Medianoche de domingo, madrugada de un lunes feriado. Damián Fernández, de 18 años, comparte con amigos unas cervezas y comida que sobró del reciente cumpleaños de su hermana. Están en el barrio 9 de Julio, en San Martín; hay bromas y risas. De repente ven llegar, a una cuadra de distancia, a un auto blanco del que descienden dos chicos que salen corriendo hacia el puente que cruza el zanjón que marca el límite entre el barrio 9 de Julio y su vecino El Libertador. Segundos después llega un móvil del Comando de Patrullas Comunitarias (CPC) de la Policía Bonaerense. Uno de los ocupantes del móvil, un hombre, baja del vehículo con su 9 milímetros marca Bersa en la mano. Mientras su acompañante, una agente femenina, se queda adentro del patrullero, el policía hace “entre siete y nueve disparos (al parecer), sin blanco fijo”, porque los dos pibes que bajaron del auto blanco ya se habían perdido en la noche. Una de las balas policiales –las únicas que hubo, según los testigos civiles– le pega en la cabeza a Damián Fernández, “un nuevo caso de muerte por gatillo fácil”, afirma la abogada Verónica Escobal, en diálogo con Página/12.

La madrugada del lunes 8 de diciembre fue tumultuosa en el barrio 9 de Julio. Los vecinos, indignados, rodearon a los policías del CPC, los insultaron y les arrojaron piedras, a la vez que destruyeron el puente que los conecta con El Libertador. “Los policías, que son los únicos que hablan de un ‘enfrentamiento’ que nunca ocurrió, en lugar de llamar a una ambulancia para que atendiera a Damián, pidieron refuerzos”, cuenta la abogada de la familia de la víctima. Los refuerzos llegaron y siguió la balacera policial. Los vecinos recogieron casquillos de la 9 milímetros con la que hirieron de muerte a Damián y buena parte de los “cuarenta o cuarenta y siete disparos”, más que “disuasivos” porque habrían usado munición de plomo, que partieron de las escopetas 12.70 que utilizaron los uniformados que llegaron “de refuerzo” para hacer retroceder hasta sus casas a los vecinos indignados.

La vigilia por la muerte de Damián duró hasta el amanecer de ese lunes feriado. La titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 1 de San Martín, Alejandra Mercedes Alliaud, se hizo presente en el lugar de los hechos y constató la identidad de los dos policías del CPC: son los sargentos José Israel Andrade, el que hizo los disparos, uno de los cuales mató al chico, y Griselda Verónica Martínez.

La fiscal pidió la inmediata detención de ambos, como responsables del delito de “homicidio agravado” por la condición de policías de sus autores, pero la jueza Elena Gabriela Persichini Marco los dejó en libertad, hasta que los peritajes a cargo de los expertos de Gendarmería Nacional determinen fehacientemente que los casquillos 9 milímetros encontrados en la escena del crimen se corresponden con el arma que llevaba el sargento Andrade. En cuanto a su compañera, los cargos contra ella podrían ser por su pasividad frente a los disparos sin ton ni son de Andrade o por encubrimiento o falso testimonio, ya que los dos dijeron que fue “un tiroteo”, cuando todos los testigos coincidieron en que los disparos sólo partieron de la 9 milímetros del sargento.

Los testigos aseguraron que Andrade utilizó su arma “sin tener un blanco fijo, disparó como una forma de mostrar poder para marcarles la cancha a los pibes del barrio”, cuenta la abogada Escobal. Las actas preliminares del caso se hicieron en la comisaría 5ª de Billinghurst. La abogada Escobal hizo incorporar en la causa a la familia de Damián como particulares damnificados, lo que los habilita a solicitar todas las medidas que consideren importantes como parte querellante.

Damián Fernández, el chico asesinado, es sobrino de Emilio Lugo, titular de la Secretaría de Deportes del Movimiento Evita de San Martín. Cuando ocurrió el hecho estaba en Mar del Plata, participando en la organización de los Juegos Evita, a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Lugo regresó de inmediato para acompañar a sus parientes y pidió la colaboración de los responsables de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

“Vamos a acompañar este caso hasta las últimas consecuencias”, fue la advertencia de Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita. “Si los diez mil policías nuevos de la Bonaerense son formados con esta matriz, estamos lejísimo de resolver el problema de la inseguridad. Los pibes de las barriadas más humildes son permanentemente estigmatizados, y se avala socialmente un clima de guerra contra el delito que deja a nuestros jóvenes completamente vulnerables ante las fuerzas de seguridad y el sistema penal.”

Grosso reconoció, de todos modos, que es “un muy buen signo que la fiscalía se haya hecho presente en el lugar de los hechos y no haya delegado la investigación en la misma policía. Ahora esperamos un procedimiento y un fallo ejemplar. Vamos a luchar para que no haya impunidad, para que nuestros pibes estén seguros. Por eso decimos: ni un pibe menos”. Grosso y el Movimiento Evita, junto con otras entidades sociales y de derechos humanos, organizaron en Buenos Aires la “Marcha de la Gorra”, para denunciar y darles visibilidad a los casos de gatillo fácil policial que vienen ocurriendo tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

La abogada Escobal explica que las armas de los dos policías involucrados fueron secuestradas y están siendo analizadas por los peritos de Gendarmería. “Lo lamentable de este caso es que una vez más la Policía Bonaerense participa en un caso de gatillo fácil y con un móvil del CPC, creado para darle ‘seguridad’ a la población.” El cuerpo fue creado por el actual ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. “Los policías violaron el protocolo de actuación porque uno de ellos disparó entre siete y nueve veces sin ningún motivo, mientras su compañera estaba dentro del móvil blindado y llamando a refuerzos, cuando ellos no corrían ningún riesgo porque los chicos estaban reunidos sin molestar a nadie”, concluye Escobal.