SOCIEDAD

Un juez pudo convencer a la chica que se negaba a ser trasplantada

El magistrado actuó por pedido de la madre. El caso despertó un debate sobre si un menor tiene derecho a negarse a un tratamiento. Los expertos coinciden en que no se debió dar intervención a la Justicia sino brindar contención adecuada a la paciente.

 Por Mariana Carbajal

Un juez de Rosario logró convencer a una adolescente de 19 años, con cáncer, de que se someta a un autotrasplante de médula ósea. La joven se rehusaba y su madre, desesperada, había recurrido a los tribunales para obligar judicialmente a su hija a recibir la atención médica sin la cual su salud correría peligro. El caso disparó la polémica: ¿tiene derecho una menor de 21 años a negarse a seguir un tratamiento que podría salvarle la vida? ¿Vale más la decisión de sus padres? ¿Un juez tiene potestad para obligarla a atenderse? Dos expertos en bioética y una psicóloga social que coordina grupos de pacientes oncológicos se sumaron al debate. En principio, los tres coincidieron en que el caso no debió “judicializarse”. “Si un juez pudo convencerla, significa que hubo una falla desde el punto de vista clínico y que la chica no recibió la contención adecuada”, consideró Dora Curcio, auxiliar de psico-oncología, del Hospital Ramos Mejía y la Fundación Apostar a la Vida.
En el caso intervino el juez en lo Civil y Comercial de Rosario Rodolfo Bruch. “El tema está resuelto”, se limitó a informar ayer el magistrado. La operación iba a realizarse hace siete días en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), de Capital Federal, pero la joven –sólo identificada por la letra “T”– se resistió. “Lo único que quiero es salvarle la vida a mi hija; necesito que un juez la obligue a que se opere”, dijo la madre, quien vive en la localidad santafesina de Funes y también pidió que su nombre se mantuviera en reserva. “Mi hija está en un pozo depresivo. Dice que el tratamiento la pone peor, y por eso no quiere seguir adelante”, agregó al hacer la presentación en el juzgado, con el patrocinio de la titular de la Defensoría Nº 5, Ana María Carreras, y sobre la base de que la joven es menor de edad y, por lo tanto, sus padres tienen derecho a ejercer sobre ella la patria potestad.
Sin embargo, especialistas en bioética consultados por Página/12 no compartieron esa posición: “Para el Código Civil, el discernimiento se adquiere a los 14 años. Con lo cual un menor a partir de esa edad tiene plena capacidad para ejercer el derecho a disponer del propio cuerpo”, consideró el abogado del Incucai Ignacio Maglio, aunque aclaró que se debe determinar si no hay elementos de coacción interna, como podría ser un cuadro depresivo, que limitan las condiciones de discernimiento.
En un sentido similar opinó el médico José Alberto Mainetti, presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética: “Una de las primeras conquistas que puede atribuirse a la bioética es el derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico aun cuando pueda provocarle la muerte, siempre que esté en su sano juicio. A los 19 años, si no padece un estado psicopatológico, es competente para tomar esa decisión”. La misma Constitución de la provincia de Santa Fe, en su artículo 19, establece que nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento si no está de acuerdo.
Tanto Curcio como Mainetti y Maglio coincidieron en que el caso no debió llegar a la Justicia. Mainetti aclaró que desde el punto de vista jurídico el caso no tenía viabilidad, es decir, el juez no podría obligarla a someterse al tratamiento. Por esa razón, evaluó que el magistrado “actuó bien, muy prudentemente, como un médico”, al convencerla. Para Maglio, la resistencia de la joven debió haberse abordado de otra forma: “Un equipo interdisciplinario tendría que haber trabajado con ella para discernir el origen de la negativa. Incluso, se debió haber consultado al comité de bioética institucional”. Ante una consulta de este diario, desde la dirección del Instituto del Diagnóstico y Tratamiento –donde está prevista la atención médica de la joven– se informó que no cuenta con un comité de bioética.
Dora Curcio, coordinadora de grupos de pacientes oncológicos, aportó otros elementos al debate. Para ella, seguramente la chica no tuvo una contención adecuada. “Si un juez la pudo convencer, hubo una falla desde el punto de vista clínico. ¿Cómo no pudieron convencerla antes? Hay quever cómo le explicaron en qué consistía el tratamiento. Vemos pacientes a los que el miedo y la angustia por todo lo que no saben, los paraliza y no pueden empezar ni seguir un tratamiento. El acompañamiento psicoterapéutico es fundamental”, apuntó Curcio, quien trabaja en el Hospital Ramos Mejía y la Fundación Apostar a la Vida.
A la joven T., quien cursa primer año en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, se le detectó una forma de cáncer del sistema linfático llamada Mal de Hodgking, el 27 de marzo del año pasado, tras lo cual fue sometida a un tratamiento de quimioterapia. Pero luego se le recomendó realizar el autotrasplante para continuar su atención y se negó. Ayer, se informó que había viajado a Buenos Aires para, finalmente, aceptar el tratamiento.

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“Necesito que un juez la obligue a que se opere, para salvarle la vida”, dijo la madre.
 
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