Frank Van Den Bleeken, preso en Bélgica desde hace 26 años por una serie de violaciones, una de las cuales terminó con la muerte de la víctima, tendrá que seguir vivo –y en prisión–, porque finalmente los médicos que lo asisten “decidieron no continuar con el procedimiento de eutanasia”, que el prisionero había solicitado. El anuncio sobre la suspensión, prevista para el próximo domingo, fue realizado ayer por el ministro de Justicia belga, Koen Geens. El detenido, de 52 años, pidió en varias ocasiones poder acceder al beneficio de la ley belga que data de 2002 y autoriza la eutanasia si la persona que lo pide alega “sufrimiento psíquico”. En lugar de la muerte asistida, Van Den Bleeken continuará su vida en cautiverio en un centro psiquiátrico especializado en Gante, en el oeste del país, precisó el ministro de Justicia. Luego de la solicitud de Van Den Bleeken, otros 15 detenidos pidieron lo mismo.

“El objetivo es el de proceder a una observación en vistas a un tratamiento adecuado”, explicó Koen Geens, respecto del traslado a un centro especializado. Durante años, Van Den Bleeken le pidió al Estado que lo ayudara a terminar con su vida. Su abogado, Jos Vander Velpen, aseguró que “su sufrimiento psicológico es insoportable”. El detenido se considera a sí mismo una amenaza para la sociedad y se negó a solicitar la libertad condicional, pero estimó, en una entrevista que otorgó a la prensa belga, que sus condiciones de detención eran “inhumanas”.

La eutanasia está legalizada formalmente sólo en tres países europeos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pero otros autorizan o toleran alguna forma de ayuda a morir, en particular en Suiza, que legalizó el “suicidio asistido”. Bélgica es el segundo país con más eutanasias, detrás de Holanda. En 2013 se registraron 1807 casos.

La eutanasia de Frank Van Den Bleeken iba a llevarse a cabo el próximo domingo. El se considera a sí mismo un violador “sin cura” que constituye “un peligro para la sociedad”. Uno de sus primeros pedidos, antes de la muerte asistida, fue que lo llevaran a un establecimiento psiquiátrico especializado en Holanda. El trámite se había iniciado, pero ante la falta de un acuerdo entre los dos países, la Justicia belga el año pasado terminó negando el traslado.

Al considerar que no le quedaba ninguna otra posibilidad, Van Den Bleeken quiso hacer valer su derecho a la eutanasia en virtud de la ley de 2002, que la autoriza en casos de “sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable”. Tres expertos psiquiátricos dieron su aval a la solicitud, estimando que el preso no tenía esperanzas de mejoría. En esa dirección, un profesional había aceptado ejecutar la eutanasia en el ala médica de la prisión de Brujas, en el noroeste de Bélgica.

El anuncio se había dado a conocer hace diez días y, desde ese momento, la prensa internacional puso el objetivo de sus críticas en la ley que hizo de Bélgica el segundo país, detrás de Holanda, en legalizar la eutanasia. Con anterioridad, la ampliación de esta ley a los menores de edad, sin importar los años, afectados por enfermedades sin cura conocida, había despertado numerosas críticas, sobre todo en el extranjero.

Por mandato de la ley vigente, el gobierno belga no puede ni autorizar ni prohibir una eutanasia porque la decisión recae únicamente sobre el cuerpo médico. Durante la polémica, no se escuchó ningún comentario oficial, hasta que el ministro de Justicia anunció la suspensión. El ministro no dio precisiones sobre los motivos de este giro y se limitó a decir que “las motivaciones personales de esta decisión recaen en el ámbito del secreto médico”.

Fue entonces que el ministro señaló que se había decidido el traslado a “un nuevo centro psiquiátrico” en Gante, una opción que ya había sido rechazada con anterioridad por el detenido. Ante las dudas que se abrieron sobre esa alternativa del nuevo centro psiquiátrico belga, el ministro sostuvo que, luego de recientes contactos con La Haya, se abrió “una clara perspectiva de un traslado rápido hacia un centro especializado en internamientos largos” en Holanda.

El caso sigue reavivando la polémica en Bélgica. Un grupo de asociaciones cercano a la Iglesia Católica reclamó una “revisión sin tardar” de la ley de 2002 para lograr, al menos, un mejor control de su aplicación. Incluso los movimientos que están a favor de la eutanasia denunciaron como una perversión de la ley si se aplicaba en el caso del violador serial. “Sería una especie de pena de muerte disfrazada, perpetrada por la falta de inversiones del Estado” en institutos especializados, según dijo el presidente de la Liga Belga de Derechos Humanos, Alexis Deswaef. “¿Es exagerado afirmar que esta solución acerca peligrosamente nuestra sociedad a la barbarie?”, se preguntó Deswaef.