Con un acto realizado frente a los Tribunales de San Martín fue recordado ayer el cuarto aniversario de la Masacre de La Cárcova, ocurrida el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez, donde la Policía Bonaerense asesinó a Franco Almirón, de 16 años, y a Mauricio Ramos, de 17, e hirió de gravedad a Joaquín Romero, de 19. “El acto lo hicimos en esta sede judicial porque el Tribunal Oral 2, que juzgó a los dos policías acusados por la masacre, es también cómplice del gatillo fácil porque absolvió a uno de ellos por el beneficio de la duda, desoyendo a los testigos, y condenó a sólo siete años al otro policía, sin tener en cuenta ningún agravante”, le dijo a Página/12 el diputado nacional Leonardo Grosso, integrante del Movimiento Evita, que viene acompañando desde el primer momento a los familiares de las víctimas.

El aniversario también fue recordado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que coincidió en la crítica al fallo del Tribunal Oral 2 de San Martín, por haber considerado que “no había elementos suficientes como para condenar al sargento Gustavo Rey, a pesar de que varios testimonios y pericias indicaban lo contrario”. Rey fue acusado por el “doble homicidio agravado” de Almirón y Ramos, mientras que el subinspector Gustavo Vega fue condenado a siete años de prisión por haber herido de gravedad a Romero.

El CELS, que representa a los familiares de las víctimas junto con el abogado Juan Carlos García Dietze, recordó que el fallo fue apelado ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que ahora “tiene la oportunidad y la responsabilidad de rever la decisión judicial y de enviar un mensaje al Poder Ejecutivo provincial, a la Policía Bonaerense y a los jueces sobre la necesidad de prohibir el uso letal de la fuerza en situaciones de conflictividad social”.

La represión policial del 3 de febrero de 2011 se produjo como consecuencia del descarrilamiento, a las dos de la tarde de ese día, de siete de los 32 vagones que tenía una formación del Ferrocarril Mitre que llevaba mercaderías. El hecho ocurrió en el cruce con el canal José León Suárez y los vecinos del barrio De la Cárcova corrieron hacia el lugar para ver lo que había sucedido. Una hora después, la Policía Bonaerense comenzó a disparar, con balas de plomo, como se probó en el juicio, para “dispersar” a los curiosos, asesinando a Almirón y a Ramos, y dejando malherido a Romero.

Los tres jóvenes habían salido de sus casas, en bicicleta, rumbo al cercano predio de la Ceamse, como lo hacen habitualmente –todavía– muchos otros chicos de la zona que van a buscar elementos reciclables para vender y con los pesos que consiguen, ayudar a sus familias.

El acto central de la recordación se hizo ayer a la mañana en los Tribunales de San Martín porque “los jueces del Tribunal Oral 2 volvieron a matar a los pibes”, ratificó el diputado Leonardo Grosso. “Les queremos decir a los jueces que mientras no haya justicia todos los 3 de febrero nos tendrán en la puerta de Tribunales, y cada año seremos más y más, porque esto va más allá de Franco y Mauricio porque esto tiene que ver con muchos pibes que la policía nos mata en las barriadas humildes todos los días”, sostuvo el Movimiento Evita en un comunicado.

En la concentración se hicieron presentes, entre otros, familiares de víctimas de la violencia institucional como Sebastián Bordón, Mariano Witis, Brian Rodríguez, Damián Fernández, de Nahuel Segovia, asesinado el jueves de la semana pasada en el barrio Libertador, en San Martín, y también de tres nuevos casos de “gatillo fácil” ocurridos en el barrio Costa Esperanza de José León Suárez.

Una de las presencias más significativas fue la de Joaquín Romero, el sobreviviente de la Masacre de La Cárcova, quien llevaba en brazos a su hijo Tiziano, y estaba acompañado por Elizabeth Belkys, la madre de Franco Almirón. Cuando declaró en el juicio contra los dos policías imputados por el hecho, Joaquín dijo ante los jueces del Tribunal Oral 2 que todavía sigue escuchando, en sueños, “el ruido metálico de las balas” que disparó ese 3 de febrero la Policía Bonaerense.

El CELS, que también viene acompañando a las familias de las víctimas, además de criticar el fallo, sostuvo que las autoridades del Departamento Judicial de San Martín “deben también profundizar la investigación para dar cuenta de la responsabilidad de los superiores jerárquicos de los policías Vega y Rey, quienes deben rendir cuentas tanto por la planificación y la ejecución de un operativo cuya nota principal fue la violencia y la desorganización, como por el encubrimiento posterior”. Los responsables del operativo fueron el comisario Víctor Hugo Uhalde y los oficiales Amílcar Esteban Pino y Carlos Amado Silva.

Desde ayer, los maceteros de los Tribunales de San Martín llevan inscriptos los nombres de muchos jóvenes víctimas del “gatillo fácil”.