La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y los vecinos de la Asamblea del Parque Lezama denunciaron nuevas irregularidades en torno de las obras de puesta en valor del predio. El parque, además de ser un Monumento Histórico Nacional, es considerado un espacio de valor arqueológico. Luego de la segunda reunión de mediación entre los habitantes y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ambas organizaciones aseguraron que los funcionarios nunca presentaron documentos en los que conste la designación de un especialista en patrimonio, que presente un plan de manejo arqueológico para los trabajos. Además, afirmaron que tampoco hay constancia de que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, organismo competente en el tema, autorizara el comienzo de las obras, durante las cuales se dañaron unas cuantas piezas de valor, irrecuperables. La reunión entre el titular de la comisión, Jaime Sorín, y el subsecretario de Espacios Públicos porteño, Patricio Di Stéfano, se postergó para hoy.

“El Parque Lezama es objeto de investigaciones y excavaciones. Se supone que existen objetos arqueológicos que son de la época de la colonia. Sin embargo, tememos que el gobierno porteño haya procedido al comienzo de las obras sin ningún tipo de autorización del Instituto Nacional de Antropología”, señaló Sorín a Página/12.

Ubicado entre los barrios de San Telmo, Barracas y La Boca, el terreno se encuentra cargado de historia. Algunos historiadores lo reconocen como el lugar donde Pedro de Mendoza realizó la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, en 1536. Después de pasar por manos privadas durante varios siglos, en 1894, la viuda de José Gregorio de Lezama, Angela de Alzaga, vendió el predio a la Comuna con la condición de que se convirtiera en espacio público y llevara el nombre de su esposo.

El famoso arquitecto y paisajista Charles Thays confeccionó el diseño del parque en 1896. Sorín comentó que “la idea de esta puesta en valor era recuperar el espíritu de la obra de Thays, pero lo cierto es que no lo hizo”.

“Se realizó un ensanchamiento de los senderos internos del parque y se utilizaron materiales distintos de los originales. Todos los espacios verdes están partidos, con una clara intención de evitar que se junten grupos de personas a realizar actividades en el pasto”, indicó el titular de la Comisión Nacional de Museos.

En la misma línea, Blas Martínez, uno de los referentes barriales de la Asamblea, explicó a este diario que “se hicieron excavaciones en las que podría haber objetos arqueológicos, se destruyeron caminos de la época de Thays, las máquinas excavadoras dañaron copones y barandas que son del siglo XIX. Se trata no sólo de una ilegalidad, sino también de una enorme negligencia”.

Martínez contó que, durante el segundo encuentro de mediación entre vecinos y funcionarios porteños en la Defensoría del Pueblo, que tuvo lugar el lunes, “nadie presentó documentos que avalen el comienzo de las obras. Además de la ilegalidad de las rejas, tenemos serias dudas de que otras partes de la obra estén aprobadas”.

Según Sorín, sin la autorización del Instituto de Antropología, se estaría violando la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En su artículo 39, la normativa establece que “las personas que realicen por sí, u ordenaren realizar a terceros, tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos y paleontológicos sin solicitar la correspondiente concesión ante la autoridad competente, serán pasibles de multa”.

La ley también advierte: “Si por el grado de deterioro hubiera pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado, el organismo competente deberá denunciar a la Justicia a los infractores, a los efectos de que ésta determine si están incursos en el delito de daño”.

“La obra en general es un de-sorden –consideró Sorín–. No hemos podido identificar al director de obra, tampoco a los inspectores de la Ciudad. Incluso, no logramos localizar 55 farolas que corresponden a las luminarias originales del parque. El gobierno dijo que se las llevaban para arreglar, pero no las encontramos.”

A la espera de la reunión entre la Comisión Nacional de Museos y el subsecretario de Espacios Públicos que se realizará hoy, Martínez es pesimista. “No reclamamos sólo por la oposición a la colocación de las rejas, sino también porque pretendemos que se preserve al Parque Lezama como un lugar arqueológico y de uso. No se puede negociar algo que es ilegal”, reflexionó.