El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó ayer a los integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por el delito de prevaricato, que implica desviar una causa judicial. En concreto, el magistrado acusa a Carlos Gonella, titular de la Procelac, y a su colaborador Omar Orsi por haber demorado la acusación contra el empresario Lázaro Báez y poner el acento en Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Gonella consideró que “el procesamiento es una vergüenza. Los propios secretarios de la fiscalía admiten que nosotros no dimos instrucciones ni orientamos la investigación, cosa que estaba a cargo del fiscal en ese momento, Ramiro González. Es asombroso: el juez ni siquiera lo citó. Es claramente una ofensiva contra nosotros motivada en que a algunos jueces se les termina el negocio”.

El caso que llevó a estos procesamientos se inició con el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, en el que Fariña y Elaskar dijeron que sacaron dinero de Báez al exterior. Hablaron de unos 55 millones de euros. Al día siguiente se desdijeron. De todos modos, se presentaron en Tribunales los denunciantes tradicionales Alejandro Sánchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, Fernando Miguez y Elisa Carrió, quienes no aportaron información sino grabaciones del programa. Sobre esa base, se inició un incidente para saber qué juez era competente, ya que las denuncias se radicaron en diferentes juzgados. Mientras tanto, en la Procelac se iniciaron actuaciones y se les pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central que remitieran datos sobre el caso. En las primeras 24 horas, la UIF envió varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidas a movimiento de dinero de Elaskar y Fariña, entre ellas, por ejemplo los gastos del casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek, de casi dos millones de pesos; la compra de un automóvil Audi y depósitos por cifras no habituales. Esos ROS iniciales no involucraban a Báez. Recién después fueron llegando los informes sobre operaciones del empresario y sus hijos.

Con esa información recogida en las primeras 48 horas, hubo una reunión en la que estuvieron el fiscal a cargo, Ramiro González, quien reemplazaba a Guillermo Marijuán, de licencia; Gonella, Orsi y los secretarios de la fiscalía de Marijuán. Todos ellos –Ida Diz, María Eugenia Zabalegui, Carlos Vasser, Georgina Cachenelensson– declararon en la causa que ni Gonella ni Orsi hablaron de sacar a Báez de la investigación. Que eso nunca se planteó. Y, además, señalaron que quien daba las instrucciones era principalmente González. Pese a ello, el juez Martínez de Giorgi ni siquiera llamó a González como testigo y, en cambio, acusó a Gonella y Orsi.

Dos semanas más tarde, Marijuán volvió de su licencia y amplió el requerimiento de instrucción a Báez y sus hijos, pero ya sobre la base de ROS recogidos por la UIF. “Antes de eso, lo que había era la versión televisiva de Elaskar y Fariña, que encima se desdijeron. Lo que se hizo fue correcto: trabajar sobre elementos objetivos, no mediáticos: los ROS”, explicó Gonella. Cuando Marijuán amplió el requerimiento de instrucción, un grupo de diputados opositores acusó a Gonella y Orsi de haber desviado o demorado la acción de la Justicia: “Fue un reclamo mediático, no tenía ningún asidero. Y ahora el juez se asocia a la movida mediática”, dijo Gonella. “Es asombroso, primero citan a indagatoria a los que investigamos. Y lo hacen antes de citar a indagatoria a los denunciados por lavado de dinero –remarcó Gonella–. Báez todavía no fue llamado, pero el fiscal antilavado fue procesado en tiempo record. Es un caso para el estudio de la antropología jurídica.”

Para Gonella, se trata de una guerra de jueces federales contra los funcionarios designados por la Procuración: “Algunos jueces usan las indagatorias y procesamientos para presionar. El nuevo Código Procesal Penal termina con estas prerrogativas y esto pone nerviosos a esos jueces porque se les termina el negocio. El juez que me procesa sobreseyó en tiempo record a los imputados en el caso Bárcena, en el que denunciamos un multimillonario lavado de activos de ex funcionarios que ya están presos en España. Ahí se ve cómo operan algunos jueces y con qué falta de argumentos nos procesan a nosotros”.