La iniciativa parlamentaria que promueve el desarrollo de la agricultura familiar podría convertirse en ley mañana. Primero, la Comisión de Agricultura del Senado analizará hoy el proyecto y emitirá el dictamen correspondiente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, mantuvieron ayer una reunión con representantes de las organizaciones campesinas y legisladores, en la cual ratificaron que una vez sancionada la norma el Poder Ejecutivo asignará un presupuesto de 1500 millones de pesos para llevar adelante los postulados de la ley. Este acuerdo destrabó los cuestionamientos provenientes de las mismas organizaciones que reclamaban que dicho presupuesto figurase como un artículo específico de la norma. Los funcionarios ya convocaron a una reunión de trabajo para el 5 de enero de 2015 para discutir la implementación de la “reparación histórica de la agricultura familiar”.

“Declárase de interés público la Agricultura Familiar (AF), Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”, puede leerse en el proyecto, que ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados. La norma contempla un capítulo especial que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. También se creará un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva. De convertirse en ley, deberán suspenderse los desalojos por tres años.

Antes de la aprobación en la Cámara baja, las organizaciones campesinas habían acordado con el FpV incorporar un artículo que destinaba 1500 millones de pesos para la implementación de la ley. Sin embargo, a la hora de la votación, dicho artículo fue quitado del proyecto por indicación del Ministerio de Economía. Esto produjo el rechazo de todas las organizaciones, que bajo el lema “sin presupuesto, no hay ley” realizaron una serie de manifestaciones en la puerta del Congreso. Según el oficialismo, si se incluía un presupuesto fijo, recién podría entrar en vigencia con la ley de gastos y recursos de 2016.

Ayer, Capitanich y Casamiquela se comprometieron a asignar los 1500 millones de pesos al momento de la reglamentación de la norma. “Ya nos dijeron que la reunión de trabajo será el 5 de enero. Ahora estamos esperando un encuentro con Capitanich para avanzar en temas de tierra y acceso al agua”, indicó a Página/12 Benigno López, integrante del Frente Nacional Campesino (FNC), que estaba aguardando por el jefe de Gabinete en la Casa de Gobierno.

En el encuentro de ayer estuvieron presentes integrantes de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), el FNC, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Asociación de Mujeres Rurales y la agrupación Grito de Alcorta de la Federación Agraria. También estuvo presente el secretario de la Agricultura familiar, Emilio Pérsico.

La norma crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar. A su vez, será construido un banco de tierras, con un programa de regularización dominial. Las adjudicaciones de parcelas se realizarán en unidades económicas familiares, que deberán definirse según los tipos de explotación, la infraestructura regional, la capacidad productiva de la tierra, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la situación jurídica dominial de cada uno de los agricultores.

También serán impulsadas las ferias locales para acercar al productor con el consumidor y se creará el Centro de Producción de Semillas Nativas (Crprosena), con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas para garantizar “la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos”.