En Chile, un día después de que la presidenta Michelle Bachelet firmara el proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico, el rector de la Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez, advirtió que ningún médico de la Red de Salud UC tendrá permitido interrumpir embarazos. Con la decisión, adelantó la posibilidad de llevar a la práctica una objeción de conciencia de carácter institucional, algo que el proyecto no contempla y legisladores oficialistas rechazaron. “El Estado tiene derecho a exigir que la ley, en un Estado de Derecho, se cumpla, y eso no excluye a las clínicas privadas o a un hospital público”, afirmó el senador socialista Fulvio Rossi, que preside la Comisión de Salud en la Cámara alta, adonde el proyecto llegaría luego de su paso por Diputados, que comenzará el 3 de marzo, al fin del receso legislativo.

Bachelet firmó el proyecto el sábado, durante una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda. En lugar de respaldar alguna de las iniciativas preexistentes, trabajadas por legisladores de Nueva Mayoría, el partido en el gobierno, Bachelet presentó un proyecto propio del Poder Ejecutivo. “Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, y menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo su vida, o la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual, se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego”, dijo Bachelet al explicar la iniciativa.

El proyecto de ley contempla tres causales de interrupción del embarazo. “La primera causal es aquella en que la mujer está en riesgo vital presente o futuro; la segunda se relaciona con la inviabilidad del feto, y la tercera (es) en caso de una violación, ya que la mujer resultó embarazada en contra de su voluntad y no podemos obligarla si ella no quiere continuar con ese embarazo”, explicitó la presidenta, quien durante su campaña electoral prometió la despenalización a sus votantes. La iniciativa estipula que pueden acceder al aborto las mujeres mayores de 18 años, las adolescentes de entre 14 y 18 años que hayan informado de la situación a sus padres y las menores de 14 con autorización de representante legal o juez de familia. El límite máximo para interrumpir el embarazo es de 12 semanas de gestación, aunque en el caso de las menores de 14 años se extiende hasta las 18 semanas. Actualmente, Chile es uno de los países con legislación más restrictiva del mundo en interrupción del embarazo: el aborto es punible en cualquier caso.

El domingo, el rector de la UC, Sánchez, aseguró que ningún médico de la Red de Salud UC, la red de atención médica privada más grande de Chile y que forma parte de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, realizará abortos. “En la UC no se harán abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un proyecto de ley”, dijo el funcionario.

El proyecto prevé que “el médico podrá abstenerse de interrumpir el embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción cuando la mujer requiera la atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, a la mujer que requiera la intervención”.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aclaró que la objeción de conciencia “es personal” y no institucional. “En la ley que se ha presentado existe la posibilidad de que el médico decida no realizarlo. Pero la obligación es derivar a esa persona a otro lugar”, aseguró.