar una práctica cotidiana de un vecino que nos pone en riesgo todos los días”, agrega.

Como consecuencia de las irregularidades en el accionar de las fuerzas de seguridad, al mes de que murió Kevin, Villa Zavaleta creó Vecinos sin gorra, un dispositivo barrial y comunitario para controlarlas. Los vecinos construyeron una casilla desde la que algunos, elegidos por consenso, controlan que los uniformados lleven identificación, no maltraten a la gente o hagan allanamientos sin orden de un juez. Asimismo, tienen comunicación directa para realizar las denuncias con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).

Pese a esto, en diciembre de 2013, dos niños, de dos y 13 años, fueron heridos con balas de plomo en el abdomen y en la mandíbula respectivamente. “Nosotros no queremos ni zona liberada ni abuso de autoridad. No nos queremos acostumbrar a que nos maten más pibes del barrio. Lo de Kevin puso un punto final. A partir de que instalamos la casilla y pasó a haber un grupo de gendarmes en la plaza, que en teoría cuidan el espacio, no volvió a haber tiroteos en la zona. Esto es porque está la Gendarmería”, explica el padrino de Kevin.

En la actualidad, hay dos causas abiertas por el caso. Una de ellas investiga la muerte de Kevin y se encuentra cerca de su elevación a juicio. De acuerdo al abogado querellante, Luciano Ortiz Almonacid, cinco imputados, supuestos integrantes de las bandas, se encuentran acusados por homicidio simple.

En otra investigación paralela se analiza si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de miembros de Prefectura y Gendarmería aquel día. En este sentido, Ortiz Almonacid afirma que “gendarmes que declararon por la muerte de Kevin y afirman haber estado de servicio en aquel momento, inexplicablemente no fueron citados a indagatoria. La Justicia no hizo absolutamente nada. La causa está parada”.

A un día de que se cumpla el primer aniversario del crimen de su hijo, a Roxana y Claudio, la muerte de Kevin “les provoca un dolor inmenso”, pero también parece darles fuerza para reclamar al Estado un control más firme sobre las fuerzas de seguridad de la villa. “Acá sólo nos ayudamos los vecinos. Antes, con Kevin, éramos ocho integrantes, pero hoy se cuadruplicó la familia por todos los compañeros del barrio que nos apoyan tanto”, concluyen.

Informe: Gonzalo Olaberría.