Después de un largo peregrinaje de seis años, la familia del adolescente Christopher Damián Torres, asesinado en octubre de 2008, logró que la Justicia produjera la detención del autor del hecho, el teniente primero de la Policía Bonaerense Luis Oscar Ayunta, integrante del grupo de elite Halcón. El agente había sido condenado a doce años de prisión en marzo de 2011 y, con posterioridad, la sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el policía bonaerense seguía en libertad favorecido por la aceptación judicial de distintos planteos formulados por su defensa. La noticia sobre la detención fue difundida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que ahora lleva adelante el pedido de la familia para que Ayunta sea trasladado a una cárcel común, dado que está alojado en la comisaría quinta de Morón, uno de sus últimos destinos y donde trabajan parientes cercanos suyos, lo que hace temer por la posibilidad de una fuga.

El 2 de octubre de 2008, en horas del mediodía, y en una clásica persecución policial del presunto autor del robo de un celular, Ayunta, acompañado por un hermano suyo, salió de cacería a bordo de un automóvil de su propiedad. Es posible que el famoso “instinto policial” lo llevó a deducir que Christopher, que tenía 17 años y estaba con un amigo, era la presa. Los chicos intentaron correr al ver que los hermanos Ayunta estaban armados. Hubo un solo disparo. El adolescente fue herido de bala en el glúteo izquierdo. El proyectil salió por el abdomen y en el recorrido seccionó varias arterias. El chico murió en el lugar, desangrado.

El policía, amparado por la institución, dijo que Christopher le había disparado primero y alegó legítima defensa. La familia de Torres, con el apoyo de Correpi, comenzó un largo recorrido de reclamos, marchas y denuncias, hasta lograr que la causa no fuera archivada como “enfrentamiento”. El policía fue llevado a juicio oral bajo el cargo de homicidio calificado por el uso de armas y por su condición de miembro de la fuerza de seguridad.

El proceso se hizo en marzo de 2011, en el Tribunal Oral Nº 2 de Mercedes. María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, recordó que Ayunta llegó a la audiencia “en libertad y muy tostado, porque venía de trabajar en el Operativo Sol, en la costa, ya que seguía en actividad”, a pesar de la grave denuncia que pesaba en su contra.

El 16 de marzo de ese año fue condenado a doce años de prisión por el delito de homicidio simple. De todos modos, los jueces permitieron que siguiera en libertad. Los jueces María Graciela Larroque, Fernando Bustos Berrondo y Marco Tomás Estanislao Barski tuvieron en cuenta el “buen concepto (de Ayunta que tenían) de sus superiores, evidenciado en que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio”.

Un año y cinco meses después, el 16 de agosto de 2012, el Tribunal de Casación bonaerense confirmó la sentencia de primera instancia, pero Ayunta siguió libre. “Pudo hacerlo, porque su abogada defensora interpuso un recurso ante la Suprema Corte bonaerense; en el juicio, la defensa del policía había dicho que ‘estos chicos (en referencia a Christopher) son enfermos sociales y el teniente Ayunta cumplió con su deber cuando disparó’”, resaltó Verdú.

Pasaron otros dos años, hasta que el 16 de agosto pasado, la Suprema Corte reconfirmó la condena a doce años de cárcel. Después de esa tercera sentencia, Ayunta seguía libre “y la Justicia no hacía nada para ordenar su inmediata detención”, precisó la abogada de Correpi. La familia, a través de sus representantes legales, pidieron que se lo detenga, pero para lograrlo “tuvieron que viajar varias veces de La Plata a Mercedes, llevando copias de la resolución de la Corte a unos y otros, porque parece ser que el correo judicial no funciona”. Finalmente, el Tribunal Oral Nº 2 accedió al pedido, y desde fines del mes pasado Ayunta está detenido, pero “todavía no está en la cárcel, sino que fue alojado en la comisaría quinta de Morón, donde cuenta con apoyo y sostén de sus camaradas, uno de los cuales sería, además, un familiar cercano. Ayunta debe ir a la cárcel cuanto antes, porque tienen que terminarse esos beneficios que ningún preso tiene”, reclamó la abogada María del Carmen Verdú.