La Justicia de Tucumán reafirmó que el gobierno provincial que encabeza José Alperovich tiene la obligación de garantizar el acceso a los abortos no punibles, aunque todavía no haya establecido un protocolo para su atención, tal como exhortó la Corte Suprema en su histórico fallo de marzo de 2013. La resolución judicial, firmada por la fiscal de Instrucción en lo Penal de la 6ª Nominación de la capital provincial, Adriana Reynoso Cuello, despeja dudas frente a los intentos de sectores conservadores de obstaculizar esa práctica en los hospitales locales e infundir miedo a los médicos que están dispuestos a realizarla.

Reynoso Cuello se pronunció al resolver el archivo de una denuncia penal presentada el 22 abril de 2013 por el apoderado del PRO en Tucumán –y ex candidato a concejal–, Arturo Forenza (h), contra profesionales de la salud que días antes habían realizado un aborto no punible en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, a una niña de 11 años que había sido violada por su papá. “El aborto le pertenece a la víctima, no a la moral estatal”, señaló la fiscal, en su resolución. La decisión judicial fue celebrada por organizaciones de mujeres de Tucumán.

“En Tucumán no es usual que el Movimiento de Mujeres pueda celebrar este tipo de decisiones judiciales con enfoque de género. Es verdad que la fiscal Reynoso Cuello resolvió lógicamente y con apego a la ley, pero también es verdad que, pudiendo sólo archivar la causa, hizo mucho más y analizó el trasfondo de resistencias culturales, sociales y políticas que se agazapan detrás del aborto permitido por la ley”, destacó a Página/12 la abogada Soledad Deza, quien apenas se conoció la denuncia del apoderado del PRO, hizo una presentación ante la fiscalía, patrocinando a la ONG La Casa de las Mujeres Norma Nasiff, en la que solicitó su archivo, con el argumento de que los médicos no habían incurrido en ningún delito, dado que el aborto no punible a la niña se había hecho conforme a la ley y al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que fijó los lineamientos para la atención de esos casos.

Tal como informó oportunamente este diario, la denuncia de Forenza (h) quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la 6ª Nominación de Tucumán. En su presentación, el ex candidato a concejal pidió que se investigue el delito de aborto, y si hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de los médicos que asistieron a la niña. El apoderado del PRO es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Tucumán. Y no es la primera vez que se ocupa de intentar limitar un derecho: en 2012 hizo una presentación ante la Corte provincial –que fue rechazada in limine– para frenar el debate en la Legislatura tucumana de la ley que habilitó el voto a partir de los 16 años.

En su resolución judicial de más de veinte páginas, la fiscal aclara que la inexistencia de Guía o Protocolo no obstaculiza el acceso a la práctica médica del aborto no punible; que es deber de los profesionales de la salud realizar ese tipo de procedimientos; que se trata de una intervención legal y que no hay ninguna fundamentación, ni siquiera “el derecho a la vida del feto”, para desconocer “los derechos fundamentales de la mujer embarazada a consecuencia de una violación”, es decir, “la propia vida o integridad psicofísica de quien lleva adelante una gestación que en su formación no quiso y en el futuro no querrá”.

Además, la fiscal aclara que se debe aplicar “automáticamente el fallo F.A.L.”, de la Corte Suprema, y consideró que el hecho de no contar en los hospitales con profesionales de la salud dispuestos a garantizar esas intervenciones “guía hacia la clandestinidad” a las mujeres que las requieren. También afirma que el Estado provincial debe ser garante de esos procedimientos.

Llamativamente, el Estado provincial no se presentó en la causa para respaldar a los médicos que habían realizado el aborto no punible. Ni siquiera desde la propia maternidad se pidió el archivo de la denuncia. Fue el movimiento de mujeres y también la APDH local los que salieron a apoyar a los profesionales, al pedir el archivo de las actuaciones.

En diálogo con este diario, la abogada Deza subrayó que Tucumán “es una provincia difícil para los derechos sexuales y reproductivos, por eso el festejo es mayor”, frente a la resolución de la fiscal Reynoso Cuello. Tucumán, detalló la letrada, es una de las dos provincias del país, junto a Formosa, que no adhirió a la ley Nº 26.573, de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2003. “Es una provincia en la que luego del fallo “F.A.L.” las jerarquías eclesiásticas católicas “llamaron” públicamente –y en todos los diarios– a sus feligreses a la objeción de conciencia; y donde legisladores y legisladoras de la oposición y del oficialismo presentaron proyectos de ley restrictivos para acceder localmente a los abortos no punibles”, agregó. Incluso, la entonces legisladora provincial de la UCR y hoy diputada nacional, Silvia Elías de Pérez, llegó a presentar una acción de amparo para que no se dicte un protocolo para la atención de los abortos legales. Y hace un año, en diciembre de 2013, una niña de 16 años violada tuvo que ser “deportada” al Hospital Argerich, de la Ciudad de Buenos Aires, porque ningún médico en la provincia estaba dispuesto a practicarle la interrupción legal de su embarazo. En Tucumán también se han registrado casos de legrados sin anestesia y de médicos que han denunciado a mujeres que llegan con un aborto en curso, violando el secreto profesional,

En realidad, la práctica del aborto a la niña de 11 años, que derivó en la denuncia del apoderado del PRO, no debió haber trascendido. Pero la intervención se filtró desde la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes –la más importante de la provincia–, donde se llevó a cabo el 10 de abril de 2013, y la noticia fue publicada en el principal diario local, La Gaceta. En el artículo periodístico se consignó hasta el número del quirófano en el que se había practicado. La información sobre la práctica médica, que es confidencial como la de cualquier otra operación a una paciente, generó la reacción del PRO. Como sucedió en 2012 cuando el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri –también del PRO–, informó sobre la inminente realización de un aborto no punible a una víctima de trata que había sido violada en su cautiverio en un prostíbulo y esa información habilitó que una ONG católica presentara un recurso de amparo para frenar la intervención.