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Es una de las apuestas políticas más fuertes del juarismo. Ante la inminencia de que el fantasma de la intervención en Santiago del Estero se corporice finalmente en un proyecto del gobierno nacional, la provincia salió a restar argumentos a esa embestida: el terremoto santiagueño incluyó la orden de detención contra algunos pesos pesado del propio juarismo. A sólo cinco días de tomar la conducción de la investigación del doble homicidio de La Dársena, la jueza María del Carmen Bravo libró nueve órdenes de detención –entre otros, contra el primer juez de la causa y un ex jefe de Policía– y dos pedidos de desafuero: contra el diputado Carlos “Pololo” Anauate y el Defensor del Pueblo, Gilberto Perduca. Anoche, la jueza había conseguido cinco de las nueve detenciones. Los cargos van desde asociación ilícita hasta encubrimiento, entre otras imputaciones de alto voltaje. Las órdenes alcanzaron a un empresario de la noche, a dos de sus empleados y Cristina Juárez, la alicaída amiga de Leyla Bshier Nazar. Todo esto ocurre cuando se intensifica la mirada desde la Nación y otros ámbitos sobre las denuncias por violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos en la provincia de los Juárez.
Según las familias de las víctimas, las detenciones no son arbitrarias pero parecen una respuesta política destinada a frenar las amenazas de intervención federal en la provincia. María del Carmen Bravo es la cuarta jueza que tiene la investigación del doble crimen de La Dársena. La magistrada acaba de asumir el mandato hace cinco días, en reemplazo de Arrulfo Hernández, el fiscal general de la provincia que tuvo el caso entre manos durante el último mes. Durante ese tiempo, Hernández se dedicó exclusivamente a la recolección de pruebas en un escenario donde se sucedieron visitas de alto calibre desde la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se interesaron por las indefiniciones de la causa.
En este contexto, la nueva jueza se puso a estudiar la causa, trabajó contra reloj todo el fin de semana y ayer, un día antes de la supuesta sesión en el Congreso Nacional (ver aparte) hizo dos tipos de anuncios explosivos. El primero, la reinstalación del secreto de sumario durante cinco días. El segundo, las detenciones. Los cargos sobre los detenidos o buscados aún no están claros, al menos públicamente: “Van desde la asociación ilícita y otros, hasta el encubrimiento”, aseguró la magistrada ante las cámaras.
A grandes rasgos, los detenidos pertenecen a tres grandes grupos: 1) Los nombres del poder; 2) El mundo de la noche y 3) Los miembros de la fuerza de seguridad y de la Justicia que llevaron adelante las presuntas maniobras de encubrimiento o irregularidades durante la primera etapa de la instrucción.
Los miembros del primer grupo tienen nombre y voltaje político importante:
- Carlos “Pololo” Anauate: es uno de los dirigentes máximos del juarismo, diputado provincial, jefe político de la Juventud Peronista y el hombre que hasta hace unos meses se encargaba del reclutamiento de los bastiones populares para los actos del oficialismo. Su nombre comenzó a escucharse en las calles de Santiago hacia mediados de junio, cuando los familiares de las víctimas lo acusaban de haber formado parte de la supuesta fiesta en la que terminó muerta Leyla Bshier Nazar. Desde ese momento, “Pololo” dejó de gozar de los privilegios del poder: el PJ lo separó del bloque, él se tomó un mes de licencia sin goce de sueldo, mientras sus bastoneros negociaban con Carlos Juárez algún tipo de resurrección política. Ahora, cuando el fantasma de la intervención vuelve a agitarse en la provincia, Pololo quedó sólo, triste e incluido en la lista de posibles próximos detenidos. La jueza María del Carmen Bravo le pidió al Congreso provincial su desafuero “para que quede –dijo– a disposición de la justicia”.
- Gilberto Perduca: es el otro personaje de relevancia política. Es defensor del Pueblo de la capital santiagueña. Los familiares de las víctimas están convencidos de que fue otro de los participantes de la fiesta. La jueza Bravo le pidió al Concejo Deliberante su desafuero para ponerlo, también, “a disposición de la Justicia”, tal como lo explicó ella misma durante la tarde de ayer.
El segundo bloque de imputados incluye a los hombres del mundo Saravah, entre ellos Daniel Mourkarzel, el dueño del boliche donde fue vista Leyla por última vez. Con él quedaron detenidos dos empleados de apellidos Ruiz y Serrano. Todos ellos habían declarado como testigos en la causa, pero en todas las oportunidades negaron que Leyla haya estado el 16 de enero en el boliche. En este momento, la jueza tendría elementos que demostrarían que Leyla sí estuvo ahí y que se habría preparado una coartada para ocultarlo. Las imputaciones contra ellos sería encubrimiento y asociación ilícita.
En este bloque de detenidos hay otro nombre conocido: Cristina Juárez, la amiga de Leyla que pasó decenas de veces por el tribunal de La Banda sospechada de encubrimiento. El fiscal general de Santiago, Arrulfo Hernández, ya había ordenado su detención, la mantuvo presa durante 28 días y después la liberó por “falta de mérito”. Aun así, ahora acaba de ser requerida otra vez. María del Carmen Bravo, la nueva jueza, decidió detenerla e imputarla por supuesto encubrimiento: “¿Por qué la detienen?”, se preguntaba anoche su abogado, Alejandro Gelid, cada vez más sorprendido con las idas y vueltas de su situación. “Que me traigan las nuevas pruebas –exigía–, si Arrulfo Hernández la dejó prácticamente sobreseída ¿por qué vuelven a detenerla?”. Anoche nadie tenía la respuesta, pero fuentes de la fiscalía consultadas por este diario aseguraban que existen nuevos elementos contra la joven Juárez, que se han recogido durante estos últimos días.
El último gran paquete de nuevos imputados incluye al primer juez de la causa, Mario Castillo Solá, y un largo listado de policías. Castillo Solá renunció a su cargo en junio ante la amenaza de un juicio político. Fue el autor del procesamiento de Patricio José Llugdar, anulado por la Cámara Penal de La Banda. La intervención de Castillo Solá en el caso fue denunciada por sus supuestas irregularidades por la comisión del Congreso Nacional que preparó los proyectos de intervención federal sobre el Poder Judicial local. Ahora, la jueza lo incluyó en la lista de sospechados por “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y asociación ilícita”. Castillo Solá aún no está detenido, las últimas versiones indicaban que pasaba una estadía en la provincia de Salta.
Los policías con pedido de detención son José Tomás Lescano, el ex jefe de la policía santiagueña; un instructor de apellido Zonzogni y dos colaboradores llamados Julio Rodríguez y José Leiva. Además, Bravo requirió a la Gendarmería Nacional la captura del comisario mayor Luis Cejas, uno de los primeros investigadores y quien además era el tío de Leyla Bshier. Cada uno ellos formó parte de la primera purga policial ordenada por la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez a comienzos de junio, cuando comenzaban los síntomas de la crisis política en la provincia. Sin embargo, durante estos meses no todos abandonaron la fuerza ni la investigación: Cejas y Lescano siguieron de cerca la causa y estuvieron sospechados por la desaparición de algunas pruebas.
El último buscado es un testigo más reciente. Una persona conocida como “El Gordo Palacios”, que se ha convertido en clave de la defensa. Su testimonio fue recogido a hurtadillas en una cinta que transmitió la semana pasada uno de los programas de más impacto político de la provincia. En ese relato, “El Gordo Palacios” se presenta como testigo directo de la fiesta, como un dealer encargado de la provisión de los “productos”, detalla el nombre de los concurrentes, inscribe a Leyla en ese lugar y también sitúa allí el escenario de su muerte. Este testigo fue citado la semana pasada por el tribunal de La Banda. Frente a ArrulfoHernández reconoció el sonido de la cinta como propio pero aseguró que mientras hablaba estaba “borracho”, que no sabía lo que decía. En ese contexto, la jueza también ordenó su captura.
Anoche, en Santiago todo era un gran caos. Aún nadie sabía cuánto tiempo iban a permanecer tras las rejas los nuevos detenidos. Sin embargo, esta vez existe un dato novedoso: la imputación por asociación ilícita no es excarcelable. Ese detalle no es un dato menor: la jueza buscó una alternativa jurídica para asegurarse de que la medida, esta vez, tuviera largo aliento.